"El PSOE quiere vender a su parroquia que con el archivo por parte de la Fiscalía se ha acabado el proceso de María Dolores Corujo pero ahora tienen que hablar los jueces"

"Es llamativo que el fiscal del Supremo no llamase a declarar o a alegar a la Administración perjudicada"

"El fiscal del Tribunal Supremo no contradice ni al presidente del Cabildo ni a Coalición Canaria, al que está contradiciendo es al fiscal de Delitos contra la Administración de Arrecife"

"Es curioso porque el fiscal podría haber requerido alegaciones también a la interventora del Cabildo. Si tenía alguna duda respecto a que si el decreto de Dolores Corujo contaba con todos los informes, como dice el fiscal que cuenta, podía haber requerido alegaciones a María Begoña, que ya declaró diciendo que no era cierto que su informe jurídico determinara que el señor Sosa tuviera dedicación exclusiva"

"A la resolución del fiscal del Supremo le hemos encontrado hasta siete contradicciones muy claras y seguimos estudiándolo"

"La sensación que da el decreto que dicta el fiscal del Tribunal Supremo es que no ha escarbado lo suficiente"

"Siendo bondadoso, vamos a decir que es que con el escrito de alegaciones se consiguió confundir al fiscal del Supremo y lo que hizo fue un copia y pega de esas alegaciones"

"Entiendo que Choclán consideró la participación de Isabel Martín Tenorio como necesaria para que este decreto presuntamente prevaricador se acabara dictando"

El director insular de la Presidencia del Cabildo de Lanzarote, David Monte, participó este jueves en el programa "A Buena Hora" de Crónicas Radio para valorar el archivo por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de la investigación que inició el fiscal de Arrecife sobre el conocido como caso Sosa, el caso que afecta a la secretaria general del Partido Socialista (PSOE) en Lanzarote y diputada nacional, María Dolores Corujo. Monte explicó que aunque el fiscal Álvaro Redondo Hermida haya tomado esa decisión, la de no continuar con la investigación que inició en la capital de Lanzarote su compañero Fernando Rodríguez Navarro, que tuvo que dejar el asunto por estar Corujo aforada como diputada nacional que es, esto no ha acabado todavía ya que queda lo más importante, lo que tengan que decir los jueces del Supremo. La razón no es otra que el otro procedimiento abierto precisamente este miércoles con la querella que presentó el conocido abogado penalista José Antonio Choclán en nombre del Cabildo, querella en la que se le imputa la posible comisión de varios delitos graves a la propia Corujo, al conocido tránsfuga Juan Manuel Sosa y a una tercera persona que aparece en escena, la ex consejera socialista Isabel Martín Tenorio. Con la qurella, según relató Monte, se cumple con lo que los Servicios Jurídicos del Cabildo mandataron al presidente, Oswaldo Betancort, y lo que éste llevó a su Consejo de Gobierno, donde sus socios del Partido Popular (PP) y el consejero Armando Santana, curiosamente, se abstuvieron. Durante su participación en el conocido programa de radio el abogado repitió en numerosas ocasiones que ese proceso no lo inició ni Coalición Canaria (CC), su partido, ni el presidente Oswaldo Betancort como una "cacería política", tal y como manifiestan los socialistas en la nota de prensa que enviaron para felicitarse por el archivo, sino que es una acción del Cabildo de Lanzarote para proteger los intereses económicos de las arcas cabildicias. Aunque en la nota de prensa que envió el PSOE hay claras alusiones a él e incluso una amenaza velada sobre las posibles acciones legales que puede emprender la líder socialista en su contra por una posible denuncia falsa, Monte, con la tranquilidad que le caracteriza, prefirió pasar por alto todas esas cuestiones y se centró en lo que para él es más importante, que el Cabildo no tenga que pagar los 300.000 euros que Sosa debe devolver a la Comunidad Autónoma y que se haga justicia si como considera ahora Choclán, antes él y antes que ellos el fiscal de Arrecife, se pudieron cometer varios delitos penales durante la incorporación del galeno cuando decidió transfugarse del Grupo de CC en la Primera Corporación insular. 

- El PSOE ha celebrado este miércoles en una nota de prensa el archivo por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de la denuncia por el Caso Sosa y dicen en ese escrito que "no podemos normalizar que se contrate por más de cinco mil euros al mes al abogado de CC para interponer denuncias falsas y tenerlo en los medios día sí y día también difundiendo falsedades como mi pretendida pero inexistente imputación. Ahora es el turno de nuestros abogados". ¿Cuál es su valoración?

