El Tribunal Superior de Justicia ha anulado la orden del Ejecutivo regional que permitía tan sólo la adecuación de la Casa de las Cúpulas como taller

El PIL pide explicaciones al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Teguise por la licitación de una construcción en suelo protegido de Tahiche

La nave se levanta en los aledaños de la Fundación César Manrique, que fue la que solicitó el permiso y que acometió finalmente la obra que afecta a 450 metros cuadrados de malpaís

El Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) quiere que el Gobierno de Canarias explique las razones que le llevaron a la licitación concedida a la Fundación César Manrique para la construcción de una nave de 450 kilómetros cuadrados en la zona protegida de la colada del volcán de Tahíche.

Al parecer, la licencia otorgada sólo permitía la adecuación de Casa de las Cúpulas como taller de la Fundación, una adecuación que se convirtió en la construcción de un nuevo edificio cercano a esta propiedad en medio de una zona de malpaís afectada por la máxima protección mediambiental.

Esta reclamación la alzan desde el partido insularista después de que el tribunal Superior de Justicia de Canarias se pronunciase anulando la orden de la Dirección General de Urbanismo del Ejecutivo regional y reforzada por la licencia otorgada también por el Ayuntamiento de Teguise, las dos administraciones a las que ahora pide explicaciones el Tribunal Superior de Justicia y que el PIL quiere que aclaren públicamente.

Los pilistas entienden que en la consecución de esta actuación tienen que ver las dos instituciones y la propia Fundación César Manrique, ya que todos conocían que “de ninguna manera podían esperar que se les diera claramente un permiso para ejecutar la nave” en esta zona, en la que finalmente construyeron. Esta afirmación les lleva a suponer que la Fundación “sabía perfectamente lo que querían hacer” y que además, existe por parte del Consistorio del municipio y del Gobierno de Canarias responsabilidad por “no cuestionar que de un permiso para remozar una vivienda ya existente se derivase el levantamiento de un edificio de nueva planta”.

Confusión o premeditación

Las razones que llevaron tanto al Ejecutivo autonómico como al gobierno local a permitir que finalmente se acometiese este “atentado ecológico” es una incógnita que el PIL quiere que se aclare. Para el partido no existen más que dos explicaciones a esta actuación. Por una parte subrayan la posibilidad de que “fueran víctimas de una engañosa petición”, por lo que pensaban que realmente esta licencia sólo pretendía realizar reformas de un edificio ya existente”, o, por orta, se “ha prevaricado”, al ser conscientes de antemano de la intención de los solicitantes de construir un edificio en un territorio de máxima protección.