Oswaldo Betancort garantiza que su grupo de gobierno no permitirá que los vecinos acaben pagando por “herencias envenenadas”

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, aseguró este miércoles por la mañana durante la rueda de prensa que ofreció en el Palacio Spínola que ni él ni su grupo de gobierno van a consentir que los vecinos del municipio paguen por las “herencias envenenadas” que están recibiendo, concretando el dardo en la última sentencia judicial que se remonta a la expropiación de unos terrenos en 1985 en Caleta de Caballo y que obliga a la institución a pagar en un primer momento seis millones de euros.

El alcalde, que estuvo acompañado por el concejal de Hacienda, Miguel Ángel Jiménez, no quiso en ningún momento centrarse en las culpas del grupo de gobierno que adoptó la decisión que ahora han tumbado los tribunales de justicia en sentencia firme, aunque sí que mostró su perplejidad por el contenido de una sentencia en la que se dice, entre otras cosas, que el Ayuntamiento no sólo usurpó los terrenos a sus legítimos propietarios sino que se dedicó a “regalar parcelas a otros vecinos”. “Como es lógico, la Corporación actual no va a entrar en el fondo de lo que sucedió en aquella época, vamos a actuar para resolver el problema”, explicó.

Sin embargo, su concejal sí quiso aclarar, ante la insistencia de algunos periodistas presentes, que aquel grupo de gobierno estaba presidido por el líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, aunque el alcalde se negó a atender también la insistencia de alguno de los presentes en saber si se iban a emprender acciones de algún tipo. “No sé si ese asunto está prescrito o en qué situación se encuentra, o por qué otros alcaldes posteriores no abordaron esa cuestión, lo importante ahora es explicar a los vecinos lo que vamos a hacer”, comentó.

Y lo que va a hacer el alcalde y el grupo de gobierno en primer lugar es acudir de nuevo a los tribunales para intentar rebajar el dinero que se estima que habría que pagar por la parcela de 17.000 metros cuadrados de suelo urbano y los 7.900 metros cuadrados de suelo rústico que se expropió de forma incorrecta. En un primer análisis, estiman que podrían rebajar un millón de euros más, quedando por tanto el pago obligado al que habría que hacer frente, en el caso de no poder llegar a otro acuerdo con los propietarios, en 5 millones de euros.

Betancort explicó que la institución lleva peleando para evitar el “marrón judicial”, como lo definió Jiménez, desde hace años, concretando que en 2007 se ha intensificado el pleito. El 23 de abril de ese año la empresa Caleta de Caballo y Herederos, S.L., reclamó un total de 17 millones de euros, cantidad que con los años se ha conseguido rebajar considerablemente.

“No se trata de ser alarmistas ni de echar las culpas a nadie, pero sí de decirle claramente a los vecinos de municipio que aunque se seguirán haciendo las cosas, llegarán más lentas”, relató el alcalde. Y aunque las cosas se harán así, especialmente en materia de inversión, afirmó rotundo que no van a recortar ni en cultura, ni en deportes, ni en educación ni en asuntos sociales.

El alcalde de Teguise dejó claro que no son capaces de prever cómo se va a resentir el capítulo de inversiones del actual presupuesto, de donde en teoría se tendría que sacar la partida para hacer frente a la sentencia más el dinero que ya se había consignado para este tipo de imprevistos. En tono positivo señaló que no van a tirar la toalla y que tratarán de que otras administraciones, especialmente el Gobierno de Canarias, se impliquen en la ejecución de los proyectos que se queden fuera por culpa del varapalo judicial.

Visión del concejal de Hacienda

El concejal de Hacienda de Teguise trató de hacer un resumen pormenorizado de la situación económica de la institución tanto para tranquilizar a los vecinos como para ensalzar la labor que han realizado y que les ha llevado, por ejemplo, a ponerse al día en el pago a proveedores, primero con una inyección inicial de 4 millones de euros atendiendo al plan diseñado por Cristóbal Montoro y posteriormente, hace apenas un par de semanas, con el pago de 800.000 euros que prácticamente dejaban al día a casi todo el mundo.

Jiménez habló de una “nefasta gestión del pasado” para definir lo que había sucedido en una institución que a día de hoy tiene una deuda de 17 millones de euros, deuda que han disminuido entre otras cosas racionalizando el gasto y haciendo frente a la supresión de servicios como el que prestaba para la institución la Unión para la Conservación de Costa Teguise (UCCT). “Todos esos esfuerzos, como sacar a concurso el tema del combustible, de la luz, la jardinería, la luz y sonido, etcétera, están redundando en el beneficio de la institución y en el beneficio de los vecinos”, precisó, aseverando que a pesar de la mala situación que heredaron “hemos sido capaces de afrontar lo importante”.

"Esto es un marrón, pero somos responsables y lo vamos a sacar a adelante atendiendo todas las necesidades de los vecinos", manifestó contundente.