Samuel Martín emprenderá acciones legales contra Ariagona González y La Voz de Lanzarote si no rectifican sus acusaciones
El consejero de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo y último candidato de la alianza nacionalista al Senado por Lanzarote, Samuel Martín, ha anunciado este martes en Crónicas Radio-COPE Lanzarote que se reserva el derecho de emprender acciones legales contra la parlamentaria socialista Ariagona González y La Voz de Lanzarote si no rectifican las acusaciones que publicaron sobre él.
La diputada nacional y este diario acusaron al candidato nacionalista de no respetar las normas relacionadas con la cartelería electoral y de haber arrancado varios carteles del PSOE.
Tras el archivo de la causa en la que se cita a Samuel Martín, el consejero nacionalista ha manifestado en el programa 'A buena hora' que ahora se ve que "los tramposos eran Ariagona González y La Voz de Lanzarote".
"Tramposos"
"Colgaron la noticia y seguían insistiendo en que había testigos que señalaban que yo era el autor de los hechos, cuando ya se ha demostrado que es mentira. Por lo tanto, yo espero que ahora rectifiquen, que es lo mismo que ya les pedí tanto a Ariagona González como a La Voz de Lanzarote", ha manifestado Martín. "Si no realizan esa rectificación por parte de ambos, yo me reservo el derecho de emprender las acciones legales que considere oportunas", ha advertido.
La propia Ariagona González realizó manifestaciones en Crónicas Radio en las que aseguraba que "quien conoce un poco esta organización, sabe que Coalición Canaria siempre hace trampas"
Hay que recordar que la noticia sobre un presunto delito de Martín, que finalmente se ha demostrado que nunca existió, se dio a conocer en plena campaña en la que tanto el propio Martín como Ariagona González eran candidatos por sus respectivos partidos, el primero al Senado y la segunda al Congreso de los Diputados.
En el caso del medio de comunicación, que publicó que tendría que acudir a declarar como imputado este 19 de noviembre, el consejero nacionalista ha criticado que hasta ahora sus administradores se hayan negado a rectificar la información que difundieron.