La oposición de Tías denuncia que el Gobierno de Pancho Hernández ha hecho desaparecer la factura de 50.000 euros por saneamiento del listado que lleva el próximo martes a Pleno por segunda vez
La oposición del Ayuntamiento de Tías ha denunciado este martes en Crónicas Radio-COPE Lanzarote que el Gobierno municipal que sustentan Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) ha hecho desaparecer la factura de 50.000 euros pendiente de pago por las obras de saneamiento realizadas en las villas blancas de la calle Timple de Puerto del Carmen del listado que lleva este miércoles a pleno por segunda vez.
Así lo ha denunciado el portavoz de Nueva Canarias (NC), Mame Fernández, que ha criticado en el programa 'A buena hora' que PP y CC han retirado del listado de los reconocimientos extrajudiciales la factura pendiente de abonar a la empresa Rustilanza, retirada en el último pleno a sabiendas de que su aprobación podría conllevar responsabilidades judiciales para el grupo de gobierno de Tías, a tenor del demoledor informe del departamento municipal de Intervención, que hace ya más de un año advirtió de que el Ayuntamiento tendría que haber denunciado los vertidos en lugar de ejecutar las obras, que no son de competencia municipal.
"El miércoles tenemos las comisiones informativas de cara al pleno del martes de la próxima semana y curiosamente ya tenemos un reconocimiento extrajudicial de deuda nuevamente con casi las mismas facturas y con algunas más. Asombrosamente, esa factura de 50.000 euros no está, no aparece. De momento no se va a pagar. De momento, en el listado de facturas que tenemos ya esa desapareció. El miedo guarda la viña", ha manifestado Fernández en un tono crítico.
En total, los ediles populares con Pancho Hernández a la cabeza y el concejal nacionalista Amado Vizcaíno pretendían abonar en el último pleno de Tías facturas con reparo de Intervención por un importe superior a 122.000 euros, cantidad que en la sesión del próximo martes podría verse incrementada. "Aumenta en un par de miles de euros el reconocimiento que ya se llevó al pleno pasado, sigue habiendo cuatro o cinco facturas reparadas y el miércoles preguntaremos en la comisión dónde está esa factura, si desapareció y si se va a pagar", ha precisado el portavoz de NC.
Y es que, tal y como denunció en su día este diario, el interventor mostró su sorpresa por que, aparte de no corresponder la obra a las competencias del Ayuntamiento de Tías, la canalización de 50 metros que pedían los vecinos afectados de la calle Timple terminó transformándose en una de 150 metros de longitud.
"Preguntaremos por algunas de las facturas reparadas. Entendemos que los reparos son informes que elaboran los técnicos y que no todos los pagos deben suponer un delito", ha explicado el concejal nacionalista. "El técnico habilitado viene a decir que no se tramitó esa factura como se debía y por eso la rapara. Hay que hacer una retención de crédito y como no se han dado los pasos adecuados, el técnico ha emitido un informe en el que se lava las manos y advierte de que el procedimiento no ha sido correcto. Pero hay que pagar todo trabajo que se haya realizado", ha expuesto Fernández.
Dudas por la factura de una comida con cargos militares
El concejal de NC ha criticado que "cuando uno se pasa mucho tiempo en la oposición, como el PP, todo ahora se le viene en contra". En este sentido, ha denunciado que los populares "criticaban en su día mucho al PSOE porque se gastaba mucho dinero en comidas, trajes e invitaciones, cosas que criticaron mucho pero que ahora están haciendo en el PP que, en la misma línea, se está dedicando a pagar facturas de comidas como la celebrada con autoridades políticas y militares". Fernández asegura que esta factura "tampoco está". "Lo que sí está es la solicitud del restaurante para cobrar lo que costó la comida, pero ahora la factura no aparece. Vamos a preguntar por esta comida y por esta factura, aunque probablemente tampoco contestarán sino con evasivas en el pleno", ha remarcado.
Cabe recordar que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tías sustentado por el Partido Popular y Coalición Canaria pretendía en febrero pasado durante el último pleno municipal aprobar el pago de una factura de cerca de 50.000 euros por unas obras de saneamiento realizadas en una urbanización privada, las villas blancas situadas en la calle Timple de Puerto del Carmen, obras adjudicadas a la empresa Rustilanza S.L. sin concurso público previo y que no son competencia municipal. El aviso lo dieron los vecinos al Consorcio de Aguas en enero de 2015, las obras se ejecutaron en 2016 y la factura se presentó en noviembre de ese año. El informe de Intervención tiene fecha de enero de 2017 y el Gobierno de Pancho Hernández ha intentado abonarla en febrero de 2018, más de un año después de que el técnico municipal realizara su valoración.
La oposición de Tías cree que PP y CC dejaron este miércoles sobre la mesa el reparo de numerosas facturas para no incurrir en algún delito, aunque su intención inicial era la de aprovechar su mayoría para que se aprobara el pago durante el pleno. Una de ellas, de 50.000 euros, contaba con un informe negativo del interventor, que asegura literalmente en su nota de reparo que dicha obra no tenía previsión de gasto ni retención de crédito, y que ni siquiera era competencia municipal.
El "demoledor" informe de Intervención
"Resulta más que evidente que se trata de un gasto impropio del Ayuntamiento, que ha decidido de forma unilateral asumir un gasto que corresponde a los propietarios de dichas viviendas, asumiendo el coste de dicha obra de saneamiento. Máxime cuando el vertido se producía a unos 50 metros de la red pública y se ha construido un saneamiento de más de 150 metros", dice literalmente el referido informe de Intervención.
El interventor se refiere al artículo 76 del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de la isla de Lanzarote, donde figuran dichos vertidos como actividades prohibidas así como infracción sancionable, para afirmar con rotundidad que "no es ya solo que no sea obligación del Ayuntamiento ejecutar tales obras, sino que es su responsabilidad requerir a los propietarios para que cesaran en dicha actividad prohibida de vertido de aguas fecales a la vía pública bajo riesgo de multas o haber dado traslado al Consorcio de Aguas para que adoptara medidas oportunas".
El interventor, que también critica que el Gobierno de Pancho Hernández llevara por la vía de urgencia un asunto denunciado por los propietarios al Consorcio de Aguas en enero del año 2015, manifiesta claramente ante la factura en cuestión, que se eleva a los 49.969,55 euros, que "se ha omitido el procedimiento establecido por la normativa para la ejecución de gastos de solicitud previa de Retención de Crédito o tramitación de la correspondiente propuesta de gasto, y faltando el rigor que debe acompañar a la ejecución de gastos municipales que supone el uso de los fondos públicos municipales (...)" Se reitera en este informe la necesidad de que cese en dicha forma de actuar", sostiene el departamento de Intervención. "No existe situación de emergencia alguna", añade.