El Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife avanza en la investigación del caso de los Centros Turísticos al imponer una fianza a Carlos Espino y al resto de los investigados que supera el millón y medio de euros
El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, Rafael Lis, dictó el pasado 18 de abril un auto que se ha dado a conocer este viernes a las partes interesadas y al que ha tenido acceso este diario mediante el cual cierra un capítulo más en su investigación sobre el farragoso caso de los Centros Turísticos, tras la denuncia que se formuló hace casi dos lustros al entender que el socialista Carlos Espino había cometido varios delitos durante su paso como consejero delegado de la empresa pública. En concreto, en esta ocasión, dentro de la lenta instrucción (la denuncia data de 2010), el juez ha determinado las fianzas correspondientes a todos los implicados como paso previo a llevar a juicio a todos ellos, una vez que se han visto indicios razonables de delito. En el caso de Espino, al que se le acusa de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y fraude, el juez le impone una fianza que supera el millón y medio de euros por las piezas del caso denominadas "Caso Cocina", "Caso Centro de Datos" y "Caso Página Web".
En esta fase de la investigación el juez realiza un relato de todo lo que ya se sabe, la forma en la que se gestionó la empresa pública bajo la responsabilidad del que fue secretario general de los socialistas lanzaroteños. El importe más alto de fianza parte del caso que fue más clamoroso, lo que se invirtió en la renovación de la cocina de los Jameos del Agua a través de la contratación de los servicios de otro destacado dirigente socialista, Antonio González, propietario de la empresa Climafrical. Para ambos impone la fianza más cuantiosa en esa pieza, 1.048.315 euros.
En el caso "Centro de Datos y Otros" deberán aportar una fianza de 49.428 euros el propio Carlos Espino, Mario Alberto Perdomo y Gloria Valenciano. El segundo de ellos era el asesor personal del dirigente socialista dentro de la empresa pública, cargo que compatibilizaba con las actividades de su empresa, que también facturaba a la empresa pública, en el caso que se investiga por un supuesto trabajo de documentación que debería haber estado en los Aljibes de Tahíche que nunca apareció por ninguna parte. Aljibes, además, por los que se pagaba un alquiler mensual de más de 3.000 euros sin que durante años se hiciera uso de sus instalaciones, que permanecieron cerradas y abandonadas durante este periodo en el que como mínimo la parte política admitió una mala administración del dinero público.
Por lo que respecta al "Caso Página Web", Espino deberá aportar una fianza de 65.000 euros y Enrique Gutiérrez la misma cantidad. En esta parte el juez analizó para pasarlo a juicio el insólito caso de la página web paralela a la oficial que el dirigente socialista encargó a este empresario poco antes de abandonar el puesto, por un importe muy superior al precio de mercado y cuando ya existía la oficial, centrosturisticos.com.