Lanzarote en Pie (LEP) ha denunciado este lunes festivo en nota de prensa que el grupo de gobierno de Arrecife se ha gastado 8.000 euros en tratar de resolver los problemas de La Bufona, precisamente la zona en la que reside la actual alcaldesa, Astrid Pérez. En su nota explican que en el pleno celebrado el pasado viernes "se volvió a evidenciar el desgobierno de una ciudad en la que los vecinos deben asistir impotentes a las actuaciones de un grupo de gobierno que no da respuesta al problema de los diseminados de Arrecife y que se han quedado fuera de la revisión del Plan General de la ciudad pero no tiene inconveniente en pagar más de 8.000 euros de dinero público a un arquitecto privado para solucionar los problemas de planeamiento de La Bufona, localidad donde casualmente reside la alcaldesa, o que utiliza un doble rasero a la hora de aplicar los instrumentos de protección de los valores culturales patrimoniales del casco histórico de la ciudad".
"Un ejecutivo que no responde a las denuncias vecinales; un gobierno de coaliciones que se ha convertido en una suerte de reinos de taifas donde cada uno va a lo suyo mientras los ciudadanos siguen sufriendo las consecuencias de una gestión absolutamente nefasta. Todo ello, con el añadido de una alcaldesa que ha tomado por costumbre insultar en cada pleno a los miembros de la oposición y que, en esta ocasión, además de faltar gravemente al respeto a la portavoz de LEP, Leticia Padilla, a la que ha llamado mentirosa y manipuladora, ha afirmado que el problema de esta ciudad es que en este pleno se ha sentado gente que no lee o tiene problemas de comprensión lectora”, denuncian en su escrito. "Esto sin duda alguna pone de manifiesto un evidente síntoma de insalubridad democrática por parte de quien debería tener una actitud ejemplar para con el resto de la corporación", añaden.
La formación indica además que la sesión del pasado viernes se inició de forma intensa al darse a conocer que el pasado 8 de junio el Ayuntamiento de Arrecife autorizó el pago de algo más de 8.000 euros a un técnico privado para la redacción de un plan parcial para La Bufona, lo que ha motivado la contundente intervención de la portavoz municipalista. “Nos han dicho que no se puede modificar nada del Plan General de Arrecife en el que trabaja Gesplan y es falso”, expuso durante el pleno. Para Leticia Padilla, “lo indignante es que se pague con dinero público la solución para La Bufona, pero no se quiera hacer nada por las viviendas de los diseminados. Ni siquiera se lo han planteado. Con esta acción, Astrid Pérez ha dejado claro qué es lo que le preocupa solucionar y lo que no”. En este sentido, desde el grupo municipalista denuncian que se están llevando constantes modificaciones puntuales en un plan que se supone está a punto de salir.
Respecto a las mociones presentadas por su grupo político, todas fueron rechazadas "como es práctica habitual por el rodillo gubernamental". Sin embargo, su debate puso en evidencia para ellos la nulidad de la gestión municipal, especialmente en determinadas áreas sensibles.
Explicación de las mociones
Unidad de Participación Ciudadana
Durante la defensa de la moción relacionada con la solicitud de la puesta en marcha de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Local de Arrecife, el concejal de LEP, Leandro Delgado, se hizo eco de las denuncias vecinales que dejan una “sensación de desamparo y de inseguridad que se ha instalado en la población de Arrecife desde hace mucho tiempo por el deficiente servicio municipal a causa de los escasos recursos que se están destinando a la policía local”. Para concluir su intervención, ante la respuesta del concejal del área, Alfredo Medina, que manifestó no contar con recursos para ello, Delgado preguntó al edil si “¿No le da vergüenza que los vecinos pongan denuncias en la policía local y no se les dé respuesta alguna más allá de “no contamos con los efectivos suficientes”? Hay vecinos esperando que se les responda desde hace meses”.
Restauración del pavimento
Sobre la moción para la restauración urgente del pavimento en determinadas calles de la ciudad de Arrecife, los ediles “municipalistas” explicaron que la propuesta es fruto de las denuncias que han ido llegando a LEP por parte de los vecinos de determinadas calles que se encuentra en un estado lamentable, lo que llevado a Leandro Delgado a afirmar que “creemos que Arrecife está pasando por una grave crisis de administración de lo público incluso en los aspectos más básicos y, sumado a todo esto, percibimos que no hay una dirección organizativa ni coordinación entre ustedes y dentro del mismo grupo político aparecen reinos taifas donde cada uno está tirando como puede y saben que pasa cuando eso sucede, que las consecuencias nefastas de su gestión las sufre la ciudadanía”. En este caso, la respuesta de la alcaldesa Astrid Pérez ha sido que la responsabilidad es de los ministros de PODEMOS en el gobierno central, “por no aprobar la ley de función pública para poder sacar con mayor agilidad las plazas de funcionarios”.
Moción para incluir al Hotel Oriental en el catálogo
Lanzarote En Pie reiteró la necesidad de actualizar el catálogo municipal de bienes patrimoniales patrimoniales culturales. En este sentido, Leticia Padilla ha recordado que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias dictamina que son competentes para elaborar, aprobar y gestionar el catálogo municipal los ayuntamientos en cuyo municipio radiquen los bienes, estando obligados a mantenerlo actualizado; “algo que no se está cumpliendo, provocando una indefensión absoluta respecto a los bienes patrimoniales”, afirma. Es por ello que se solicitó la inclusión de la ficha del inmueble de la calle León y Castillo 37, conocido cómo Hotel Oriental, en el catálogo en vigor con el fin de activar y utilizar los instrumentos de protección que establece la ley con el objetivo de otorgar seguridad jurídica a la propiedad, así como para favorecer el acceso de la misma a cualquier beneficio público o privado a los que pudiese optar, así como para garantizar la protección y conservación de los valores que pudiera contener. Sin embargo, el grupo de gobierno rechazó esta posibilidad.
