La defensa de los Centros Turísticos afirma que Espino pagó al empresario Antonio González “más del doble de lo acordado” por la reforma de la cocina de Los Jameos

- El secretario general del PSC en Lanzarote afirma que no valorará la querella hasta que tenga constancia oficial de su admisión a trámite. La denuncia contra Espino habla de “suministros no realizados y pagados” a ciertos proveedores de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote

- La factura más llamativa de la reforma de la Cocina de los Jameos del Agua apunta a que una cámara frigorífica para el cuarto de basura, de 18.790 euros, se pagó a un 300% por encima de su precio real

El Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) acusa en la querella admitida a trámite por el Juzgado Número 1 de Arrecife contra su anterior consejero delegado, Carlos Espino, en cuyo mandato la deuda superó los 14 millones de euros, “de incumplir de forma sistemática los procedimientos de contratación en la adjudicación de obras y servicios”. Se trata de una de las primeras acusaciones contra Espino que contempla la referida querella que, debido a su extensión, será descrita paulatinamente por este diario.

Según establece la querella presentada por el abogado Juan David García Pazos en representación de la empresa pública que gestiona los Centros Turísticos del Cabildo contra el actual secretario general del Partido Socialista Canario (PSC) en Lanzarote, una de las supuestas irregularidades detectadas y cometidas presuntamente por Carlos Espino se basa en el contrato suscrito con el propietario de la empresa Climafrical, Antonio González Medina, conocido empresario de la Isla y actual presidente de la Federación de Empresarios del Metal (FEMEPA), afiliado al PSOE, y en su día miembro de la Ejecutiva insular de dicha organización política y que, incluso, llegó a ir en las listas electorales del PSOE al Cabildo insular de Lanzarote en el año 2003.

El 26 de diciembre de 2007 Carlos Espino formalizó un contrato en representación de la EPEL de los Centros Turísticos con Antonio González, por importe de 224.450 euros, para el suministro de 40 unidades de equipamiento para la cocina de Jameos del Agua. El contrato se adjunta en la misma querella como documento número 7.

El abogado de los Centros recuerda que para realizar dicho contrato era obligado, “como no podía ser de otro modo”, seguir un procedimiento reglado con el fin de garantizar el buen uso de los fondos públicos”, algo que, según la querella, no se repetó: "tanto la compra de los elementos para la cocina como las obras facturadas fueron a dedo".

La querella cita artículos que el consejero delegado debía respetar, como el 1.3 del Real Decreto Legislativo 2/ 2000, de 16 de junio, de la Ley de Contratos de las Administraciones, el artículo 2 de la misma Ley y la orden EHA / 4110 / 2005, de 29 de diciembre, por los que se establecen las condiciones de contratación en el caso de entidades públicas. Pues bien, el documento judicial al que ha tenido acceso este medio asegura que “para la adjudicación y formalización del contrato” para la cocina de Los Jameos del Agua, con el empresario Antonio González, “no se publicitó en los boletines oficiales, no fue a concurso abierto, no se adjudicó a la oferta más barata, se acabó pagando más del doble de lo acordado, se pagó a precios muy superiores a los de mercado y se pagó por suministros no realizados”.

De este modo, la querella sostiene que la adjudicación de un contrato, por ley, requiere la previa tramitación del correspondiente expediente que motive la necesidad del contrato. Sin embargo, la adjudicación de Espino al empresario Antonio González no contó con el pliego de cláusulas administrativas particulares ni con el de prescripciones técnicas. “En contra de lo dispuesto en la ley”, dice la querella, “el consejero delegado y su director de Desarrollo de la EPEL, José Manuel Páez –dirección inventada por el consejero sin la aprobación del Consejo de Administración, tal y como establecen los estatutos (…) y en realidad asesor personal del consejero por libre designación y sin formación alguna para el cargo- trataron de revestir dicho contrato de la apariencia de procedimiento, presentando tres presupuestos pedidos por ellos mismos”.

