Los miembros del Consejo Insular de Aguas dudan si los embargos preventivos seguirán en pie una vez que se emitan los certificados de deuda a los acreedores de Inalsa

- Gladys Acuña, que subraya que el dinero no es "ni nuestro ni de nuestras empresas, sino dinero público", reconoce que en la Asamblea del Consorcio insular de Aguas del pasado jueves se vivió "mucha tensión"

Los miembros del Consejo Insular de Aguas dudan si los embargos preventivos seguirán en pie una vez que se emitan los certificados de deuda a los acreedores de Inalsa. Así al menos lo han expuesto este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote tanto Gladys Acuña, alcaldesa de Yaiza, como Suso Machín, alcalde de Tinajo, a pesar de que ya el pasado viernes el juez de lo mercantil daba a entender en un auto que debían emitirse las acreditaciones de deuda para los acreedores de Inalsa, dejando en suspenso qué ocurrirá con los embargos. Estos dos alcaldes, Acuña y Machín, fueron los únicos alcaldes que el pasado jueves secundaron la propuesta del presidente del Cabildo y del Consorcio insular de Aguas, Pedro San Ginés, votando a favor de de aprobar en la Asamblea del Agua la emisión de certificación de deuda para los acreedores restantes de Inalsa, en este caso Aguas Filtradas y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Desde Yaiza, la alcaldesa sureña, Gladys Acuña, ha preferido "no decir nada" ni aventurarse al respecto. A su juicio, "conocer y hacer determinaciones tan claras en un tema tan complejo sería aventurarnos demasiado y, por otro lado, teniendo en cuenta lo que ha dicho el juez, es cierto que hay que expedir las certifaciones, y ya no para salvar a nadie, sino para cumplir con lo que se firmó en su momento", ha expuesto la regidora.

Tensión por los embargos

Acuña ha reconocido este lunes en el programa 'A buena hora' que hay mucha tensión por el conflicto actual de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Lanzarote y por los embargos dictados en su día por el juez de lo mercantil contra los miembros de los dos últimos consejos de Administración de Inalsa, tensiones que hicieron que en la última Asamblea del Agua del pasado jueves tres alcaldes abandonaran la sesión cuando se votaba la propuesta del presidente del Consorcio, la alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, el alcalde de Haría, Pepe Torres, y el de Tías, Pancho Hernández.

"Evidentemente hay mucha tensión, y por distintos motivos: no solo puede ser por el conflicto interno de Coalición Canaria, sino también porque hay personas cuyos bienes están embargados. Hay presiones por distintos motivos, pero al margen de ello, hay que hacer una reflexión y pensar que ese dinero ni es nuestro ni de nuestras empresas, sino que es dinero público", ha afirmado. A su entender, "en este caso, si hay una sentencia que dice que el Consorcio se ahorraría unos 8 millones de euros, y creo que, como mínimo, habría que consultar al juez. Que el juez dice que no, como parece que lo ha dicho, pues entonces se pide la certificación también por 10 millones, pero con mucha tranquilidad que desde el principio, entiendo yo".

Según ha relatado la primera edil de Yaiza, el pasaso jueves, en esa Asamblea, "el presidente propuso instar al Consejo de Administración de Inalsa a llegar a acuerdos con otra empresa, con Aguas Filtradas, en este caso, pero de mutuo acuerdo, y en virtud de unos procedimientos judiciales que hay pendientes y en los que la empresa citada propone la retirada de los mismos", ha explicado Acuña. "Aquí se produjo el revuelo. "Unos se asusentaron, otros se abstuvieron, y el secretario también aclaró que el ausentarse estando hasta el final de la sesión equivalía una abstención", ha detallado.

Los asistentes y componentes de este Consejo Insular de Aguas dudan de si el último auto del juez de lo mercantil y el reciente reconocimiento del certificado de deuda a Aguas Filtradas les deja aún a los afectados con el embargo de sus bienes pendiente. Y más tensión que se añade a este polémico asunto: La defensa de Sergio Machín en el conflicto de Inalsa ha enviado una factura de 10.500 euros al Cabildo como gasto por su personación en el proceso. El consejero de Coalición Canaria en el Cabildo Sergio Machín, metido en estos momentos en un turbulento proceso que podría terminar con su expulsión de la formación, ha remitido la pasada semana a la institución que preside Pedro San Ginés una factura emitida por el despacho de abogados Garrigues para que se abone a cuenta de las arcas públicas, según atestigua el documento al que ha tenido acceso este diario.

Por su parte, el alcalde de Tinajo, Suso Machín, subraya que la decisión del Consejo insular de Aguas del pasado jueves permitirá un ahorro importante para las administraciones públicas de Lanzarote. Machín ha reconocido que le ha sorprendido la rapidez con la que el pasado viernes se pronunció el citado juez de lo mercantil, solo un día después de la celebración de la Asamblea.

Petición del PP

Por su parte, el Partido Popular (PP) ha solicitado este mismo lunes la comparecencia del presidente del Cabildo, a su vez presidente del Consorcio Insular de Aguas, para que informe al Pleno de lo que está ocurriendo con el tema de las certificaciones de la deuda que Inalsa mantiene con acreedores, como FCC, después de que finalmente no se llevara a cabo.

El portavoz del Grupo Popular, Ángel Vázquez, recuerda que fue el propio presidente quien la pasada, de forma unilateral, decidió no entregar los certificados a las empresas con las que existen procesos judiciales abiertos. Una justificación que echa por tierra el juez de lo Mercantil en su auto.

Para los populares es fundamental que Pedro San Ginés explique con claridad porqué no cumple con el auto en cuestión. Y es que, aunque en su momento, alegó tener el visto bueno del juez para no entregar dichos certificados, con posterioridad se ha podido demostrar que este hecho era mentira.

El portavoz del PP ha criticado muy duramente esta circunstancia e insiste en que “no se puede gobernar un Cabildo de forma unilateral, dictatorial y mintiendo a los ciudadanos”

“Teniendo en cuenta que San Ginés ha avalado todas sus decisiones respecto al procedimiento de Inalsa en consultas hechas al juez de lo Mercantil, cabría preguntarse si, como en este caso, nos ha mentido más veces”, cuestiona Angel Vázquez.

Los populares comparten la preocupación, las dudas y la incertidumbre que han expresado varios alcaldes ante este incumplimiento, motivo por el cual exigen a San Ginés que dé las explicaciones oportunas en el Pleno de la corporación.

“Entendemos que los acuerdos que el presidente adopta en nombre del Cabildo dentro del Consorcio Insular de Aguas deben ser compartidos y trasladados al seno de la institución con el fin de que todos los consejeros estén convenientemente informados”, apunta Angel Vázquez. “Y más, en este caso, cuando estamos hablando de una decisión adoptada de forma unilateral según denuncian algunos responsables municipales”, recalca el portavoz popular.