Este martes estaba previsto que arrancara la primera jornada de la cuarta pieza del caso Montecarlo que está juzgando la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas en Arrecife bajo la presidencia del magistrado Miguel Ángel Parramón. Sin embargo, la celebración del juicio se ha suspendido nuevamente. Cuando ya se encontraban en los exteriores de la sala los diferentes acusados, testigos y medios de comunicación, los letrados tanto de la defensa como de la acusación fueron informados de que se producía una suspensión de la jornada debido a una huelga de secretarios judiciales. Otro retraso más en un asunto, como suele ser habitual en la justicia de este país, que se eterniza y que acumula años y años de retraso. En un principio, si no se producen más demoras, está previsto que dé comienzo el próximo 7 de febrero. Durante la atravesada jornada se especuló con la posibilidad de que la reanudación del procedimiento se produjera en Gran Canaria, cuestión que finalmente no se ha ratificado puesto que de ser así supondría un terrible trastorno para los abogados, los acusados y los testigos, algo que ya desde hace años se ha tratado de evitar entre otras cosas creando las magníficas instalaciones de las que disponen en la capital de Lanzarote.
En esta pieza se estudia el abono presuntamente arbitrario de 3,2 millones a la empresa Tunera Producciones, especializada en organización de eventos, por parte del Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2009 y 2012. De esta cantidad, 121.182 euros habrían sido por servicios que no llegaron a realizarse, según se determina en la acusación, algo similar a lo que pasó con la pieza anterior por la que finalmente se absolvió a todos los acusados y a las empresas que se creía que no habían prestado servicios que finalmente se demostró que sí que prestaron.
En el banquillo de los acusados por esta causa se encuentran el ex alcalde de Arrecife José Montelongo, el ex interventor del Ayuntamiento Carlos Sáenz, el administrador de la empresa Eduardo Ferrer, y varios concejales como Víctor San Ginés, Isabel Martinón, Eduardo Lasso o Lorenzo Lemaur. Además, también se encuentran entre los acusados antiguos asesores o trabajadores municipales como José Nieves, Miguel Ángel Leal, Francisco Hernández o Blas Cedrés.
La Asociación Acción Cívica contra la Corrupción ejerce de acusación popular en este caso y el Ayuntamiento de Arrecife como acusación particular. El fiscal solicita seis años de cárcel para el dueño de la empresa y para el interventor, además de cuatro años y nueve de inhabilitación absoluta para José Montelongo.
Para los antiguos ediles Lorenzo Lemaur y Eduardo Lasso y también para los técnicos José Nieves y Miguel Ángel Leal se solician cuatro años y medio de prisión. Para los ex concejales Isabel Martinón y Victor Sanginés se piden tres años. Por su parte el Ayuntamiento de Arrecife coincide en las peticiones de la Fiscalía.
