El PIL pide la dimisión de Mario Pérez como consejero de Inalsa

Plácida Guerra, ex consejera de Inalsa, se autoproclamó ayer acérrima defensora del proyecto de creación de una planta dasaladora en el Sur de Lanzarote y, en consecuencia, de la UTE Edam Janubio adjudicataria en 2001 del contrato para la construcción de la misma. Según Guerra, esta empresa “que actúo con toda la legalidad del mundo” no obtuvo más que “trabas” por parte del actual consejero de Inalsa, Mario Pérez, a quien señaló como único responsable de la frágil situación de la empresa pública de Aguas. Según Guerra la “dejación” de Pérez ha llevado a la compañía a enfrentarse a una condena que la obliga a pagar más de 12 millones de euros a la UTE. Aunque reconoció su firma en varios documentos relacionados con el caso, Guerra dejó muchos aspectos sin resolver. Cuestiones que siguen siendo fundamentales para explicar lo que ocurrió en el seno de la empresa pública desde 2001 hasta ahora.

Fotos: José Curbelo

La que fuera consejera delegada de Inalsa en la pasada legislatura, Plácida Guerra, defendió en rueda de prensa el proyecto de construcción de la planta desaladora de Janubio, al Sur de Lanzarote, y acusó directamente al actual consejero de la empresa insular de Aguas, Mario Pérez, de ser “responsable” de la delicada situación por la que atraviesa la compañía, actualmente condenada al pago de más 10 millones de euros por un presunto incumplimiento de contrato con la UTE Edam Janubio (FCC y SPA), adjudicataria de las obras citadas en 2001.

Guerra acusó a Pérez de hacer dejación de sus funciones al “esconder el contrato con la UTE en un cajón” y de “obviar” los intentos de la misma por normalizar las relaciones con la empresa pública. “Mario Pérez llegó a Inalsa y ocultó el contrato con la UTE en un acto de irresponsabilidad política grave. Esa actitud de arrogante y chulesca ha desembocado en el laudo”, se quejó Guerra a la vez que hizo referencia “a varias reuniones” mantenidas por el actual responsable de Inalsa con representantes de la Unión Temporal de Empresas pero que no llegaron a buen puerto por “desinterés del consejero responsable de Inalsa”.

Dos razones fundamentales, según sus propias palabras, motivaron la comparecencia pública de la ex consejera de Inalsa. Por un lado, defenderse de los “ataques y críticas” que a su juicio han sido lanzadas contra su gestión “sin ningún motivo” y, por otro, explicar los pasos seguidos por el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) al frente de la empresa insular de Aguas hasta la aparición del laudo condenatorio emitido por la Cámara de Comercio de Las Palmas, el pasado mes de junio.

Agua para todos

Guerra justificó la creación de una nueva planta en el Sur en el interés de su partido por “descentralizar la producción”, hasta ahora concentrada en Punta de Los Vientos, en la capital, y “hacer llegar el agua a todos los municipios de la Isla”, sobre todo a Yaiza dado los continuos cortes del suministro registrados en este punto de la geografía isleña. La consejera independiente citó además el abaratamiento de los costes y la reducción del gasto energético como otra de las principales razones de su grupo para apoyar la nueva planta. “La planta actual se levanta en unas instalaciones viejas, obsoletas, de comprensión de vapor, algo que ya no existen en ningún punto de España y nuestra idea era renovarlas. Pero se han perdido cuatro años”, dijo.

La ex dirigente de Inalsa recordó que el contrato con la UTE se estableció con el aval del Consejo de Administración de la empresa pública, por aquel entonces presidido por ex presidente del Cabildo Enrique Pérez Parrilla, que respaldó el convenio “por unanimidad” y por tanto no fue una decisión unilateral de la consejera. “Algo que sin embargo no ocurrió con el contrato de Aguas Filtradas, en cuyo debate los votos quedaron divididos y hasta los técnicos desaconsejaron mantener el acuerdo que Mario Pérez prolongó”, apuntó la representante cabildicia.

En su relato, la consejera del PIL explicó que sería la UTE la compañía responsable de resolver “todos los temas correspondientes a licencias y permisos” para levantar la planta pero que en este camino se topó con “el Cabildo como primer obstáculo”.

“El Consejo Insular de Agua, presidido por Mario Pérez, paralizó la obra argumentando que no cumplía con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT)”, señaló la Guerra. Un trato a su juicio “injustificado” y que comparó con el que reciben actualmente los propietarios de las numerosas plantas privadas que existen en Yaiza.

“Me pregunto qué se esconde, qué negocio hay y por qué son tan tolerantes con esas pequeñas plantas privadas. La UTE quería culminar su contrato con toda la legalidad del mundo y se le ponen mil trabas”, sostuvo durante la rueda de prensa.

Intentos fallidos

Según Plácida Guerra los responsables de la UTE intentaron en varias ocasiones retomar el proyecto paralizado, incluso mediante el rescate de la obra civil, a falta de los elementos mecánicos, “sin embargo, no se respeto su deseo”. En este punto, tanto Guerra como el presidente de su grupo, Antonio Hernández, enumeran varios encuentros y escritos remitidos desde la UTE a la empresa pública “pero de los que no se ha dado cuenta a la opinión pública y que es preciso investigar”, señaló Hernández.

“Mario Pérez ha negado que estas notificaciones pero las ha recibido en su despacho de la calle Triana y se las ha ocultado al presidente del Cabildo”, acusó Hernández y se quejó del papel jugado por Pérez en estos últimos años: “A Mario Pérez sólo se lo conoce por falsear las cuentas de Inalsa, por presentar a la compañía en un concurso de parques eólicos, conociendo que los estatutos prohíben a la empresa participar en este tipo de iniciativas en otras islas, y por prolongar el contrato de Aguas Filtradas a pesar de la recomendación de los técnicos de cambiar de empresa. No se le conoce otra gestión. Por ello, por el bien de Inalsa le pido que dimita y que lo haga cuanto antes”.

El precinto y la Cámara

Interrogada por el escrito en el que se solicita a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural que levante el precinto contra las obras de la desaladora, Guerra reconoce que la nota está avalada por su firma pero se muestra incrédula al hecho de que esté impreso en un papel del Cabildo y no de Inalsa. No obstante, entiende que la petición era necesaria. “Me extraña que se haya hecho en un papel del Cabildo porque el secretario es bastante escrupuloso en esos aspectos pero en cualquier caso no veo el problema. La petición era necesaria para sacar adelante la planta como fuese”, afirmó Guerra. Una respuesta que no conformó a los periodistas. Y es que la nota fue firmada por la representante del PIL en calidad de consejera del Cabildo y no como responsable de Inalsa como era de esperar. La misiva cita al Cabildo como promotor de la obra cuando realmente los promotores de la misma era la UTE y la empresa insular de Aguas, Inalsa. Por si fuera poco, la carta se envía a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, precisamente en fechas próximas a la designación de Mario Pérez como nuevo consejero delegado de Inalsa tras la llegada al Cabildo de un nuevo grupo de gobierno en noviembre de 2003. Sin duda una larga lista de aspectos inconclusos que hasta la fecha siguen sin resolverse.

Respecto a la elección de la Cámara de Comercio como órgano en el que depurar cualquier conflicto, la consejera del PIL, señaló que fue un “consejo de los juristas”.

“Se acudió a la Cámara de Comercio porque así lo consideraron los juristas de cada uno de las partes, es decir tanto de Inalsa como del Cabildo. Esto se planteó para dar agilidad ante cualquier conflicto y así se ha demostrado”.