Murillo pide al Colegio de Abogados que verifique las actuaciones de Fajardo de los dos últimos años

El ciudadano Gonzalo Murillo, quien interpuso una denuncia contra Manuel Fajardo Palarea al entender que ejerció al menos seis meses como abogado mientras ostentaba la vicepresidencia del Cabildo, pidió al Colegio de Abogados de Lanzarote, que abrió un expediente disciplinario a Fajardo como consecuencia de su denuncia por supuestas incompatibilidades, que verifique qué actuaciones profesionales ha ejecutado el abogado en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, entre julio de 2005 y diciembre de 2005, y también las desarrolladas en el Juzgado de Instrucción Número 1 de la misma ciudad, entre julio 2005 y marzo de 2006. De esta forma, Murillo da respuesta a las alegaciones del acusado, quien entiende que el “hecho” que dio lugar a la propuesta del expediente disciplinario y que fue asumido por la Junta de Gobierno del Colegio para adoptar su acuerdo: “Se ignora si entre julio de 2005 y diciembre de 2005 se produjo alguna actuación profesional por mi parte en las diligencias previas 975/00”.

Ante esto, Murillo subraya que Fajardo no tienen inconveniente alguno en aportar certificado de la Secretaria del Juzgado Número 3, “donde informa que es abogado de Francisco Carmona (técnico del Ayuntamiento de Arrecife) en las diligencias previas 975/2000, nada menos que desde el 2 de junio del año 2000, hace siete años”. En la certificación del Juzgado, consta que Fajardo Palarea presentó un escrito ante esa unidad judicial el día 5 de septiembre de 2005, como abogado de Francisco Carmona. Fajardo Palarea asumió como vicepresidente del Cabildo en julio del mismo año.

Murillo pregunta además por los nombres de los abogados que sustituyeron a Fajardo en el supuesto caso de que él no hubiese realizado actuación alguna, así como las fechas en que se produjeron tales sustituciones, “para que sus defendidos no quedaran en situación de indefensión ante su imputación por parte de la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC), por delitos contra la ordenación del territorio y de usurpación de terrenos, precisamente en julio de 2005”. Todo esto referido a las diligencias previas 975/2000 del Juzgado Número 3. En caso de que Fajardo no hubiese designado un abogado sustituto, Murillo pide expresamente la ampliación del expediente disciplinario por negligencia muy grave, al haber dejado en situación de indefensión a sus clientes imputados por varios delitos desde julio de 2005, por la Fiscalía del TSJC.

Caso Forelan y muchas preguntas

Murillo también solicita información relacionada con el procedimiento abreviado 99/01 del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife (caso Forelan), del que Fajardo fue abogado hasta marzo del año en curso. Murillo admite que está acreditada la renuncia de Fajardo, pero insiste en que cualquier letrado tiene plena libertad de renunciar a la dirección del asunto en cualquier fase del procedimiento, “siempre que no se produzca indefensión del cliente”. Por tanto, Murillo también pide la verificación de las actuaciones de Fajardo en dicho procedimiento, entre julio de 2005 y marzo de 2006. Confirma su solicitud de ampliación de expediente por el mismo motivo del primer caso descrito.

Asimismo, Murillo pide que se averigüe por qué Fajardo Palarea no renunció a todos los procesos que dirige como abogado el mismo día. El denunciante pregunta: “¿Tiene aún Fajardo procesos pendientes de renuncia a su defensa y cuándo piensa renunciar a ellos?”. Otro de los tantos interrogantes de Murillo hace referencia al bufete de abogados del acusado. En concreto, pregunta si Félix Manuel Cabrera de la Cruz continúa defendiendo a la mercantil Brisa Inversiones S,L, firma del funcionario del Ayuntamiento de Arrecife Francisco Carmona, en el proceso judicial de La Bufona ante el Tribunal Supremo. Las preguntas de Murillo salpican a la concejala de Urbanismo del Consistorio capitalino, Nuria Cabrera. “¿Por qué la concejala y miembro del PSOE permite ejercer incompatiblemente en la Oficina Técnica Municipal al cliente de su secretario general (Fajardo), el promotor inmobiliario Francisco Carmona?”. Asimismo, Murillo, como si fuera poco, recuerda las actuaciones “incompatibles” de Carmona en el Plan General de Ordenación Urbana.

Pide claridad

Murillo anticipa que la resolución del Colegio de Abogados no puede ser arbitraria y sí motivada. Advierte de que no puede haber abogados de primera y de segunda. Según él, los de primera serían los que pueden ostentar cargo público en exclusividad y a la vez ejercer como abogados privados y los de segunda, aquellos que sólo pueden defender a sus clientes en el ámbito privado, previa solicitud de la obligada compatibilidad con su cargo público.

“Quejas” de Fajardo

Murillo cree que es incomprensible que Fajardo se queje de que efectuó sus primeras alegaciones en fecha 15 de febrero de 2006 y que sólo se haya emitido una respuesta el 6 de julio de 2006, preguntándose, según destaca Murillo, “¿Es que no estamos entre profesionales del derecho?”. Entonces, se pregunta Murillo: “¿Quién compensa el daño que a mí y a mis más queridos se nos está infringiendo?”. Por último, da cuenta de una publicación en un medio informativo en la que se dan a conocer amenazas si continúa reclamando ante los tribunales lo que “legítimamente es mío”. Murillo incluso piensa que las alegaciones de Fajardo cuestionan indirectamente el proceder del Colegio de Abogados de Lanzarote.