La Justicia condena al Ayuntamiento de Teguise por no garantizar la formación a sus agentes en el uso de armas y medios defensivos
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Las Palmas ha dictado una sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en Canarias, y ha condenado al Ayuntamiento de Teguise, según avanza este viernes el propio sindicato en nota de prensa, por no haber proporcionado la formación y capacitación obligatoria en el uso de armas de fuego y demás medios técnicos defensivos a los miembros de su Policía Local.
La resolución judicial declara probado que el Consistorio incumplió lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 20/2020, de 5 de marzo, que obliga a las administraciones locales a garantizar la formación continua y especializada del personal policial, especialmente en el manejo de los medios que tienen asignados en el ejercicio de sus funciones. Además, el Ayuntamiento ha sido condenado al pago de las costas procesales, por lo que el importe derivado de esta condena judicial deberá ser asumido con fondos públicos, es decir, con recursos aportados por el conjunto de los vecinos de Teguise.
Desde el SPPLB se considera que esta sentencia constituye un firme respaldo judicial al derecho de los agentes a recibir formación reglada y actualizada, así como un toque de atención a las administraciones que desatienden esta obligación legal.
Asimismo, el sindicato recuerda que la necesidad de dotar a los cuerpos de seguridad de una formación adecuada y permanente se ha puesto de manifiesto con especial claridad en sucesos recientes, como el ocurrido hace escasos días en el aeropuerto de Gran Canaria, donde un inmigrante armado con un cuchillo fue abatido por la Policía tras intentar atracar a un taxista, poniendo en grave riesgo la seguridad ciudadana. Hechos como este subrayan la importancia crítica de que los agentes dispongan no solo de medios adecuados, sino también de formación técnica para actuar con proporcionalidad, eficacia y dentro de los márgenes legales.
Recuerdan en su nota eso sí que la sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El SPPLB reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los agentes policiales, así como con la promoción de una seguridad pública profesional, formada y respetuosa con el marco normativo.