- No he leído la nota de prensa porque estaba trabajando en cosas más importantes ultimando el pleno y saltó la noticia de un medio de comunicación que vino a publicar que la habían archivado en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ahora, me parece absurdo que pretendan ir contra quien puso en conocimiento de Fiscalía o contra el presidente del Cabildo por intentar proteger los intereses del Cabildo.

- Lo que dicen en la nota de "ahora es el turno de nuestros abogados", ¿le suena a amenaza?

- Yo no la considero como tal. Ella puede decir lo que crea pero entiendo que antes de proceder a que su abogado emprenda las acciones que le correspondan, primero tendrá que terminar el procedimiento judicial ¿no?.

- Parece que ellos han dado por concluido el procedimiento. Con la nota de prensa da la sensación de que con la petición de archivo por parte de la Fiscalía del Supremo, ya se acaba la historia.

- Eso es lo que quieren vender a su parroquia pero no es así. Sus abogados entenderán que lo que lo que el fiscal archiva es la fase preprocesal de la que siempre hemos hablado. Ahora tendrán que hablar los jueces de la Sala del Tribunal Supremo.

- Álvaro Redondo Hermida, el fiscal que firmó el 24 de julio, que las fechas también son importantes, leyendo el documento, parece que ha asumido íntegramente el criterio que se tuvo durante la etapa del Pacto de las Flores por los informes que se emitieron en aquel momento por Función Pública. El motivo que esgrime para archivar es que el nombramiento de Sosa no constituye una decisión arbitraria. ¿Qué le parece eso?

- Con total respeto a la decisión jurídica del fiscal, desde la asesoría jurídica del Cabildo tenemos otra opinión que es más cercana a la del fiscal de Delitos contra la Administración de Arrecife. La sensación que da el decreto que dicta el fiscal del Tribunal Supremo es que no ha escarbado lo suficiente y se quedó en la superficie. La actividad probatoria que llevó a cabo es pedir traslado, pedir un escrito de alegaciones a la sospechosa, a María Dolores Corujo, y siendo bondadoso, vamos a decir que es que con ese escrito de alegaciones consiguió confundir al fiscal del Supremo y lo que hizo fue un copia y pega de sus alegaciones. Es llamativo que no llamase a declarar o a alegar a la Administración perjudicada.

- ¿A ustedes no les ha llamado para nada?

- No y es curioso porque podría haber requerido alegaciones también a la interventora del Cabildo. Si tenía alguna duda respecto a que si el decreto de Dolores Corujo contaba con todos los informes, como dice el fiscal que cuenta, podía haber requerido alegaciones a María Begoña, que ya declaró diciendo que no era cierto que su informe jurídico determinara que el señor Sosa tuviera dedicación exclusiva. Con las alegaciones que presentaron los abogados del PSOE, consiguieron confundirle. Se quedó en la superficie, no rascó lo suficiente y desde la asesoría jurídica del Cabildo confiamos en que los jueces del Tribunal Supremo sí que escarben y estudien en el asunto.

- ¿A ustedes no les ha sorprendido la velocidad con la que ha resuelto el fiscal Álvaro Redondo desde que se traslada la diligencia del fiscal de Arrecife hasta que toma esta decisión el 24 de julio?

- Sí y por eso desde la asesoría jurídica estábamos sorprendidos porque no dábamos crédito a que una investigación y un expediente que es bastante amplio y complejo, que el fiscal de Arrecife estuvo meses estudiándolo, el fiscal del Supremo haya resuelto en apenas dos semanas. Por supuesto que estamos sorprendidos con la prisa que se ha dado en responder. Muy claro tenía que tenerlo. Si está datado del 24 de julio y tiene unas alegaciones presentadas por los abogados del PSOE, entiendo que lo tenía que tener muy claro. El problema está en que cuando estudias y lees el decreto archivo, te das cuenta del porqué de la velocidad de haberlo dictado y es porque se queda en la superficie.

- No hace referencia prácticamente al contenido del documento del fiscal de Arrecife porque el criterio del fiscal del Supremo no se parece en absolutamente nada al de Arrecife, que estuvo meses estudiando el caso.

- Correcto. Le hemos encontrado hasta siete contradicciones muy claras y seguimos estudiándolo. Por eso nos parece llamativo no sólo que haya esas contradicciones sino la omisión al compañero fiscal de Arrecife. hay que recordar que el fiscal del Tribunal Supremo no contradice ni al presidente del Cabildo ni a Coalición Canaria, al que está contradiciendo es al fiscal de Delitos contra la Administración de Arrecife. Por eso es llamativo que no haga ni una sola referencia.

