Myriam Barros, portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, ha registrado este miércoles por la mañana una nueva solicitud de información para que la Primera Corporación insular le entregue los expedientes completos de contratación, colaboración o cualquier forma de cooperación entre la SPEL [Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote] y Magma Coworking SL y el grupo Martínez Hermanos para el desarrollo de la iniciativa 'Lanzarote Premium'.
Desde la confluencia política explican este miércoles en nota de prensa que dos meses atrás la consejera había solicitado la documentación, tanto al Cabildo como a la SPEL, obteniendo la única respuesta del departamento de contratación del Cabildo alegando que “no consta ningún expediente de contratación, adjudicación ni contrato” a este respecto, negándose así a solicitarla a la entidad contratante, en este caso la SPEL, como sería su obligación para garantizar el derecho al acceso de la información pública de la consejera.
Por esto, en esta ocasión la consejera morada recopila también las diferentes leyes que obligan al Cabildo a disponer de esta documentación como institución de la que depende mayoritariamente la entidad pública de promoción turística.
Y es que, recuerdan desde Podemos, según el artículo 14 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, “todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”. El Cabildo, al ser el socio mayoritario con un 52% de la SPEL, tiene la obligación de recabar esa documentación y hacérsela llegar a Myriam Barros tras su petición, aseguran desde Podemos.
Este escrito se registra en paralelo a una denuncia ante el Comisionado de Transparencia por el mismo asunto. Según declaran desde Podemos Lanzarote, quieren llegar hasta las “últimas consecuencias” en lo que consideran que es una “vulneración de los derechos fundamentales de la representación popular, al Grupo Político y a la propia Consejera”.
Solicitud de información a la SPEL sin respuesta
Por su parte, Jorge Peñas, representante morado en el Consejo de Administración de la SPEL, también solicitó la documentación hace varias semanas sin que la entidad se la haya remitido. Por su parte, el consejero insiste en la necesidad de se hagan públicos esos contratos puesto que “parece que están vinculadas algunas empresas que tuvieron algo que ver con el polémico informe de los tres economistas de La Sexta, que fue otro supuesto dedazo que nos costó mucho dinero y que ni Ángel Vázquez ha conseguido justificarlo con fundamento”.
La formación también pasará a denunciar ante el Comisionado a esta entidad por no entregar la documentación solicitada en el plazo que estima la ley. “Es una empresa pública que se financia con el dinero de todos y todas y no vamos a permitir que la usen como plataforma de lanzamiento de las empresas privadas afines a los dirigentes políticos de turno”, concluyó el consejero.
