El PSOE denuncia la censura impuesta por Betancort impidiendo una pregunta sobre el contrato millonario de Cumbre 8
El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote ha denunciado este lunes en nota de prensa lo que consideran “un auténtico ejercicio despótico” por parte del presidente de la institución, Oswaldo Betancort, al impedir que se incluya en el orden del día del Pleno de mañana una pregunta del Partido Socialista (PSOE) relacionada con la adjudicación del contrato millonario de asesoramiento que adjudicaron los Centros de Arte, Cultura y Turismo a la empresa Cumbre 8.
Ariagona González, portavoz del Grupo Socialista, ha calificado lo sucedido como “una cacicada sin precedentes, que atenta contra el más elemental derecho a la información y al control democrático de la acción del gobierno”. Según explica, el PSOE ya había solicitado en dos ocasiones acceso al expediente de contratación, sin obtener respuesta.
“La actitud de Oswaldo Betancort nos obliga a preguntarnos si existe algo que ocultar en esa adjudicación y si se ha producido algún tipo de comportamiento irregular por parte de quienes intervinieron en ella”, señala González.
La portavoz socialista insiste en que la opacidad con la que se ha gestionado este contrato despierta “más que fundadas sospechas”, especialmente por los criterios empleados en la valoración de las ofertas. “Por lo que ha trascendido hasta el momento, resulta imposible no sospechar la existencia de parcialidad al valorar criterios con una fuerte carga de subjetividad”, añade.
Para González, lo más grave es que esta negativa impide al PSOE ejercer su obligación y su derecho a fiscalizar la acción del grupo de gobierno. “No solo se nos niega la documentación, ahora también se nos impide plantear preguntas en el Pleno. Se trata de un ejercicio abusivo del poder que refleja, además, una enorme cobardía”.
Desde el Grupo Socialista advierten de que, si Oswaldo Betancort no rectifica y entrega la documentación solicitada y da las explicaciones pertinentes en sede plenaria, se verán obligados a acudir a los organismos competentes en materia de transparencia y, si fuera necesario, a recurrir a los tribunales.
“El Cabildo no es una finca privada del presidente. Lanzarote no merece este nivel de oscurantismo y prepotencia”, concluyó González.