- Esto se hace el 24 de julio pero el 29 de julio se elabora la querella que se mandató al presidente a elaborar en la última reunión del Consejo de Gobierno, una querella que ni firma ni dirige usted sino José Antonio Choclán, uno de los penalistas más conocidos de este país.

- Cuando el Consejo de Gobierno acordó que se iniciaran las acciones jurídicas legales pertinentes, lo que se hizo desde la Asesoría Jurídica es contratar a un penalista experto que defendiera los intereses de las arcas cabildicias. El elegido fue Choclán. Él estudió el caso, repitió que veía que el decreto podía tener visos de ser delictivo, hace su trabajo y a la espera de que se pronuncien los juzgados, que son quienes van a tener la última palabra y me refiero a la Sala del Tribunal Supremo porque María Dolores Corujo es aforada.

- Esta querella tiene que ver con la defensa de los intereses de la Corporación para evitar que tenga que pagar 300.000 euros a Juan Manuel Sosa. Es un poco lioso.

- Correcto. El PSOE ha salido en tromba a celebrar que el fiscal ha archivado las diligencias preprocesales que mantenían como sospechosa a María Dolores Corujo pero a la vez lo que estamos viendo es cómo están celebrando que puede haber un riesgo elevado de que Sosa acabe presentando en los juzgados de lo contencioso un decreto que pueda permitir que esos 300.000 euros los acabe pagando el Cabildo de Lanzarote y no deja de ser llamativo. Tanto Oswaldo Betancort como la asesoría jurídica del Cabildo lo que están intentando y van a seguir intentando es que ese dinero no salga de las arcas del Cabildo. Es su obligación y su responsabilidad.

- Que no serían 300.000 euros; serían 600.000; los 300.000 que ya cobró y los 300.000 que habría que pagar ahora.

- Eso tiene matices porque los 300.000 que cobró irregularmente que pagó el Gobierno de Canarias serían recuperados.

- No se recuperan porque Sosa no los iba a pagar, los pagaría el Cabildo, es decir, lo pagamos todos.

- La cuestión es que jurídicamente, la asesoría jurídica del Cabildo entiende que tal y como de dictaron los decretos y las resoluciones que permitieron a este señor cobrar como médico en vez de como consejero delegado, al haber sido declarado nulo, este señor no tiene derecho a que ninguna administración pública sufrague esos 300.000 euros.

- En esa querella que llevará Choclán se amplía incluso el número de personas que están afectadas con la incorporación de Isabel Martín Tenorio porque era la responsable de Recursos Humanos cuando se firmó el famoso decreto.

- Fue la que hizo la propuesta de resolución que se firmó finalmente. Entiendo que Choclán consideró su participación como necesaria para que este decreto presuntamente prevaricador se acabara dictando.

- Parece que el PSOE no entiende que su puesto es un cargo de libre designación de CC.

- Yo tengo el mismo cargo que tenían los directores insulares que había en la época del PSOE así que no entiendo ese ataque al cargo que yo pueda tener porque no se ha creado ningún cargo para mí. Cuando son las cosas contra mí intento no darles mucho bombo porque no tiene mucho sentido.

- Tiene sentido político porque el PSOE le vincula a usted con Pedro San Ginés y con su triunfo en eso que el PSOE llama "cacería política".

- Según ellos, cacería política de tres meses cuando ellos sí que hicieron una cacería política y jurídica durante años a Pedro San Ginés.

- ¿No le parece que el PSOE le vincula a usted con Pedro San Ginés y por ahí van los tiros?

- Pueden ir por ahí los tiros pero están completamente perdidos si creen que el motivo de mi designación era perseguir jurídica y políticamente a Dolores Corujo cuando tanto el presidente como yo hemos dicho que personalmente no tenemos nada contra esta señora. Lo único que estamos haciendo desde la asesoría jurídica es proteger las arcas cabildicias.

- La querella se ha presentando a finales de julio. Tiene pinta de que esto no se va a mirar hasta después del verano por la Sala del Supremo.

- Entiendo que no pero desconozco sus tiempos. Sería muy extraordinario que resolvieran antes de irse de vacaciones en agosto. Lo importante es que la ciudadanía sepa que el presidente ya ha dado la orden de que se emprendan las acciones legales pertinentes, así ha sido y se ha contratado a un abogado que sabe de estos delitos contra la Administración y la dirección letrada va a ser lo más correcta posible.