lunes. 08.08.2022

Sosa demandó también al Cabildo y solicitó que se suspendiera la toma de conocimiento de su expulsión

Juan Manuel Sosa con la presidenta del Cabildo en una imagen de archivo.
Juan Manuel Sosa con la presidenta del Cabildo en una imagen de archivo.

El consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa presentó también en su día una demanda contra el Cabildo de Lanzarote por su expulsión del grupo de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC), según han confirmado a este diario fuentes de la institución. Esta curiosa circunstancia, la de un consejero perteneciente a un Gobierno que va judicialmente contra la institución que dirige, forma parte de uno de los capítulos de la antología del disparate político que se debería escribir en Lanzarote, si es que terminan los episodios insulares.

El polémico consejero, que continúa dando soporte y estabilidad ahora al nuevo pacto entre el Partido Socialista (PSOE) y Podemos, no sólo se dirigió en los tribunales de justicia contra el grupo político con el que se presentó a las elecciones sino que fue también contra la institución por “el acuerdo y toma de conocimiento del Pleno de su condición de no adscrito”, es decir, el momento en el que se elevó el informe del secretario. En este caso, tal y como ha confirmado este lunes el portavoz del PSOE en la institución, Marcos Bergaz, pide también la suspensión de ese acto administrativo para tratar de ganar tiempo y evitar que sea oficial su expulsión, lo que para los nacionalistas no es más que una clara huida hacia adelante para enredar la situación en la que se encuentra y enredar todavía aún más el tema del dinero que ha estado percibiendo del Servicio Canario de Salud (SCS) como médico sin estar en ejercicio de su actividad.

Tras el informe del secretario, toca ahora esperar para conocer lo que han determinado al respecto los servicios jurídicos de la corporación. Luego, como también señaló Bergaz, habrá que esperar a ver qué determinan los tribunales sobre la demanda contra la decisión del secretario, “cuyo criterio no comparte el consejero de Sanidad”. Lo llamativo es que el secretario del Cabildo, Mariano de León, ha tenido que defender su criterio frente a los tribunales de justicia, un criterio que sólo determina lo que determina la ley y la lógica, que cuando una persona abandona el grupo político con el que se presentó a las elecciones y es expulsado de ese grupo se convierte en un tránsfuga.

De hecho, el pasado 12 de noviembre CC ya advirtió de que la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, no tenía competencias para adoptar la medida cautelar de suspensión de su expulsión “para ponerle ahora un sueldo público con cargo al Cabildo”. En ese instante aclararon que el informe del secretario general del Pleno del Cabildo de Lanzarote, con fecha de 5 de noviembre de 2021, es tajante al rechazar la medida cautelar solicitada por el consejero tránsfuga para que se suspenda su expulsión del Grupo Nacionalista.

“Efectivamente, Sosa presentó una demanda, de la que aún no tenemos traslado, solicitando la medida cautelar de la suspensión de su expulsión y que esta no se eleve a Pleno hasta que resuelva el juez, aduciendo que él se presentó por San Borondón en coalición electoral”, explican los consejeros del Grupo Nacionalista. Al respecto, alegaron en su momento que el informe del secretario es “tajante” cuando dice en su página 15 que “nos encontramos ante un consejero que concurrió a las elecciones en la lista electoral presentada por la formación política Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario (…) sin que hubieran formalizado coalición electoral en los términos exigidos por al artículo 44 de la LOREG”. Y añade en sus páginas 31 y 32 que “una vez ha tenido entrada en el registro de la Corporación, el acuerdo firme de expulsión despliega sus efectos (…) y a posteriori, el Pleno simplemente tomará conocimiento (…) la actuación del Pleno no genera efecto (…), es por lo que no procedería lo solicitado”. Para el Grupo Nacionalista en el Cabildo, por tanto, “resultaba lógico que el secretario se negase a adoptar la medida cautelar que no ha adoptado el juez, quien simplemente ha aceptado a trámite la demanda sin adoptar la medida solicitada, para lo cual ha abierto una pieza separada”.

Sobre la condición o no de tránsfuga del consejero, el informe, en su página 22 “no deja lugar a dudas cuando analiza el caso Sosa y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional abundando en el distinto trato que merecen los no adscritos frente a quienes pertenecen a un grupo político”, donde se asegura que “el tránsfuga modifica el equilibrio de las fuerzas políticas que inicialmente resultó de las elecciones” y añade que “esa diferenciación dificulta que los tránsfugas alteren los gobiernos municipales”.

A juicio de los nacionalistas, “lo escandaloso es que la nueva resolución a la que ahora se remiten Corujo y el consejero para justificar su espuria liberación ha sido ocultada hasta hoy- siguen sin entregarla- por la propia Dirección General de Función Pública, quien no la cita en ninguno de sus tres informes”. “Probablemente”, aducen desde CC-PNC, “a sabiendas de que es una resolución en fraude de ley que sacan ahora a la luz ante el fracaso del traje a medida que elaboraron y que se dio de bruces con el reparo de legalidad de la Intervención General del Cabildo”.

“Y más escandaloso resulta aún”, prosiguen, “que con estas formas de actuar, el PSOE permita que la presidenta del Cabildo de Lanzarote incumpla y atente directa y flagrantemente contra el pacto antitransfuguismo que hace un año reforzaba el que fuera secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, el socialista Francisco Hernández Spínola, quien se comprometía a continuar combatiendo el transfuguismo como “una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas”.

Sosa demandó también al Cabildo y solicitó que se suspendiera la toma de conocimiento...
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