La jueza suspende la testifical del alcalde de Arrecife y de los trabajadores implicados en el caso de las multas
Ni el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ni los técnicos municipales que acudieron este martes por la mañana a declarar para contestar a las preguntas del fiscal de Área, Fernando Rodríguez Navarro, y de la magistrada titular de la Plaza Número 3 del Tribunal de Instancia en su Sección de Instrucción, Silvia Muñoz, sobre el conocido caso de las multas han podido declarar finalmente. La razón, según han confirmado a este diario fuentes del caso, es que la responsable de la empresa que controla el sistema informático utilizado por el Ayuntamiento de Arrecife para el control y la gestión de multas, la Coordinadora de Gestión de Ingresos, S.A. (CGI), no ha sido capaz de concretar si el listado de las más de 2.000 multas era el definitivo.
Esta situación ha provocado que la jueza Silvia Muñoz suspendiera el interrogatorio a los siete trabajadores implicados en la retirada de las multas en diferentes periodos políticos del Consistorio capitalino hasta que la empresa determine en un estudio más exhaustivo y riguroso cuántas son las infracciones no abonadas y retiradas del sistema que pueden y deben ser objeto del análisis en un tribunal de justicia durante su fase de instrucción.
Tampoco ha preguntado al único testigo que acudió a la importante cita, único político también implicado en el asunto por su papel como denunciante del caso y como implicado por la ya famosa coletilla utilizada durante su mandato de que las sanciones se eliminaban del sistema informático "por orden directa del alcalde".
Yonathan de León, que entró tranquilo al juzgado pocos minutos antes de las doce del mediodía, tal y como informó este diario, estuvo por tanto esperando horas para que le tomaran declaración sin que finalmente pudiera hacerlo, lo que se retomará en el momento en el que se aclare cuál es el listado definitivo de las multas que se han eliminado del sistema, prácticamente la totalidad de las que se llevaban según la información aportada a Crónicas por fuentes solventes.
Por otro lado, eso sí, se analizó el último de los incidentes que se añadió a última hora por petición del fiscal que estudia el caso, el de la multa que le pusieron al alcalde cuando aparcó en una zona prohibida con el vehículo de su mujer. En este caso sí se tomó declaración a los dos agentes de la Policía Local que pusieron la sanción y a la policía que la retiró por entender que estaba mal puesta, algo que sostuvo durante su declaración. Los agentes insistieron en que en el lugar en el que estaba el vehículo no se podía estacionar, puesto que había una valla que lo advertía con claridad al no incluirse la coletilla de que podría hacerlo personal autorizado. El asunto podría incluirse en la parte general del análisis de la retirada de más de 2.000 multas, todo por un importe que supera de largo el medio millón de euros, o quedar fuera toda vez que la jueza, como sí entiende el fiscal que ocurre, crea que no hay motivos para seguir adelante con el asunto.