La oposición exige el expediente completo del laudo de Inalsa para abrir nuevos frentes en la investigación
“Hasta la fecha, hasta el día de hoy, no tenemos conocimiento oficial del auto de embargo ni de la demanda que inicialmente originaba dicho embargo”, explicó Pérez en referencia a la supuesta ejecución del laudo arbitral emitido hace unos meses por la Cámara de Comercio de Las Palmas, según el cual Inalsa tendría que pagar 12 millones de euros a la compañía. Esta cantidad es la resultante de la suma entre la indemnización a la que se enfrenta la empresa pública y los intereses.
La oposición toma la iniciativa
Por su parte, y en vista de que en la Junta de Portavoces no se avanzó en el asunto ni en las posibles repercusiones en caso del embargo, los grupos de la oposición exigieron el expediente completo del caso para abrir nuevos frentes a la investigación por su propia cuenta. Así, tanto el portavoz de Alternativa Ciudadana (AC-25M) como el del Partido Popular (PP), Francisco Cabrera, denunciaron una vez más que es “intolerable” que a día de hoy el equipo de gobierno se siga escudando, a su juicio, en la no comunicación oficial para plantarle cara al problema.
Para el portavoz de Alternativa, hay que impedir “lo que en un principio pretendían tanto PIL como PSOE con la firma de este contrato para privatizar la empresa pública parcialmente, la posibilidad de que Fomento de Construcciones y Contratas se quede con Inalsa”.
Pedro Hernández exigió que el expediente fuera remitido a la Fiscalía Anticorrupción, y que, en el caso de que finalmente Inalsa fuera condenada, tanto los políticos como los técnicos que respaldaron el contrato de 2001 pongan ahora su patrimonio personal para pagar las responsabilidades derivadas.
Por su parte, Cabrera rechazó la planificación que esta mañana entregaba el equipo de gobierno a la oposición, en relación al calendario y funcionamiento de la comisión que se constituirá el próximo 27 de octubre para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades. “No es lógico que el arduo trabajo de los técnicos han venido desarrollando sea debatido al final en tres viernes, y que ya en el cuarto esté programado que se obtengan las pertinentes conclusiones”, precisó.
El portavoz del PP en el Cabildo insistió en la necesidad de que dicha comisión disciplinaria fuera presidida por un miembro de la oposición para dotar de transparencia este asunto. Cabrera y el PP apuestan por la letrada y consejera popular Astrid Pérez. Sin embargo, dicho extremo será confirmado durante la propia constitución de la comisión, cuando la presidenta, Inés Rojas, delegue o asuma su presidencia.
Cuatro frentes
A pesar de que, según recordó Mario Pérez, FCC no cumplió con su parte del acuerdo, al no construir la planta por no obtener en su día los permisos municipales necesarios, “a día de hoy estamos luchando en cuatro frentes distintos: ante la Cámara de Comercio de Las Palmas, el Consejo Consultivo de Las Palmas, la Audiencia Provincial de Las Palmas y, cuando nos llegue el auto de embargo, lo haremos en el Juzgado Número 13 de Las Palmas”, dijo Pérez. El objetivo final es que no se ejecute el citado laudo para que no haya “ningún riesgo patrimonial en el que se incluyen los bienes, las cuentas y los activos de Inalsa”, apostilló.
El máximo dirigente de Inalsa explicó que lo que el equipo de gobierno le volvió a repetir una vez a la oposición en la Junta de Portavoces es que una vez que el auto sea recibido oficialmente, éste será trasladado a la Comisión Insular de Aguas, al Consejo de Administración de Inalsa y al Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote.
“Tenemos conocimiento de este auto a través de un diario local, pero oficialmente ni a Inalsa ni al Cabildo se nos ha trasladado ni el auto ni la demanda”, agregó Mario Pérez.
Dicho laudo, como se ha venido publicando, obedece al presunto incumplimiento de Inalsa en el contrato firmado en 2001 con la UTE Edad Janubio, por el que la empresa Fomento Contratas y Construcciones (FCC) construiría una planta desaladora en el sur de Lanzarote, desalaría el agua y a explotarla durante 15 años y, a cambio, la empresa pública le compraría a la adjudicataria el litro de agua a 53 pesetas.
Mario Pérez recordó que el contrato se firmó en 2001 con Plácida Guerra, del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) como consejera delegada de Inalsa, y con el socialista Enrique Pérez Parrilla como presidente del Cabildo insular de Lanzarote.
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