Podemos ha salido al paso del enorme revuelo que ha generado el anuncio del Cabildo de Lanzarote de suspender el Rally Isla de los Volcanes con una nota de prensa en la que apoya la “coherencia y responsabilidad” demostrada por el área de Actividades Clasificadas que dirige el socialista Marcos Bergaz al no autorizar la prueba que, según los informes del Gobierno de Canarias en los que ellos se basaron desde un principio para oponerse, amenazaba a más de 85 especies protegidas, cuatro de ellas en peligro de extinción y siete catalogadas como vulnerables. “Lanzarote necesita un debate público sobre la afectación de este tipo de actividades sobre la fragilidad territorial y la biodiversidad para marcar una posición insular coherente con los nuevos retos ecológicos”, señala la formación morada este viernes por la tarde.
Al respecto, sin entrar a valorar por qué el anuncio se produjo un día antes de que se celebrara la prueba cuando todos los equipos y aficionados de fuera ya se encontraban en la Isla, recuerdan que el Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias emitió hasta dos informes contrarios a la celebración de la prueba deportiva, uno de ellos después de que la organización de la misma decidiera la pasada semana modificar su trazado, que atravesaba el corazón del jable en plena época de nidificación de aves en peligro de extinción.
"Siguiendo el criterio del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, desde el área de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote también se emitió una resolución que determinaba que no era posible asegurar que no hubiera afección a la biodiversidad de la isla", insisten. No obstante, Podemos aclara que correspondía al departamento de Actividades Clasificadas de la corporación decidir si la prueba se autorizaba o no.
En este sentido, y como no podía ser de otra forma, tanto Podemos como la consejera de Medio Ambiente del Cabildo, Elena Solís, apoyan el criterio técnico de los funcionarios y técnicos de la administración tanto autonómica como insular, y recalcan que “de ninguna manera es una decisión política o arbitraria” sino que se trata de una postura técnica, jurídica y científica.
Asimismo, la organización lamenta que, “ante los demoledores informes del Gobierno de Canarias, hubiera quien se empeñara en dar falsas esperanzas a los organizadores del evento ocasionándoles un gran perjuicio”. “El cumplimiento de la legalidad vigente no es negociable ni puede ser objeto de mediación e interpretación subjetiva, y debe estar siempre por encima de intereses particulares y partidistas”, manifiestan desde la formación, desde donde muestran su firme apoyo a Elena Solís y trasladan su agradecimiento a los colectivos ecologistas y científicos que alzaron la voz para exigir que se respetara la biodiversidad de la Isla.
