Lanzarote se convertirá en foro de reflexión y debate sobre la situación actual de la gestión urbanística y la ordenación del territorio
La Asociación Canaria de Derecho Urbanístico ha elegido Lanzarote como escenario para celebrar las IV Jornadas de Derecho Urbanístico, un congreso anual que tiene como objetivo “servir de foro para la reflexión sobre los problemas prácticos del urbanismo en Canarias y, especialmente, los efectos que sobre los mismos pueden tener los anteproyectos legislativos del Gobierno”, según ha adelantado el presidente de ACADUR, Juan José Santana, quien junto al presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés; el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez; el alcalde de Arrecife, Manolo Fajardo; la presidenta del Colegio de Arquitectos por la demarcación de esta isla, Blanca Fajardo; y el director insular de Ordenación del Territorio, Rafael Martín, presentó este viernes por la mañana el programa de este Congreso que se desarrollará los días 28 y 29 de junio en el salón de actos de la máxima institución lanzaroteña.
Según explica el Cabildo, serán alrededor de 200 los profesionales del mundo del urbanismo de toda Canarias que participarán en estas jornadas que serán inauguradas el jueves, 28 de junio, a las 10:00 horas en el Cabildo de Lanzarote con una conferencia inaugural a cargo del Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad, Francisco Javier Jiménez Cisneros Cid quien disertará sobre “Las consecuencias de la crisis en el urbanismo español: la necesidad de reconfigurar sus bases”.
En este contexto, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, manifestó su “satisfacción por colaborar y contribuir con estas jornadas formativas que servirán para arrojar más luz a la controvertida legalidad urbanística y que, por otro lado, favorecerá que esta isla aporte su granito de arena a la hora de debatir y reflexionar sobre la ordenación del territorio, en contrapunto de la idea o sombra que se ha creado de la imagen de Lanzarote como foco de corrupción urbanística”.
Las IV Jornadas de Derecho Urbanístico en cuya organización colaboran el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife y el Colegio de Arquitectos por la demarcación de la isla abordará la armonización y simplificación de los sistemas de planeamiento, y el de renovación y regeneración turística, ambos de candente actualidad, con propuestas y alternativas, mediante diversas mesas de trabajo que darán comienzo tras la conferencia inaugural, explicó el Presidente de ACADUR.
En este sentido el alcalde de Arrecife, Manolo Fajardo, manifestó su agradecimiento por haber elegido este municipio para la celebración del Congreso al estar “convencido de que alumbrará posibles soluciones a las incertidumbres actuales y futuro que tenemos sobre el planeamiento municipal”.
Cada mesa de trabajo estará conformado por dos ponentes y un moderador, todos reconocidos profesionales de la materia, quienes expondrán sus puntos de vista doctrinales confrontadas y con argumentos técnicos y jurídicos, “favoreciendo un debate abierto y saludable como consecuencia del compromiso adquirido por todas las administraciones tanto de Lanzarote como el resto de Canarias apostando por tener una seguridad jurídica sólida en la tramitación de los múltiples planes que actualmente se están elaborando. Un momento dulce -indicó el viceconsejero de Política Territorial del Ejecutivo canario, Mario Pérez- que se complementa con la tramitación por parte del Gobierno de Canarias de la Ley de Armonización y Simplificación, y la nueva legislación en materia turística ”.
Durante la primera jornada del Congreso los invitados como el catedrático de EU de Derecho Administrativo, Luis Fajardo Spínola, y el arquitecto y exconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Javier Domínguez Anadón, junto al gerente de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Eduardo A. Risueño, abordarán la “Simplificación y mayor eficacia del planeamiento: propuestas y alternativas”.
Por su parte el arquitecto Jorge Coderch Figueroa; el abogado y técnico urbanista José Tomás Martín; y el catedrático de Derecho Administrativo y actualmente consejero del Consejo Consultivo de Canarias, José Suay Rincón, se encargarán de abrir el debate sobre la “Función de los equipos redactores en la elaboración de planes: propuestas y límites”.
En horas de la tarde, el Congreso se ocupará de una de las ponencias quizás más esperadas pues tratará las formas y modo de agilizar la gestión urbanística, además de reflexionar sobe la intervención pública en el contexto de crisis económica en el que nos encotramos. Esta mesa de trabajo estará formada por el gerente del Consorcio urbanístico del sur de Gran Canaria, Juan César Muñoz Sosa; el gerente del Consorcio urbanístico de Puerto de la Cruz en Tenerife, Fernando Senante Mascareño; y el abogado y actualmente director Insular de Planeamiento de Lanzarote, Rafael G. Martín González.
Las segunda jornada estará dedicada al espacio turístico y su ordenación. El Redactor del documento del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote y del Plan Territorial Turístico de la isla, José María Ezquiaga, junto a los abogados Ignacio Díaz de Aguilar y Dávid Sánchez Lanuza tratarán de analizar las nuevas técnicas de reordenación del espacio turístico y su realidad.
El Congreso de Derecho Urbanístico se cerrará con una última ponencia a media mañana del viernes en la que participarán como invitados el consejero de de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, domingo Berriel; el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde; y el abogado y catedrátido de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo Padrón Díaz, quienes disertarán sobre el presente y el futuro de la ordenación territorial después de una década de moratoria turística en Canarias.
La Asociación Canaria de Derecho Urbanístico fue fundada en julio de 2008 como asociación de carácter cultural y formativa, sin ánimo de lucro con el objetivo de promover el conocimiento de esta materia, perfeccionar el ordenamiento jurídico urbanístico y favorecer la participación ciudadana en los procesos de planificación y gestión urbanística.