Acelerar la toma de decisiones en un entorno que se conoce de primera mano. Éste podría ser el resumen del objetivo por el que comunidades autónomas como Canarias llevan años reclamando al Gobierno central que se le transfieran las competencias en materia de Costas, las que permiten ordenar y decidir sobre el litoral de las Islas.
Las expectativas de la transferencia sobre la gestión del litoral, ya aprobada por el propio Consejo de Ministros, con multitud de asuntos empantanados de iniciativa pública y privada en las Islas, son altas entre los agentes económicos de las Islas. Y en principio parece que sí, que todo apunta a que se gestionará mejor el litoral desde la propia Comunidad Autónoma, al menos, de manera más eficiente.
En este contexto y con las competencias que a día de hoy controla por ahora el Gobierno autónomo, no es de extrañar que durante décadas haya habido reproches desde las Islas al Gobierno español, pues hasta ahora ningún Ejecutivo había dado este paso para evitar que las decisiones que se adoptan en relación a cualquier playa, golfo, escollera, muelle, … de las Islas se tomen a miles de kilómetros del Archipiélago, en lo que Cubillo y otros calificaban como “el corazón de la metrópolis”.
Ejemplos de la nula o escasa atención con la que parece que se han venido atendiendo desde Costas las reclamaciones y solicitudes de las administraciones insulares y locales de Canarias es lo que exponía este martes en Crónicas Radio-COPE Lanzarote el alcalde de Teguise y, a su vez, diputado del Grupo parlamentario Nacionalista por Lanzarote, Oswaldo Betancort que, en declaraciones al programa ‘A Buena Hora’ ha llegado casi a hablar de “ninguneo” por parte de este departamento estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. “No hemos podido sacar la licitación de las hamacas de Costa Teguise, que también es un valor añadido para la localidad de Costa Teguise, porque llevamos 4 meses esperando a que la Gerencia de Costas en Gran Canaria nos dé un informe, 4 meses esperando porque Costas no nos emite un informe”, ha denunciado Betancort, que alerta sobre “la realidad competencial en estos momentos en Canarias con respecto a Costas”. “No sólo están parando la licitación de las hamacas de Costa Teguise, sino también nos está paralizando unos cuatro proyectos de inversores en la misma zona, a la espera de un informe sectorial”, ha dicho el regidor nacionalista.
El Gobierno de Canarias ha fijado en el ya inminente verano la fecha para consumar la transferencia de las competencias sobre Costas, actualmente en manos de la Administración del Estado y sin duda la materia más relevante desde el punto de vista económico de entre las que figuran en la nueva redacción del Estatuto de Autonomía de las Islas, aprobado en noviembre de 2018. “Mi pregunta, que ya la tengo presentada en el Parlamento”, ha adelantado Oswaldo Betancort, “es de qué forma, con qué personal, quiénes van a emitir los informes, cuánto tiempo se va a tardar en completar la transferencia de competencias a Canarias y cómo quedaremos los ayuntamientos”.
En concreto los equipos técnicos del Ministerio y la Consejería de Transición Ecológica han abierto el proceso inaugurado el pasado día 3 de junio por el departamento de Política Territorial del Ejecutivo central, ahora liderado por el ministro Miquel Iceta como relevo a su vez de la ministra canaria Carolina Darias, que abrió el diálogo institucional para llevar a buen puerto un proceso que busca acercar a las Islas la toma de decisiones sobre los 1.583 kilómetros del litoral canario.
Municipios dependientes de Costas y Fomento
El anhelo por la autonomía que a Canarias le daría hacerse cargo de esas competencias de Costas y del Estado no parece ser algo exclusivo de las formaciones nacionalistas. Y para muestra un botón. El alcalde de Tías, José Juan Cruz, ha reconocido en el mismo programa radiofónico que también en su municipio, turístico también y que depende de Costas y de Fomento para gran parte de su desarrollo, se han realizado solicitudes a Costas sin que pareciera que dicho estamento haya atendido en tiempo y en forma peticiones locales. A Cruz, que es también secretario de Organización del mismo partido que en estos momentos mantiene centralizadas esas competencias de Costas, el Partido Socialista (PSOE), no le ha dolido en prendas hacer público que llama cada semana sin éxito al departamento del Ministerio de Medio Ambiente. “No tenemos servicio de playa, lo que es malo primero para el servicio, que hay que prestar. En estos 15 meses prácticamente las playas han estado desiertas, salvo algunas semanas puntuales o algunas playas donde suele ir la gente local”, ha apuntado José Juan Cruz.
El alcalde de Tías ha puesto también el acento en la pérdida económica que la falta de servicios en las playas supone para las arcas municipales. “Para el Ayuntamiento de Tía esto ha significado una merma de un millón de euros al año, que es el canon por los servicios que teníamos concedidos, hamacas, elementos náuticos, parques acuáticos, etcétera”, ha dicho.
