El portavoz adjunto del Grupo Nacionalista -Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (PNC)- en el Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para explicar, tal como hizo ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, el pasado 30 de agosto, la forma en la que abonó su vivienda y la procedencia de los fondos con los que realizó dicho pago, “desmontando a mi juicio muchas de las conjeturas de los autos judiciales, aclarando muchas dudas y explicando con todo lujo de detalles cómo, cuándo y cuánto pagué por mi casa”.
En su exposición ante los medios, San Ginés reiteró que el origen de esta investigación tuvo lugar con motivo de una denuncia contra él por parte de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, “porque, según ella, Ignacio Calatayud o su entorno me pagaron o regalaron mi casa como contrapartida por contratarle y haber cobrado importantes costas procesales”.
“Como todos saben, tras esa denuncia, un ejército de guardias civiles enviados por el juez entró en mi casa buscando pruebas del presunto delito del que me acusó la señora Corujo obteniendo así, desde mi punto de vista, la imagen mediática que buscaba y que dio la vuelta a Canarias con la indudable intención de impedir que me pueda presentar a los próximos comicios electorales. Porque ese, y no otro, era el objetivo pretendido por la presidenta del Cabildo, una persona sin bagaje alguno en su gobierno y a quien solo le importa conservar el poder a base de eliminar a sus adversarios y convertir la política en un permanente teatro de relatos y fotos que en nada mejoran la vida de las personas”, apuntó.
En este punto, el ex presidente del Cabildo de Lanzarote aclaró que “tal como ya le declaré a su señoría, y toda vez que los propios informes de la Guardia Civil, que encontraron quinientos 500 euros, ya concluían un mes antes de entrar en mi casa que no existía ningún nexo entre Calatayud y su entorno con mi patrimonio, no tendría que dar ninguna explicación, ni a él, ni a la UCO y mucho menos a Dolores Corujo, de cuál es el verdadero origen de los pagos de mi vivienda, porque eso no está denunciado y por tanto no es lo que se investiga”. Sin embargo, destacó el actual portavoz nacionalista, “sí me siento en la obligación moral de aclararlo a la ciudadanía porque he sido su presidente entre los años 2011 y 2020 en que pagué mi vivienda, y porque tengo que asumir que han logrado sembrar una duda razonable cuando la policía entra en tu casa por orden judicial”. “Por eso y, por supuesto, porque tengo derecho a limpiar mi nombre de tanta infamia”, subrayó.
Llegados a este punto, San Ginés explicó que el precio de compraventa de su vivienda, pactado en diciembre de 2011, fue de 360 000 euros, “por encima incluso de su valor catastral, que en 2012 era de 222 000 euros, según los propios informes de la UCO, e íntegramente abonados con fondos propios, disponibles o formalmente adeudados, entre diciembre de ese año y febrero de 2020”.
En este sentido, aclaró que “cuando se pacta el precio en 2011, se acuerda con la propiedad de entonces que realizaría una entrega a cuenta en efectivo de 60.000 euros, y así lo hice tras hacer las consultas legales pertinentes y comprobar que no existía ninguna prohibición o impedimento legal para realizar pagos en efectivo”. “Al vencimiento de este primer contrato, y en sucesivas ocasiones, renegociamos las condiciones de pago, pero nunca el precio de la vivienda por la que terminé pagando el precio acordado, esto es, los 360.000 euros inicialmente acordados aunque tuve que endeudarme para ello”, insistió.
En concreto, según la documentación que aportó el ex presidente en la rueda de prensa, los pagos realizados fueron los siguientes:
-265.000 euros mediante transferencias bancarias, según consta en los propios informes de la UCO.
-95.000 euros en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle: 60.000 euros, en 2011; 15.000 euros en 2015 y 20.000 euros en 2018.
San Ginés también aclaró que “todos los pagos realizados en efectivo, y por supuesto el resto, son lícitos y proceden de fondos propios” a cuyos efectos ha detallado al juez fechas exactas y entidad bancaria de la que tienen origen los préstamos y pagos, que es el siguiente:
-85.000 euros procedentes de devoluciones en efectivo de Leandro San Ginés –hermano de Pedro San Ginés– por préstamos que éste le había realizado desde sus cuentas bancarias y por tanto 100% comprobables.
-10.000 euros retirados por el propio Pedro San Ginés de su cuenta corriente en la entidad Bankia. Este dato fue confirmado tras su declaración y posterior acceso a sus contratos en sede judicial.
San Ginés también explicó que “en total realicé a mi hermano, sólo a través de entidades bancarias, diez operaciones de préstamo entre los años 2010 y 2018 por importe de 274.000 euros”.
En concreto, el detalle de los préstamos es el siguiente:
-174.500 euros por ampliación de un crédito hipotecario en Santander Central Hispano en marzo de 2010.
-30.000 euros de un préstamo personal solicitado al Santander Central Hispano en mayo de 2011.
-28.500 euros de un préstamo personal solicitado a Cajamar Caja Rural en marzo de 2015.
-41.000 euros en siete transferencias bancarias desde su cuenta en la entidad Bankia entre mayo de 2011 y enero de 2018, y por tanto de inequívoca comprobación.
A este respecto, Pedro San Ginés dijo que “el cien por cien de estas diez operaciones por importe de doscientos setenta y cuatro mil euros fueron íntegramente destinadas a salvar la delicada situación económica de Grúas San Ginés”. “Jamás recibí un céntimo de euro de Grúas San Ginés que no fuera mío, sino todo lo contrario. Y lo hice porque de esa empresa vivían mi hermano y mi cuñada, además de mis tres sobrinas que eran empleadas de la compañía familiar”, aseveró rotundo.
Sobre los motivos para no registrar la compra de la vivienda adquirida, el ex presidente del Cabildo de Lanzarote manifestó en su comparecencia que “no es un trámite obligatorio y, por lo tanto, es legal no hacerlo y, de hecho, los informes de la UCO al respecto también concluyen que ‘esta falta de normalidad no incurre en ilegalidad’”. Al respecto añadió que “el contrato contiene una cláusula con una reserva de dominio que impide la elevación a público de la compraventa hasta que estuviera completamente abonada, cosa que no ocurrió hasta 2020”.
Cuestionado sobre el motivo por el cuál no incorporó la adquisición de la vivienda a su declaración de bienes del Cabildo de Lanzarote a que están obligados los cargos públicos de la corporación, San Ginés explicó que “cuando hice la declaración en 2019, aún no la había pagado y, por tanto, según el propio contrato, no era de mi propiedad entonces y entiendo que solo tengo obligación de declarar mis bienes al principio del mandato y al final del mismo para determinar cuál ha sido mi incremento patrimonial”.
