El PNL reclama información sobre juristas y despachos de abogados contratados por el Cabildo desde 2005 a la actualidad
Manuela Armas advierte en un escrito al PNL de que no debe reproducir la información que solicita sobre el despacho de abogados.
El Partido Nacionalista de Lanzarote-Nueva Canarias (PNL-NC) ha vuelto a reclamar este pasado lunes, 9 de marzo, a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Manuela Armas, información sobre juristas y despachos de abogados contratados por el Cabildo desde 2005 a la actualidad, una petición que su portavoz, Juan Carlos Becerra, viene pidiendo desde el pasado 4 de diciembre de 2008.
Por su parte, la presidenta ha contestado al grupo de la oposición con una advertencia, o “amenaza”, según el propio Becerra. Así, en respuesta al PNL-NC, Armas remite al solicitante un escrito el pasado 2 de marzo de 2009 en el que recuerda que los datos que se le facilitarán, al considerarla “información relativa a datos económicos, fiscales y personales y/o profesionales de terceros ajenos a esta Corporación se encuentran protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”. En otras palabras, y tal y como reza en el siguiente párrafo, la presidenta le recuerda a Becerra que “sin perjuicio de su derecho a obtener información, tiene la obligación y “deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les facilite (...) y la obligación de evitar la reproducción de la documentación”.
Juan Carlos Becerra aclara a la presidenta que lo que solicita son datos sobre juristas y despachos de abogados contratados por el Cabildo desde 2005 a la actualidad, con lo que no le interesa la actividad de esos terceros, sino las contrataciones realizadas por la Corporación.
En contrapartida, Juan Carlos Becerra remitió a la presidenta otro escrito con fecha de entrada en el Registro del Cabildo de este lunes, 9 de marzo. En él, el portavoz del PNL-NC recuerda a Manuela Armas que su solicitud data del pasado 4 de febrero, que fue reiterada el 9 de febrero, y aclara que la información pedida por su formación política “no atañe a datos económicos, fiscales, personales y/ profesionales de terceros ajenos a esta Corporación, sino a juristas y despachos de abogados contratados entre 2005 y la actualidad por el Cabildo, a fin de que se emitieran dictámenes, redactaran informes, y asumieran la defensa jurídica de sus intereses en juzgados y tribunales”, es decir, datos relativos a profesionales y mercantiles a su servicio.