Además, dado que los expedientes hay que tramitarlos con Costas cada 4 años, y comoquiera que el del municipio de Tías se venció, el alcalde ha destacado que “tenemos solicitado el expediente de las playas del municipio de entre el año 2021 y el año 2025, pero a día de hoy nos falta la autorización de Costas”. “En eso estamos. Todas las semanas tengo una llamada que hacer de obligado cumplimiento”, ha advertido Cruz.
Expedientes empantanados y olvidados
Por su parte, el diputado nacional de Nueva Canarias (NC) por la provincia de Las Palmas, Pedro Quevedo, abordada este 15 de junio también esta cuestión competencial en materia de Costas alegando que situaciones muy similares a las de los municipios turísticos de Lanzarote se han dado en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, de cuyo Gobierno municipal forma parte Quevedo.
“Tengo una sensación de desbordamiento por parte de esta gente, de despiste y de desconocimiento de la realidad canaria, que de verdad es preocupante”, ha manifestado el diputado y concejal de NC, que reclama que en el proceso de transferencia de la competencia no queden expedientes sin contestar y en el olvido. “Si no peleamos por esto nosotros, no lo hace nadie, pero lo que tienen que hacer es convocar cuanto antes esa Comisión mixta de transferencias”, ha opinado.
En versión del parlamentario nacionalista, “esa transferencia de competencias se tiene que producir ya”, ha dicho. En Canarias “no podemos seguir esperando pues cada vez que tenemos que esperar por Madrid, o nos hacen una jugarreta o se retrasan hasta el día del juicio final”, ha indicado Quevedo, que recuerda que “este acuerdo está en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y es una competencia que se tiene que transferir a Canarias”. “Ya está demostrado y ha quedado claro por qué, porque cada vez que dejemos cualquier asunto en manos de no sé quién en el Paseo de La Castellana, Dios nos libre y guarde”, ha apostillado.
¿En qué se traduce este catálogo de potestades?
¿En qué se traduce este catálogo de potestades? En que “todo lo que no sea la delimitación del dominio público marítimo-terrestre a través de los deslindes será competencia autonómica”, según explicaba hace unos días en Crónicas Radio-COPE Lanzarote el consejero de Transición Ecológica de Canarias, José Antonio Valbuena, muy tajante al recordar que “aunque la legislación será la misma, la gestión autonómica le dará proximidad y agilidad, porque la Dirección General de Costas, ahora en manos de la Administración central, ha sido por lo general muy lenta y poco accesible a las administraciones y los agentes económicos de Canarias; esta es una queja generalizada de cabildos y ayuntamientos, por ejemplo”.
Respecto al desarrollo de proyectos vinculados al uso del litoral, el consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Ejecutivo autonómico asume un compromiso vinculado a los plazos de respuesta: “La gestión autonómica supone la capacidad de ofrecer una interlocución directa y conocedora del territorio a la hora de tomar decisiones basadas en una legislación que, insisto, será la misma. Pero en lo que concierne a este Gobierno, asumimos el compromiso de dar seguridad jurídica y plazos de respuesta razonables para que una inversión tenga la capacidad de materializarse”, ha expuesto el consejero Valbuena en Crónicas Radio.
Conflictividad
Aunque hay sobrados ejemplos de permisos, cánones y concesiones del litoral de Lanzarote pendientes de la decisión de Costas, un reciente ejemplo de esa conflictividad institucional en este rango de competencias ha sido días atrás la renovación del Oliva Beach, en La Oliva, Fuerteventura. El hotel majorero de la cadena Riu obtuvo en el año 2016 una renovación de la concesión por un periodo de 75 años, pero desde entonces no ha logrado obtener la autorización para emprender las obras de renovación del inmueble, ubicado en el dominio público del litoral de Corralejo, en Fuerteventura. Las claves, 400 empleos a la espera de una solución, el hotel cerrado y la ofensiva del Ejecutivo central para declarar la nulidad de una concesión otorgada por la misma Administración.
Críticas empresariales por las prohibiciones para rodar
Las organizaciones empresariales de Lanzarote – Federación Turística de Lanzarote, Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios -, han venido también criticando duramente la negativa de Costas a conceder permisos necesarios, entre otras actividades, para que el rodaje de la serie de Netflix ‘Bienvenidos al Edén’ pudiera culminarse en Lanzarote, tal y como estaba previsto.
Los empresarios de la Isla lamentaban semanas atrás la situación en que estas decisiones administrativas dejan a la economía y el empleo, duramente afectado por la pandemia y tan necesitado de nuevos impulsos y proyectos, perjudicando tanto a las empresas vinculadas con la industria cinematográfica como otras muchas del sector servicios como el transporte, catering o alojamiento, además de perder ingresos que el equipo de rodaje dejaría en la isla durante los meses de rodaje, como en restauración, comercio, entre otros.
