San Ginés ratifica su denuncia ante el nuevo juez del caso contra Carlos Espino en su época de consejero delegado de los Centros Turísticos

Pedro San Ginés, ex presidente del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz del Grupo Nacionalista Canario en dicha institución, ha ratificado este lunes en sede judicial sus acusaciones sobre prevaricación y malversación de caudales públicos contra el ex consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo y ex secretario general del PSOE en la Isla, Carlos Espino. El representante de Coalición Canaria (CC) acudió como testigo entre otras cosas para que el nuevo titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, José Luis Ruíz Martínez, pudiera determinar el fin de una investigación que se ha eternizado en el tiempo durante más de dos lustros.

Según ha adelantado el diario Canarias 7, por su parte varios testigos y los peritos que fueron llamados a declarar por el nuevo juez que instruye una causa que lleva diez años en los juzgados de la capital lanzaroteña certificaron en la misma sesión entre otras cosas que los Centros Turísticos se gastaron en torno a un millón de euros en equipamientos y reformas de cocinas sin procedimiento de contratación alguno y con sobrecostes varias veces peritados.

Las nuevas declaraciones aportadas en sede judicial confirman, además de los sobrecostes que hubo en la contratación de la famosa y polémica cocina de Los Jameos del Agua, que la entidad pública contrató bajo el mandato del actual jefe de Gabinete de Presidencia de Dolores Corujo un portal web sin procedimiento e contratación por más de 50.000 euros, una página de internet paralela a la oficial, centrosturisticos.com, que no ha tenido a lo largo de los años función alguna.

El ex consejero socialista investigado por malversar también se querelló contra el magistrado Rafael Liz unos días después de su jubilación, al que recusó al acusarle de retardar el archivo de otra causa por la concesión de la licencia a una gasolinera. e ahí el reciente cambio de magistrado en un caso que se inició en 2011.

Por aquel entonces, el que fuera presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y la entonces consejera delegada de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Astrid Pérez, comparecieron en rueda de prensa para dar cuenta de algo que era un secreto a voces, el tremendo agujero que se había abierto en una empresa pública que iba camino de acabar como Inalsa si no se tomaban medidas de forma inmediata.

De hecho, en aquella comparecencia, sorprendiendo incluso a alguien tan experto en el tema como es San Ginés, la entonces consejera de la Entidad pública confirmó que el socialista Carlos Espino dejó los Centros con una deuda de 14.441.141,23 euros, el triple de lo que se había encontrado cuando asumió el cargo de una empresa que apenas tenía problemas de contabilidad y que pagaba el canon al Cabildo y a los ayuntamientos. Lo más escandaloso, sin duda, la detección de contratos adjudicados sin concurso público y sin contraprestación de servicios o justificación, asunto que está siendo investigado por si fuera constitutivo de delito.

San Ginés ratificó lo declarado en anteriores ocasiones e indicó los servicios contratados superaron las cantidades a partir de las cuales la legalidad obligaba a convocar concurso público. En el caso del contrato de la cocina de Los Jameos, con precio de salida por 224.000 euros, finalmente se gastaron en equipamientos más de 700.000 euros.

Por su parte, los peritos que elaboraron en su día los informes señalaron que se produjeron costes de más en las tres empresas contratadas. Como investigado figura Antonio González, a quien se pagó a través de pagarés.

La declaración de Espino

En cuanto a la declaración de Espino, que compareció con nueva asistencia letrada, la estrategia de éste, según ha informado el diario Canarias 7, se centró en desviar la responsabilidad en uno de los técnicos de la empresa, y en sostener que las adjudicaciones de los servicios por debajo de 400.000 euros no requerían de procedimientos de licitación, es decir que hasta esa cantidad no había que sacarlo a concurso.

Por su parte, Gutiérrez Fares acudió a declarar por primera vez después de haber sido citado en varias ocasiones precedentes, sin resultado, siendo el único investigado que hasta la fecha no había comparecido, desde que se inició la investigación en 2011.

En su caso se investiga el encargo por parte de los Centros de una página web, por más de 50.000 euros, pese a que en la denuncia se hacía constar que la empresa ya contaba con un soporte de esta índole. Los técnicos de los Centros Turísticos establecieron que los servicios contratados no tenían ese valor y no se terminó el trabajo, pese a que se pagó al completo como si sí se hubiese finalizado.

Una de las frases de la rueda de prensa de Ástrid Pérez y Pedro San Ginés hace ya ocho años la pronunció la actual alcaldesa de Arrecife. "Si nos regalaran toda la mercadería de la restauración, aún perderíamos 8.000 euros diarios". Con esta frase vino a explicar dónde se encontraba el verdadero talón de Aquiles de la empresa pública, que destinaba en esos instantes el 60 por ciento de sus recursos al pago del personal. "Lo lógico sería tener entre un 35 y un 40 por ciento", explicó Pérez.

Tras la práctica de estas últimas diligencias, el magistrado tendría ya elementos suficientes para dar por cerrada la fase de investigación tras unos ocho años de instrucción.