Pedro San Ginés confía en que la Justicia depure todas las responsabilidades de Dolores Corujo en el caso Sosa
“La investigación tendrá que determinar todas las responsabilidades, pero resulta muy difícil pensar que una operación política de esta naturaleza pudiera desarrollarse sin el contubernio de Ángel Víctor Torres y Dolores Corujo”, dice
El secretario general de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, Pedro San Ginés, ha mostrado este viernes su confianza en que la justicia “llegue hasta el final y depure todas las responsabilidades” después de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas, tal y como adelantó este diario, haya concluido sus diligencias de investigación en el denominado caso Sosa apreciando indicios racionales de una posible prevaricación administrativa, con eventual conexión con otros delitos contra la Administración Pública, vinculados al Decreto 5684/2021 dictado durante la Presidencia de María Dolores Corujo al frente del Cabildo de Lanzarote.
Los nacionalistas explican en nota de prensa que lejos de archivar las diligencias, la Fiscalía Provincial ha acordado remitir íntegramente las actuaciones a la Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al afectar los indicios a María Dolores Corujo Berriel, actualmente diputada nacional y por tanto aforada.
“Durante años el PSOE intentó hacer creer que este asunto respondía únicamente a una estrategia política de Coalición Canaria. Hoy la propia Fiscalía desmonta ese relato al apreciar indicios racionales de una posible prevaricación administrativa y elevar el expediente al Tribunal Supremo”, afirma Pedro San Ginés.
El dirigente nacionalista recuerda en su nota que la decisión de la Fiscalía “no consiste en un archivo, sino precisamente en lo contrario, y entiende que existen elementos suficientes para que sea la Fiscalía del Tribunal Supremo la que valore la continuación de las diligencias por la condición de aforada de Dolores Corujo”.
El núcleo de las actuaciones se sitúa en el Decreto 5684/2021, dictado por Dolores Corujo en el seno del Cabildo de Lanzarote, y en la utilización del mismo por parte de Juan Manuel Sosa, quien lo ha presentado en los juzgados pretendiendo lo mismo que pretendía el decreto, dar cobertura administrativa a una situación que, según los indicios apreciados por la Fiscalía, podría haber vulnerado las exigencias legales aplicables a la actuación de los cargos públicos y al correcto manejo de los recursos públicos insulares. “La investigación tendrá que determinar todas las responsabilidades, pero resulta muy difícil pensar que una operación política de esta naturaleza pudiera desarrollarse sin el contubernio de los expresidentes de Canarias, Ángel Víctor Torres y de la ex presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo”, manifiesta San Ginés. “Si María Dolores Corujo tuviera un mínimo de decencia política, ya habría dimitido de su escaño en el Congreso y pedido perdón por promover primero este transfuguismo delictivo y pretender después que sean los lanzaroteños los que paguen las deudas de Sosa; por eso, sé que no lo hará, pero sí espero que la Justicia llegue hasta el final y que, si existieron responsabilidades penales, sean depuradas con todas las consecuencias”, concluye.