Pérez y Tamargo exigen responsabilidades a Tías y al Cabildo por el supuesto desvío de dinero público a una ONG
El consejero de VOX en el Cabildo de Lanzarote, Óscar Pérez Pérez, y la concejal de la formación en el Ayuntamiento de Tías, Esther Tamargo, han denunciado este lunes en nota de prensa lo que afirman que es el desvío de 273.500 euros de dinero público que está siendo investigado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lanzarote (Boluntis), asegurando que no es un hecho aislado sino el resultado de una red de complacencia e impunidad política generalizada.
Pérez arremete con dureza en su nota contra lo que asegura que es el cinismo de las fuerzas políticas tradicionales. "Tanto yo en cada pleno del Cabildo de Lanzarote como mi compañera Esther Tamargo en el Ayuntamiento de Tías llevamos años rompiéndonos la voz, exigiendo que se fiscalice de forma milimétrica cada céntimo entregado y se certifique que las actividades benefician realmente a la sociedad. Se nos ha ninguneado, ignorado y silenciado continuamente por parte de unos gobiernos que hoy están acorralados por la justicia debido a su absoluta dejación de funciones", denuncia tajantemente el representante de la formación.
Tías y el Cabildo: "Un entramado de favores, opacidad y contradicciones"
Para VOX, la gravedad de las diligencias penales sobre las que ha informado días atrás el diario ABC destapa una presunta red de conveniencia en la que el dinero público fluía sin el más mínimo reparo legal. "El Ayuntamiento de Tías es el epicentro del escándalo y que la Fiscalía investigue una maquinaria dedicada a adjudicar contratos menores, pagos extraordinarios y subvenciones directas a dedo por parte del alcalde socialista, José Juan Cruz, y su concejal de Hacienda, quienes levantaban de manera sistemática los reparos e informes desfavorables interpuestos por el Interventor municipal, es un desprecio absoluto a la legalidad administrativa".
VOX califica de "teatro político" la actitud de la dirección del Partido Popular (PP) que "corre a pedir plenos extraordinarios para exigir la comparecencia urgente del alcalde de Tías mientras oculta de forma deliberada que su propio consejero al frente del Consorcio de Seguridad y Emergencias mantenía a Boluntis como colaboradora preferente, regándola con fondos públicos y recursos técnicos directos".
Además, también incluyen al área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote que dirige Marci Acuña en la situación. "La nefasta gestión y la falta de auditoría real alcanzan de lleno al área de Bienestar Social dirigida por Marci Acuña", dicen. VOX asegura que este departamento entregó una partida de 18.000 euros a la ONG bajo sospecha para el acompañamiento y custodia de menores extranjeros no acompañados (MENAS). "Lejos de fiscalizar una labor tan sensible, el Gobierno insular recurrió a fórmulas laxas de abono anticipado y dispensa de garantías, permitiendo que la entidad dispusiera del dinero de forma íntegra a cambio de un cheque en blanco, solapándose con los opacos fondos transferidos por el Gobierno de Canarias", critican.
"Vehículos de rally y cementerios: El saqueo de los fondos de emergencia"
Para VOX, la denuncia penal que maneja la Fiscalía evidencia prácticas intolerables que califica de saqueo institucional. "La ocupación ilegal de dependencias en el cementerio municipal, el uso de operarios de Protección Civil como mano de obra privada y la falsificación de matrículas de camiones oficiales para desviar el dinero de mantenimiento hacia vehículos particulares de competición de rally vinculados al entorno del coordinador municipal. Han utilizado el pretexto de las emergencias, la asistencia social y el cuidado de los colectivos más vulnerables como un escudo ético para emitir cheques en blanco a sus allegados, pisoteando la Ley de Contratos del Sector Público", sentencia con firmeza la concejal de Tías, Esther Tamargo.
VOX se ratifica como la única fuerza fiscalizadora real en Lanzarote y Tías, anunciando una ofensiva institucional sin precedentes. Además, señalan que exigirán la auditoría externa inmediata de todas las subvenciones concedidas a asociaciones y colectivos de la Isla en los últimos años, advirtiendo de que no pararán hasta que los responsables políticos de esta trama asuman las consecuencias ante los tribunales y devuelvan el dinero público hasta el último céntimo.