"No era la oferta más barata"

Prosigue el escrito señalando que “finalmente, el director económico y financiero, Francisco Ortega, se ve obligado por la Dirección Política a emitir un informe al consejero delegado, decantándose de entre las propuestas presentadas por el propio consejero, por la de Climafrical, ‘por ser el presupuesto más económico de los tres’, tal y como se desprende del documento ocho” que se adjunta en la denuncia. Lo más grave es que ni siquiera dicho presupuesto era el más barato, pues había otro más económico, en concreto el de la empresa Ferhostel, S.L., que ascendía a la cantidad de 220.581,01 euros”.

Se miente, por tanto, según la querella, cuando se afirma que la oferta de Climafrical era la más barata. Al final, la reforma de la cocina de los Jameos estaba contratada por 224.454 euros y se abonó, según la denuncia, por 377.552,60 euros. No es de extrañar, sostiene el abogado de los Centros Turísticos, cuando el trabajo en realidad podía haberse facturado por un total de 130.000 euros, según se desprende del presupuesto emitido por la ebtidad Compafric S.L.

"Se pagó hasta el 300% más del valor real"

Álgo más que "sospechoso" considera el abogado que resulta el hecho de que cuando "un lavavajillas que tiene un precio de mercado de unos 3.500 euros, el señor Espino sea capaz de pagar 7.983 euros, o de pagar por un estante de botaagua valorado en 581 euros hasta 2.870 euros, o por una cortadora de fiambres de 1.840 euros la cantidad de 3.268 euros", resalta la querella. Del mismo modo, "por una cámara frigorífica valorada en 10.340 euros, el señor Espino pagó 16.511 euros".

La factura más llamativa de la reforma de la Cocina de los Jameos del Agua apunta a que una cámara frigorífica para el cuarto de basura, de 18.790 euros, se pagó a un 300% por encima de su precio real.

El documento subraya, además, que al empresario Antonio González también se le pagaron facturas anteriores y que, en total, entre 2007 y 2009, los Centros Turísticos le abonaron 763.231, 40 euros.

Se añade en la querella que la facturación, además de por el sobrecosto, fue también totalmente irregular. "A pesar de que el contrato era por el contepto "Certificaciones de la Obra de Reforma en la Cocina de los Jameos del Agua, según contrato relacionado con el presupuesto Nº 2007139", se emiten un total de cuatro facturas, correspondientes a las certificaciones la primera, la segunda y la tercera, pero señalada otra factura igualmente como tercera pero por otro importe y de otra fecha, más la factura por diferencia de materiales, según presupuesto, por un importe total de 269.345,64 euros.

La defensa de los Centros Turísticos expone que "se pagó un precio superior al pactado, con conocimiento orden expresa de Carlos Espino, según manifiestan, entre otros, el director económico de la EPEL, Francisco Ortega".

Además, en lugar de pagarse el material suministrado, se abona "por certificaciones", como si se tratase de una obra -la colocación de los elementos venía ya incluido en el presupuesto- sin que, por esoo, realmente se pudiera corroborar que los elementos que componían el equipamiento realmente habían sido suministrados.

Hay también después otras facturas diferentes, las número 86, de 12 de junio de 2009; la número 93, de 21 de mayo de 2008; la 111, de 27 de junio de 2009; y la 328, de 23 de noviembre de 2007, según las cuales los Centros adquirieron de la empresa Climafrical nuevos elementos, "no incluidos en el presupuesto original, pagando por ello un precio superior al contratado". Una vez más, en la querella se pone de manifiesto la ausencia del informe de necesidad y de ideonidad del contrato en el que se determinaran las necesidades que pretenden, así como un pliego de condiciones que estableciera lo que la empresa pública quería.

Comunicado oficial de Carlos Espino

Por su parte, este mismo martes por la mañana, el propio secretario general del PSC en Lanzarote, Carlos Espino, ha hecho constar en un comunicado oficial que “por el momento no he tenido conocimiento oficial de la admisión a trámite de la querella, sabiendo del procedimiento únicamente POR lo aparecido en la prensa”. “Tal circunstancia”, sostiene, le “imposibilita para realizar cualquier tipo de valoración pública. Por tanto cualquier manifestación referida a la querella queda diferida al momento en que tenga conocimiento del contenido de la misma”.