La justicia podría no levantar las medidas cautelares contra los políticos administradores de INALSA y abrir la pieza de responsabilidad penal
La justicia podría no levantar las medidas cautelares contra los políticos que fueron administradores de Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) y abrir la pieza de responsabilidades penales. Tal y como se adelantó este viernes en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-Cadena COPE, todavía no se ha cerrado la puerta que formaciones como Alternativa Ciudadana (AC-25M) pretendían tener abierta para que aquellos que condujeron a la empresa a la situación de quiebra asuman la responsabilidad no sólo política sino penal, paguen en definitiva por sus actos.
Según ha podido saber este medio de fuentes del caso, provenientes de los servicios jurídicos de uno de los principales acreedores de INALSA, el juez de lo Mercantil no sólo no ha levantado aún las medidas cautelares contra los políticos administradores de INALSA que tienen sus bienes embargados preventivamente, sino que podría decretar el incumplimiento del convenio por parte del Consorcio Insular de Aguas, abriéndose así la pieza de responsabilidades penales que podría suponer la ejecución definitiva de los embargos de sus propiedades.
Al parecer, al menos en unos de los casos, el Consorcio entiende que el dinero que el Canal de Isabel II se comprometió a abonar para el pago de la deuda debe ser depositado en el juzgado, pero se niega a entregar el certificado de dicha deuda al acreedor, en la medida en que la misma está pendiente de contenciosos judiciales paralelos que los servicios jurídicos del Consorcio consideran que tienen muchas posibilidades de ganar, y se trata de contenciosos cuya retirada no conformó parte expresa del convenio de acreedores. Se trata de un contencioso contra el laudo y contra el contrato de SEAFSA, entre otros.
Según esas mismas fuentes, el juez de lo Mercantil, que en principio se mostró favorable a que el certificado de la deuda no fuera entregado mientras el montante total de la misma se encuentre sub iudice, y a que los fondos fuesen entregados en depósito hasta tanto haya sentencia definitiva al respecto, al parecer exigiría ahora al Consorcio la entrega del certificado de deuda al acreedor en cuestión que amenaza con denunciar el incumplimiento del convenio. La decisión estaría ahora en la asamblea del Consorcio Insular de Aguas, que debe decidir sobre esta controvertida cuestión que parecía haber quedado superada para quienes creían que el asunto estaba definitivamente resuelto y que afecta a una pléyade de políticos en activo como Inés Rojas, Pepe Torres, Sergio Machin, Mario Pérez, Manuela Armas o Manolo Fajardo Paralea, entre otros, y a políticos retirados como Enrique Pérez Parrilla o Plácida Guerra.
Las fuentes consultadas han querido aclarar que la denuncia, y por tanto la posible apertura de la pieza de responsabilidades penales contra estos administradores, nada tienen que ver con la validez del concurso y la adjudicación de la gestión del ciclo integral del agua al Canal Isabel II que es definitivo e independiente de cómo se resuelva el concurso de acreedores, y por tanto el Consorcio no tendría en ese sentido ningún riesgo de poner en peligro los 54 millones de euros en inversiones que a través de la filial con la que opera en la isla, Canal Gestión Lanzarote, ya han comenzado a ejecutarse.