Pedro de Armas pide que el Ayuntamiento de Arrecife realice un estudio riguroso sobre la fórmula que se podría aplicar para reducir los enormes gastos que tiene la institución en su defensa jurídica
El portavoz del Partido Nacionalista de Lanzarote-Nueva Canarias (PNL-NC) en el Ayuntamiento de Arrecife, Pedro de Armas Sanginés, registró el pasado mes de noviembre una moción de la que ha informado este domingo en nota de prensa sobre su deseo de que la institución que preside el nacionalista Manuel Fajardo Feo realice un estudio riguroso sobre la fórmula que se podría aplicar para reducir los enormes gastos que tiene la institución en su defensa jurídica y que contemple la posibilidad de sacar a concurso dicho servicio.
En la exposición de motivos de una iniciativa que se debatirá este martes, recuerda que "en las últimas semanas se ha reabierto un tenso debate sobre la enorme cantidad de dinero que gasta cada año el Ayuntamiento de Arrecife en su defensa jurídica, con facturas presentadas por los distintos letrados que superan de largo lo inicialmente presupuestado y que en el caso del presente ejercicio alcanza la astronómica cifra de 816.000 euros". "Es razonable pensar que una institución que apenas tiene dinero para asfaltar las calles donde residen los vecinos que pagan los impuestos que la mantienen, no puede consentir un solo día más que no se busquen fórmulas que impidan que esta situación se siga produciendo año tras año. No es lógico que los criterios que se aplican para la mayor parte de los proveedores de la institución no se apliquen con este colectivo, produciéndose además del gasto desorbitado situaciones no deseables como la concentración de la contratación de los pleitos en un mismo despacho de abogados", subraya en su escrito.
De este modo, recuerda que en distintos informes técnicos, como el firmado el pasado 28 de octubre por la responsable del Departamento de Contratación, se recuerda que los procedimientos cuyo presupuesto de licitación exceda de 18.000 euros y hasta 60.000 euros se podrán tramitar a través del procedimiento negociado sin publicidad, con la salvedad de que si estos contratos exceden de 60.000 euros se deberán tramitar a través del procedimiento abierto. "¿Ha habido en el mismo ejercicio contable algún despacho de abogados que ha facturado o cobrado más de 60.000 euros? La respuesta es sí, y por tanto, se está incumpliendo con lo que determina el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público", remarca.
Por eso, expone que para evitar que esto siga sucediendo, para evitar que el actual grupo de gobierno se vea envuelto en polémicas como las que se han suscitado recientemente, sería razonable que realizara a la mayor brevedad un estudio sobre la situación y que buscara la fórmula más adecuada no sólo para reducir los gastos que se están produciendo sino para acabar con la concentración de facturas en determinados despachos. "Entendemos que la fórmula no es otra que sacar a concurso la defensa jurídica del Ayuntamiento de Arrecife, no inventando nada sino siguiendo el modelo de otras instituciones de Canarias, como el Ayuntamiento de Tías, donde su actual grupo de gobierno sacó a concurso este asunto por una cantidad de 60.000 euros, y lo acabó adjudicando finalmente a un despacho local por 35.000 euros anuales", insiste.
Por último, comenta que en su grupo son conscientes de que el volumen de trabajo del Ayuntamiento de Arrecife, sobre todo como consecuencia de que algunas formaciones políticas por distintos intereses decidieron echar abajo el anterior plan general, es superior al de corporaciones como la de Tías, de ahí que crean necesario que se realice el estudio de la situación y que posteriormente se establezca qué cantidad sería la adecuada para que concurrieran al concurso público los mejores despachos, aquellos que puedan cumplir con una labor tan importante como la que es ahora objeto de debate.