San Borondón critica los incumplimientos de Tías en los pliegos de condiciones del contrato de la concesión del mercadillo de Puerto del Carmen

San Borondón ha criticado este lunes en nota de prensa los incumplimientos sistemáticos por parte del Ayuntamiento de Tías en los pliegos de cláusulas técnicas, jurídicas y económicas que han de regir la concesión y la gestión del mercadillo periódico de venta no sedentaria que se celebra cada viernes en la Plaza del Varadero de Puerto del Carmen.

En esa nota el concejal y presidente de la formación, Jerónimo Robayna, señala que en estos momentos se están montando 117 puestos cuando deberían ser 131 a tenor de lo que refleja el pliego de condiciones del contrato. Así, la empresa adjudicataria tiene un déficit al no poder ingresar el dinero que le corresponde de los 14 puestos ausentes.

El portavoz de San Borondón indica que también hay constantes incumplimientos en la suspensión del mercadillo por la realización de diferentes actividades sin tener en cuenta el contrato en vigor. Como ejemplo, afirma que en el año 2017 se dejó de instalar 12 semanas, y en lo que va de 2018 han sido ya 8 cancelaciones.

Cogiendo los datos como ejemplo del 2017, la empresa ha dejado de cobrar por culpa de los incumplimientos del Ayuntamiento de Tías la cantidad de 72.432 euros.

Ignorando la clausula duodécima, Facultades de la Corporación

San Borondón entiende que no se está queriendo entender la gravedad del asunto, puesto que se está generando un perjuicio notable que podría tener consecuencias negativas para la institución al incumplir cláusulas como la que tiene que ver con sus propias facultades. "Cambiar la ubicación de las instalaciones del Mercadillo para la venta no sedentaria o otra ubicación, bien sean por razones de interés general, por celebración de fiestas o por cualquier otra que resulte necesaria, sin que ello suponga resarcimiento por daños o perjuicios", explican sobre la cláusula duodécima.

Además, igual de grave, es el incumplimiento de la cláusula séptima del contrato, sobre las tarifas. "El adjudicatario, concesionario, percibirá de cada uno de los 121 vendedores ambulantes y titulares de la autorización otorgada por el Ayuntamiento de Tías en el procedimiento de adjudicación de licencias comerciales de venta no sedentaria en el Mercadillo periódico, la cantidad de 36 Euros correspondiente a la tasa por ocupación de dominio público local", apuntan.

"Con respecto a los otros diez puestos que se han de instalar por el adjudicatario, y que el Ayuntamiento de Tías los adjudicará y autorizará atendiendo a su carácter de Asociaciones, Clubes deportivos y otras entidades sin ánimo de lucro y como medida de fomento, el adjudicatario no percibirá tarifa alguna. El adjudicatario asumirá directamente el cobro de la cantidad de 36 Euros correspondientes a la tasa por ocupación del dominio público local y por cada día de celebración del mercadillo periódico de venta no sedentaria, con independencia de que por parte del titular de la autorización de venta ambulante se realice o no su actividad comercial. Esta tasa se devengara desde que se disponga del título habilitante para el ejercicio de la venta no sedentaria y/o en su caso cuando se inicie la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. El cobro de dicha tasa se realizará con una periodicidad de mensualidades vencidas, y dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al que corresponda", explican.

Por todo lo relatado, la formación asamblearia anuncia que elevará a pleno una moción reclamando el cumplimiento de las condiciones por parte de la administración, exigiendo que "se cumpla estrictamente con los pliegos de clausulas técnicas, jurídicas y económicas-administrativas".

"Ya que, el Ayuntamiento de Tías es consciente de estos incumplimientos por su parte, no debería seguir judicializando dichos temas. Proponemos iniciar contactos con la empresa para intentar llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. O simplemente para beneficiar la verdad, y no utilizar el poder de las administraciones para buscar artimañas judiciales, con el objetivo de conseguir premio de injusticias a sabiendas de que las estás realizando. Eso supuestamente tiene un nombre y se denomina prevaricación. Los técnicos y políticos están para garantizar que se cumplan las leyes donde están reflejados los derechos y deberes de nuestros ciudadanos, y no sólo para velar por la administración que representan en ese momento", añaden en un segundo punto de la moción.