Óscar Noda denuncia que varios empresarios de Playa Blanca están ignorando las órdenes de derribo parcial de sus hoteles
El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, denuncia en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que varios empresarios de la zona de Playa Blanca están ignorando las órdenes de derribo parcial que está emitiendo el Ayuntamiento sureño en el proceso de intento de regularización de dichos establecimientos turísticos con sentencias en contra, tras analizar la documentación, las licencias y los expedientes de varios hoteles.
"Ya se han dado órdenes de derribar, pero luego otra cosa es que el promotor haga caso o no lo haga. Hasta el momento no están haciendo caso. Nosotros seguimos con el procedimiento y si hubiese que llegar a la ejecución subsidiaria, se llegará. Desde luego, lo que se ha determinado tiene que cumplirse. Es verdad que estos casos normalmente se judicializan luego y los procesos se alargan en el tiempo. Nosotros estamos tomando las medidas adecuadas", ha explicado el alcalde en el programa 'A buena hora'.
Noda ha advertido de que "hay algunos promotores que prestan más interés y otros que no" y ha precisado que el Ayuntamiento de Yaiza depende en estos momentos "de que presenten los proyectos de adecuación y de demolición en algunos casos".
El regidor sureño ha precisado que "seguimos estudiando cada caso". "Son complicados y llevan su tiempo, pero el procedimiento sigue, aunque dependamos también de la voluntad de los promotores y de los dueños de los hoteles para que presenten la documentación", ha afirmado.
Respecto a los inmuebles no finalizados en el sur de Lanzarote, el alcalde ha explicado que "con la explosión de la burbuja inmobiliaria hubo muchas obras que se quedaron a medias. Con el Plan General se van regularizando algunas de estas, sobre todo en el Plan Parcial de Playa Blanca. Se va avanzando y ese Plan, junto al de Marcial de Rubicón, está a punto ya de recepcionarse".
Somos Lanzarote pide la comparecencia de Echedey Eugenio
En este sentido, precisamente este miércoles en el pleno previsto en el Cabildo insular, el grupo Somos Lanzarote va a reclamar la comparecencia de Echedey Eugenio, responsable de Política Territorial de la Institución, para que detalle la situación de establecimientos como el Papagayo Arena, con licencia anulada por los tribunales de Justicia.
"Hemos tenido acceso a la petición que ha hecho la representación legal del Papagayo Arena, que desde nuestro punto de vista es una de las aberraciones más espantosas que se han hecho contra el territorio en Lanzarote. Su representación legal pedía que el consejero de Política Territorial, Echedey Eugenio, intercediera en una especie de negociación para la ejecución de la sentencia, pues este hotel tiene su licencia anulada por la Justicia", ha explicado el portavoz de Somos Lanzarote, Tomás López..
El consejero de los asamblearios ha añadido que "los departamentos jurídicos del Cabildo ya han contestado que no cabe esa negociación, sino solo que se ejecute la sentencia", aunque en las filas de Somos Lanzarote quieren "conocer cuál es el sentir del grupo de gobierno sobre esta cuestión".
Según López, "el grupo de gobierno considera que hay que pasar página con este tema de los hoteles, pero queremos preguntar si finalmente se va a interceder o no en un caso en el que no es que falte un papelito, como se escuda este hotel, sino que se comió un acceso a la playa, se metió más allá de la línea de costa y construyó más pisos de la cuenta" "Fue un caso en el que pasó a usarse la Ley del Oeste en el sur de Lanzarote", ha lamentado.
aha lamentado.
El hotel, de la sociedad levantina Explotaciones Nueva Valencia, consideraba que en la sentencia se había incluido un motivo sin que se le hubiera dado la oportunidad de discutirlo. El tribunal sigue sosteniendo que no ha existido indefensión y que al anularse la licencia de obra del hotel se anulan a su vez el resto de licencias conseguidas tras ella. El TSJC impone las costas del proceso a la empresa.
El caso del Papagayo Arena es uno de los 27 casos de licencias en Playa Blanca y Costa Teguise anuladas por los tribunales a instancias del Cabildo de Lanzarote y de la Fundación César Manrique, que se mantienen desde hace años en situación de ilegalidad. La ejecución de la sentencia se está intentando encajar a través de una legalización en el Plan General de Yaiza y del Plan Insular de Ordenación (PIO) del Cabildo, que deberán ratificar los tribunales.