lunes 27/9/21
Reiteran su denuncia ante la “irresponsable” forma de gestionar del equipo de gobierno. Demandan a su vez que informe éste sobre las comunicaciones que hayan podido existir con la Audiencia de Cuentas respecto a la situación económica de Inalsa

El PP quiere una explicación de las negociaciones entre el Cabildo y Edam Janubio

Grupo de gobierno y oposición continúan lanzándose piedras en el Cabildo de Lanzarote. Tres meses después de que la consejera delegada de Inalsa anunciara un principio de acuerdo con la UTE, “el Gobierno insular no ha aportado ninguna información sobre el mismo”, según han denunciado desde el Partido Popular (PP) de Lanzarote.

Los populares han presentado una interpelación al Pleno con la intención de que la presidenta, Manuela Armas, informe sobre “todas las cuestiones relacionadas con la negociación” llevada a cabo con la UTE Edam Janubio y sobre “el laudo que pesa sobre Inalsa por valor de 10 millones de euros”.

El portavoz del PP, Francisco Cabrera, ha señalado que ha transcurrido tiempo “más que suficiente” para que el equipo de gobierno haya aportado más datos sobre el principio de acuerdo anunciado por la consejera delegada en el mes de abril.

Para Cabrera, es fundamental que la presidenta informe de los términos del acuerdo que se haya alcanzado, “aportando todos los datos, los informes técnicos que lo avalan y la valoración que justifica los 2,5 millones de euros que se pagará a Edam-Janubio”.

El portavoz popular afirma que “teniendo en cuenta los precedentes y viendo la forma de gestionar de los gobiernos PSOE- PIL, el proceso tiene que ser lo más claro posible”, y recuerda que el anuncio de Plácida Guerra se produjo “después de que oficialmente se informara que no se iba a negociar y que el asunto se resolvería en los tribunales”.

Los populares también han interpelado a la presidenta sobre las comunicaciones que ha mantenido el Cabildo con la Audiencia de Cuentas de Canarias respecto a la situación de la empresa pública tras las recomendaciones realizadas por este órgano fiscalizador tras analizar la actividad del Consorcio Insular de Aguas e Inalsa durante los años 1991 a 1996.

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