El PP y Armando Santana se abstienen y no apoyan que el presidente del Cabildo emprenda acciones legales en el caso Sosa
Los representantes del Partido Popular (PP) y el consejero del Grupo Mixto Armando Santana no han apoyado este martes por la mañana con su voto cumplir con lo determinado por un demoledor informe de los Servicios Jurídicos del Cabildo de Lanzarote en el que se concluye que el actual presidente, Oswaldo Betancort, debe emprender acciones legales en el conocido como caso Sosa en defensa de los intereses de la institución.
Finalmente, tal y como ha podido saber este diario de fuentes del Gobierno insular, el consejero Ángel Vázquez, único representante del PP que ha acudido al encuentro, y Armando Santana han decidido abstenerse y de algún modo lavarse las manos en un procedimiento cuya responsabilidad han dejado en manos de Coalición Canaria (CC), que ha hecho prevalecer la mayoría que tiene en el órgano y ha aprobado lo que mandataba la letrada que ha analizado el polémico caso del consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa y de todo lo que rodeó a la acción que determinó el blindaje político de la ex presidenta socialista María Dolores Corujo.
Los cinco consejeros nacionalistas, Samuel Martín, Aroa Revelo, Ascensión Toledo, Miguel Ángel Jiménez y el propio Oswaldo Betancort, han dado luz verde a una resolución en la que se propone autorizar al presidente a tomar las acciones legales oportunas en defensa de los intereses del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, tratando de evitar así que se imponga el deseo de Sosa de utilizar el decreto que elaboró Corujo para no tener que devolver los 300.000 euros que le reclama la justicia en una contundente sentencia que el polémico galeno ha recurrido.
En el Consejo de Gobierno debería haber estado también la vicepresidenta de la institución, María Jesús Tovar, que no estuvo presente y no votó de manera telemática, como sí hizo Santana, que estaba de viaje fuera de la Isla pero quiso expresar con su voto su posición sobre un asunto que en teoría a él no le afecta.
La abstención del PP se puede interpretar de muchas formas; la principal es que los populares gobernaban con el Partido Socialista (PSOE) cuando Corujo y el ex consejero Andrés Stinga convencieron a Juan Manuel Sosa de que dejara las filas del Grupo de Coalición Canaria para fichar por ellos y blindar así a la presidenta ante una más que previsible moción de censura de populares y nacionalistas. No sólo no se opusieron a una operación que también iba contra los intereses de la formación que lideraba Astrid Pérez, en aquel momento alcaldesa de Arrecife también en pacto con el PSOE, sino que la apoyaron y mantuvieron silencio ante lo que era un caso de transfuguismo de manual.
Tampoco han votado en contra porque el informe jurídico firmado por la coordinadora de Contratación de Obras, Servicios y Suministros y directora adjunta de la Asesoría Jurídica del Cabildo, Eugenia Torres, es demoledor. En una lectura sencilla se ve que en el documento queda claro que procedía, una vez que ha analizado el expediente completo del asunto que se ha llevado a la Fiscalía del Supremo por el aforamiento de la también diputada nacional, elevar al Consejo de Gobierno Insular el decreto de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de 30 de junio y el informe del director insular de Presidencia para su cocimiento y proponer al mismo órgano autorizar al presidente del Cabildo a tomar las acciones legales oportunas en defensa de los intereses de la institución, entre ellas la posible elaboración de una querella. Es lo que finalmente se va a hacer pero por el empeño de CC no sólo de imponer su criterio sino de hacer caso a lo que dicen los Servicios Jurídicos de la institución.
Por eso a muchos les resultara extraño el voto de los populares. Como ya adelantó este diario, la jurista del Cabildo deja meridianamente claro en su análisis que la Fiscalía no ha archivado las diligencias, toda vez que aprecia indicios racionales de criminalidad que afectan a la anterior presidenta del Cabildo y remite íntegramente lo actuado a la Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por su actual condición de diputada del Congreso. “Además, el contenido del documento del fiscal confirma la especial relevancia penal del Decreto número 2021-5684, que aparece como el núcleo de una posible resolución administrativa arbitraria, dictada en un contexto de pérdida previa del presupuesto habilitante, advertencias de Intervención, inexistencia de acuerdo plenario y potenciales efectos económicos favorables al señor Sosa”, añade de forma inequívoca en un texto lo suficientemente contundente como para que no se omita.