El nuevo juez archiva el caso de la gestión de Carlos Espino en los Centros Turísticos al no apreciar indicios de delito
El Juzgado Número 3 de Arrecife ha archivado el caso de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT´s) al no apreciar indicio alguno que permita sostener los delitos que los querellantes atribuían, entre otros, al ex responsable del Área en el Cabildo y ex secretario general del Partido Socialista (PSOE) en la Isla Carlos Espino. De esta manera, el nuevo titular, José Luis Ruíz Martínez, da carpetazo a un polémico asunto que llevaba diez años durmiendo el sueño de los injustos en la Vía Medular de la capital lanzaroteña, en una decisión que va a generar los mismos ríos de tinta que ha generado la instrucción de la causa en todas sus fases.
Como se recordará esta causa penal se puso en marcha en 2010, cuando la entonces consejera del Cabildo de Lanzarote al cargo de la empresa pública y presidenta insular del Partido Popular (PP), Astrid Pérez, actual alcaldesa de Arrecife por el apoyo precisamente del PSOE y de Nueva Canarias (NC-Somos Lanzarote), decidió llevar a los tribunales la gestión de su antecesor en el cargo, Carlos Espino, que en aquel momento era el secretario general del PSOE en la Isla al entender que la nefasta gestión que llevó a la empresa pública prácticamente a la ruina, nefasta gestión reconocida por el propio implicado, era algo más, encerraba la posible comisión de una serie de delitos como el de malversación de caudales públicos.
En abril del año pasado, el juez que entonces estaba al frente de la investigación, Rafael Lis, determinó que existían "poderosos elementos indiciarios" que apuntaban a que Espino y el resto de querellados en la causa podían haber cometido delitos de prevaricación, falsedad y malversación de fondos públicos. Como consecuencia de ello, exigió a Carlos Espino una fianza de 1,5 millones de euros para cubrir sus posibles responsabilidades civiles.
Año y medio después, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife no aprecia indicio alguno de delito en la causa que heredó del magistrado Rafael Lis, cuya tramitación critica abiertamente en varios pasajes del auto de archivo al que ha tenido acceso este diario.
El instructor José Luis Ruiz Martínez califica de "insólito y sorprendente el desfase" que se ha producido en la tramitación de esta causa penal, tilda de "esperpéntico y fuera de lo usual" el trato dado a alguno de los imputados en este tiempo y reprocha a los querellantes haber pretendido llevar adelante una suerte de "inquisición general", basada en afirmaciones "peregrinas".
El magistrado critica "la injustificada ralentización" que ha sufrido este procedimiento penal y la "indolencia" que observa en "la resolución de los numerosos recursos de reforma" que presentaron las diferentes defensas para pedir su nulidad.
También critica que se permitiese a la asociación de juristas admitida como acusación popular, la Jiménez de Asúa, "campar por sus anchas por el procedimiento" y tilda de "insólito, sino temerario", el auto por el cual el juez Lis solicitó fianzas "millonarias" a algunos de los querellados en abril de 2018 (en una decisión luego dejada sin efecto por la juez que lo sustituyó en el cargo).
El sobrecoste de la cocina de Jameos no superó el 20%
El nuevo instructor del caso aprecia ahora en los hechos que se atribuyen a los querellados un relato "profuso, confuso y difuso", pero no pruebas o indicios de que prevaricaran, malversaran fondos públicos o recibieran sobornos a cambio de determinadas contrataciones. Como se recordará, uno de los aspectos más criticados en esta causa fue el presunto sobrecoste que afectó a la financiación de cocinas como las de Jameos del Agua, hechos en los que hoy el juez no aprecia delito alguno.
Respecto al aumento de precio que tuvieron esas obras, señala que fue de 44.890 euros, “lo cual no supone un incremento superior al 20% del total de la obra”, por lo que entra dentro de lo “legalmente previsto”. Además, reproduce declaraciones de testigos que relataron las “cuestiones técnicas imprevistas” que surgieron durante la ejecución de los trabajos, como “filtraciones”.
Por ello, falla que procede decretar el sobreseimiento provisional y archivo de todo lo instruido en este caso con respecto a "todas las personas que en el momento histórico presente detentan la condición de investigados".
En la actualidad y desde las últimas elecciones municipales de mayo, Espino ocupa el cargo de jefe del Gabinete de la actual presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, también secretaria general del PSOE en Lanzarote y diputada regional del Grupo Socialista por la Isla.
Además de la Asociación Jiménez de Asúa, se habían personado en este caso contra él el grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, como acción popular, y el presidente durante las pasadas dos legislaturas de la Corporación insular, el nacionalista Pedro San Ginés, como denunciante. De hecho, San Ginés llevó este caso directamente a la Guardia Civil en plena operación Unión.