Lanzarote vota en contra de la ampliación del puerto de cruceros de Las Palmas de Gran Canaria

- San Ginés entiende que debería ser una prioridad para la Autoridad Portuaria que Lanzarote cuente con una terminal de cruceros en condiciones antes de afrontar más reformas en la capital de la isla redonda

Los dos representantes de Lanzarote en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y el representante del Ayuntamiento de Arrecife, José Montelongo, votaron este jueves en contra del punto del orden del día referente a la propuesta de ampliación de la terminal de cruceros del Puerto de la Luz, que pasaría de tener una capacidad para albergar tres barcos a poder acoger hasta cinco buques simultáneamente. Lo hicieron acogiéndose a la idea que marcó el máximo responsable de la Primera Corporación insular de dar una especie de golpe en la mesa para determinar que no se puede estar obviando los problemas que tiene el puerto de la capital lanzaroteña mientras se siguen proyectando obras para el de la capital gran canaria, según explican desde la institución en nota de prensa.

Según señala Pedro San Ginés en la nota enviada a Crónicas, su voto en contra no responde a que no considere que el puerto de La Luz sea importante. “Es uno de los puertos más importantes del Estado y de Europa, tanto en transporte de pasajeros como de mercancías, y es bueno que siga siendo así tanto para Canarias en general como para Gran Canaria y para Lanzarote en particular”, subraya el presidente.

“Tampoco estoy en contra – añade - de que la terminal de cruceros con que ya cuenta y que tiene capacidad para albergar simultáneamente hasta tres grandes cruceros, sea ampliada hasta cinco o diez si la demanda así lo aconsejara. En contra de lo que sí estoy, es en que una vez más ni se prioricen ni se tengan en cuenta las necesidades de Lanzarote, cuando la isla presenta el mayor grado de satisfacción en escala de cruceros de toda Europa, como ha acreditado y reconocido la propia Autoridad Portuaria, debido fundamentalmente a la singularidad de unos Centros Turísticos que en las escasas horas que dura una escala provocan un impacto único en el visitante”.

“Lo que no se entiende -continúa el presidente- es cómo es posible que pudiendo Lanzarote especializarse en turismo de cruceros (históricamente, siempre ha tenido mayor número de cruceros que Gran Canaria y siempre ha contado con un enorme potencial de desarrollo futuro), tras veinte años de espera, lo único que se ha logrado es una terminal que apenas alberga medio crucero porque los de gran tamaño no caben en ella y de aquí a 2015 sólo se contemplen unos 400.000 euros para la mejora de dicha terminal, frente a los más de 4 millones de euros que se contemplan para la ampliación del de Las Palmas, que a día de hoy tiene más del triple de capacidad”.

Pedro San Ginés exculpa de esta falta de sensibilidad al actual presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, porque reconoce que “se está limitando a ejecutar el plan de empresas e inversiones que se encontró al acceder al cargo”. Del mismo modo, el presidente del Cabildo lanzaroteño matiza que Ibarra, además, “está mostrando una sensibilidad para con las islas de Lanzarote y Fuerteventura que no han tenido hasta la fecha ninguno de los presidentes que le han precedido en el cargo”.

De este modo, San Ginés, atribuye este abandono a la falta de sensibilidad de quienes han venido conformando el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

En definitiva, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, subraya que el voto en contra “es una medida de protesta ante el olvido secular de la Autoridad Portuaria para con las necesidades de la tercera isla de Canarias en PIB”.

Hay que recordar que los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas son representantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Administración General del Estado y de organizaciones empresariales y económicas sólo de Gran Canaria - “he aquí uno de los grandes problemas”, según el presidente-, además de representantes sindicales, ayuntamientos y Cabildos, teniendo la isla de Lanzarote sólo dos votos en el seno de dicho Consejo.

Emergencia hídrica y ayudas a la desalación

Por otro lado, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha lamentado que el Partido Popular (PP) “haya utilizado el rodillo, con la complicidad de sus diputados canarios” en el Congreso para hacer decaer la Proposición no de ley que instaba al Gobierno a destinar en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 una partida para subvencionar el agua desalada similar a los 13 millones de euros consignados en 2010, tras el recorte del 30% realizado el pasado año. “Por el contrario –ha manifestado San Ginés- la respuesta del Ejecutivo ha sido rebajar aun más la mencionada ayuda”.

San Ginés recuerda que la disminución de la ayuda estatal, que ha sido constante en los últimos años, “denota la falta de sensibilidad del Gobierno de España con Canarias y lo que es peor, con el apoyo cómplice de los diputados populares en la Cámara Baja que de este modo, le dicen a los canarios que no están dispuestos a equiparar las tarifas de agua en Canarias a las del resto del Estado”. Por ello, anunció que el asunto será llevado al próximo pleno de la Corporación que tendrá lugar este lunes 12 de marzo.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, que recordó que en Lanzarote, el suministro de agua depende en un 98% de la desalación y se encuentra en emergencia hídrico, ha solicitado “auxilio al senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, para que demuestre que lo es de todos los lanzaroteños y no sólo del PP y defienda los intereses de la Isla ante el Gobierno estatal”.

Las consecuencias de la decisión del Gobierno central no se han hecho esperar y la Asociación de Empresas de Gestión Urbana del Agua de Canarias (Acegua) ya ha advertido que si no se aumenta la subvención al agua desalada en las islas “todo conducirá inevitablemente a incrementos considerables a corto plazo en el precio final que deberá asumir el consumidor, que será el principal perjudicado dado que se deberá trasladar el impacto de esta reducción en las ayudas al precio final que abona el usuario” porque el sector de la distribución domiciliaria de agua potable en Canarias “no podrá soportar las pérdidas y tendrá, en última instancia, que ajustar sus recursos y planes de mantenimiento, así como reducir sus inversiones”.