Los juzgados desestiman el recurso de Construcciones Míguez contra el Ayuntamiento de Arrecife

La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas ha desestimado finalmente en sentencia de primera instancia el recurso interpuesto por la Constructora Míguez Lanzarote, S.L., que solicitaba una indemnización al Ayuntamiento de Arrecife de 1.700.000 euros, por un derribo que no entiende que fuera “ilegal”, de diez viviendas en la calle Balayo, esquina calle León Felipe, del barrio de Argana Alta, en octubre de 2008.

Este diario ha seguido la pista de dicho dictamen e informó a finales de junio de que los juzgados habían estimado el recurso. Sin embargo, en contra de lo que manifestaron entonces, hace algunas semanas, fuentes de la propia empresa afectada, y según ha sido confirmado este mismo viernes por fuentes jurídicas, la sentencia, que se prevé sea notificada en los próximos días a las dos partes, no recoge, tal y como reclamaba el responsable de Construcciones Míguez Lanzarote, S.L., Miguel Míguez, que “el grupo de gobierno de entonces en Arrecife retiró al solar la categoría de urbano que ya tenía, y la rebajó ilegalmente”. Según el administrador de esta mercantil, el Ayuntamiento realizó al parecer una segregación del solar y posteriormente le retiró la consolidación como suelo de categoría urbana. Según Míguez, “Coalición Canaria pidió una rectificación meses después, pero nunca llegó a hacerse ninguna modificación puntual”.

Tras varias peticiones desatendidas, el constructor prosiguió con las obras de la calle Balayo hasta que el Ayuntamiento las precintó y derribó las diez viviendas en octubre de 2008, alegando que fueron construidas en suelo urbano no consolidado y careciendo de licencias. La constructora violó el precinto del Ayuntamiento y éste también conminó a las empresas de servicios públicos a negar el suministro de los mismos al edificio. Fue entonces cuando se dictó un Decreto con el que el Consistorio determinaba dar cuenta incluso del incumplimiento, a la Fiscalía a efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Construcciones Míguez Lanzarote, S.L.

Al entender que se estaban lesionando sus derechos, el promotor denunció al Ayuntamiento de Arrecife tanto ante el juzgado de lo Penal de la capital lanzaroteña como ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, órgano que ya se ha pronunciado a este respecto.

Las presuntas comisiones del Caso Unión

A pesar de que su recurso ha sido desestimado, el promotor recuerda que esta causa le llevó a convertirse en su día en uno de los denunciantes del caso Unión en Lanzarote. “Con la entrada del nuevo grupo de gobierno, en la nueva legislatura, a mí se me dijo que había que hacer frente a unas comisiones si quería que el solar tuviera la misma categoría de urbano. No acepté porque el solar no podía ser rebajado de categoría. Ya existía un certificado que lo catalogaba como urbano”, relataba hace unos días el denunciante. En otras palabras, que el promotor tenía que pagar presuntamente este tipo de comisiones si quería que las diez viviendas no le fueran derribadas.

Una vez que la sentencia sea notificada a las dos partes, tanto el Ayuntamiento de Arrecife como la constructora disponen de un plazo legal de quince días hábiles para recurrir a un órgano superior esta sentencia de primera instancia, mientras que, por otro lado, el promotor continúa a la espera de lo que dicten también los juzgados de lo Penal de Arrecife.

Antecedentes

Cabe recordar que la Junta de Gobierno de Arrecife, conformada por la mayoría que ostenta el poder en el Ayuntamiento capitalino, denegó el 10 de enero de 2006 la licencia solicitada por la promotora para levantar un edificio en la calle Balayo. La razón, el terreno estaba catalogado como suelo urbano no consolidado. Sin embargo, la construcción de lo que ya se perfilaba como un conjunto de viviendas continuó sin que el Consistorio precintara la obra.

Por ello, partidos como Alternativa Ciudadana 25 de mayo denunciaron al grupo de gobierno ante la Fiscalía por presunta prevaricación, al considerar que actuó negligentemente en el caso. Sin conocer que el Ayuntamiento ya había denegado la licencia, Alternativa alertó, a principios de año, sobre los movimientos de tierra que se estaban haciendo en el solar, pero, según subrayó en su día el concejal Andrés Barreto, el grupo de gobierno hizo caso omiso a la advertencia.

En junio del año anterior Alternativa presentó dos escritos, acompañados por fotografías, desvelando que la cimentación de la construcción iba en curso. Además, en septiembre constató que el edificio de dos plantas estaba prácticamente terminado, según el concejal de la oposición, para dar cabida a diez viviendas. Una de las denuncias de Alternativa, en noviembre de 2007, daba cuenta de que las obras seguían ejecutándose de noche a pesar de estar precintadas y aprovechando las luces de unos vehículos.