Luzardo pide que las líneas de obligación de servicio público entre Canarias y la Península se extiendan al resto de las islas no capitalinas
La senadora lanzaroteña del Partido Popular, Loly
Luzardo, ha presentado una moción a la Comisión de Fomento de la Cámara Alta en la que se insta al Gobierno a que modifique el Real Decreto por el que se determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público.
El objetivo de esta iniciativa es conseguir que se amplíe las líneas de obligación de servicios públicos entre el resto de las islas de la Comunidad Autónoma y la Península, ya que en la actualidad sólo gozan de esta protección las conexiones con Gran Canaria y Tenerife.
Para Loly Luzardo, resulta fundamental que el Ejecutivo declare también como líneas de interés general las conexiones marítimas con Lanzarote y con el resto de islas no capitalinas “con el fin de garantizar la prestación de las mismas y evitar que la movilidad marítima con el territorio peninsular dependa de la voluntariedad de
las empresas”.
En este sentido, la senadora popular destaca cómo, en
estos momentos, “la movilidad de los usuarios de las islas periféricas está a merced del arbitrio y la rentabilidad de las compañías navieras”.
Según la información facilitada por el Gobierno, durante el 2008 se desplazaron desde el Puerto de Arrecife hasta Cádiz 4.271 pasajeros y 2.634 vehículos. A pesar de que en su conjunto suponen cerca de 7.000 movimientos, a día de hoy, esta línea no está considerada de obligación de servicio público.
Hay que recordar que en marzo de este año, e interrogado por sus previsiones, desde el Gobierno se señaló que no se encontraba entre sus planes un posible aumento de frecuencias o la creación de nuevas líneas de interés general entre la Península y Canarias, a pesar de la
demanda que en este sentido habían expresado distintas
administraciones de la Comunidad Autónoma.
Luzardo sostiene que “el transporte marítimo es un elemento
fundamental de cohesión social y territorial” y que, por tanto, “no puede quedar a expensas de un mero criterio empresarial”.