La jueza del caso Unión imputa a dos técnicos de Arrecife por prevaricación y malversación

La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, encargada de la instrucción del caso Unión, ha emitido un nuevo auto en el que imputa a dos técnicos municipales del Ayuntamiento de Arrecife, Francisco Saavedra López y Rut Hernández Toledo, los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, dentro de una de las piezas centrales de la causa, la número 12, que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife.

Según precisa la propia magistrada en el auto que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha remitido este mismo lunes a Crónicas, los dos nuevos imputados han sido llamados a declarar ante la jueza el próximo 1 de diciembre, a partir de las 10:30 horas, por su posible relación con los contratos que aparecen en esta pieza judicial, en la que se juzga si desde el Ayuntamiento de Arrecife y también desde Inalsa se autorizaron pagos al exviceconsejero del Gobierno canario Francisco Rodríguez Batllori por no hacer ningún trabajo específico para estas dos instituciones públicas sino, tal y como mantiene la Fiscalía, por asesorar personalmente al líder del PIL, Dimas Martín, en su consecución del régimen penitenciario del tercer grado.

En cuanto a la citación para el técnico municipal, Francisco Saavedra López, la juez explica que su imputación está relacionada con los más de 50 contratos que se cerraron entre el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa 'Infogelan Fontanería' entre 2007 y 2010, contratos "en los que intervino como técnico municipal en manifiesta contradicción con el derecho". De hecho, la empresa Infogelan está siendo investigada tras haber trabajado para el Ayuntamiento a cambio presuntamente de comisiones ilegales.

Respecto a la técnico de Medio Ambiente Rut Hernández, el auto de la juez establece que ésta también intervino en contratos en ese mismo periodo, y pudo "omitir el control o supervisión al que estaba obligada".

Según el auto, "en relación a la solicitud de la defensa de otras dos técnicas municipales imputadas, Yoana Catalina Machín Leon y Loyola Hernandez Álvarez, en fecha 24 de septiembre de 2014 tuvo entrada la respuesta del Ayuntamiento de Arrecife, en la que se identificó a Rut Hernández Toledo, técnico de Medio Ambiente, como la persona sobre la que recaía la función de dirección e inspección de los servicios de limpieza viaria, de parques y jardines y de recogida y transporte de los residuos solidos urbanos del municipio de Arrecife". Así, la firma de Rut Hernández Toledo consta en un expediente que se corresponde con una propuesta de gastos investigada en el caso Unión.

"Enriquecimiento ilícito de 1,1, millones de euros, 22 imputados y tres vías para delinquir"

En su auto, la juez subraya que "de comprobarse la contratación irregular con la empresa Infogelan Fontanería, se habría podido producir un enriquecimiento ilícito a cargo del erario público de 1.193.052 euros por parte de los responsables de la citada mercantil".

La citada pieza número 12 del caso Unión contaba ya con un total de 22 imputados. En ella se investiga "presunta trama de corrupción en el seno del Ayuntamiento de Arrecife que, por el momento, se materializa a traves de tres vías", señala la juez:

a) la exigencia de comisiones ilegales a empresarios de la isla para la conclusión de nuevos contratos;

b) la exigencia de comisiones a empresarios de la isla para el abono de las facturas de contratos ya realizados;

c) la inobservancia intencionada de la normativa administrativa en los procesos de contratación de empresas con el Ayuntamiento de Arrecife con el fin de adjudicar contratos al margen de la regulación administrativa (en particular de la Ley de Contratos con la Administración Pública) eliminando o desvirtuando aquellos tramites preceptivos que garantizan, entre otros, la fiscalización del pago, la transparencian o la libre concurrencia de empresarios para optar por la oferta más beneficiosa a las arcas públicas y por tanto generar una adjudicación directa a la empresa elegida, obviando también las mayores garantias en el caso de contratos que exceden de una determinada cantidad (18.000 euros o 50.000 euros).

Entre los imputados figura el líder histórico y fundador del PIL, Dimas Martín, varios concejales del partido que en aquella etapa gobernaban en Arrecife, vario técnicos municipales y diversos empresarios. El listado completo de imputados es el que sigue: Dimas Martín Martín; Carlos Sáenz Melero; Ubaldo Becerra Robayna; José Miguel Rodríguez Sánchez; Antonio Jerónimo Machín Ramos; Yoana Cabrera Machín León; Loyola Del Mar Hernández Álvarez; María Luisa Blanco Carballo; Juan Rafael Arrocha Arrocha; María Elena Martín Martín; María José Docal Serrano; Matías Curbelo Luzardo; Antonio Gómez Ruiz; Jesús Manuel Martín Brito; Daniel Yeray Cañada Tribaldo; Manuel Gregorio Reina Fabre; Francisco Javier Armas López; Eduardo Ferrer Cabrera; Antonio Cárdenes Carrillo; Samuel Lemes; Juan Francisco Rosa Marrero y Joaquín Herrera Fragiel.