El juez Rafael Lis archivó la causa de Alternativa contra el abogado Agustín Domingo Acosta y el ex alcalde Manuel Fajardo Feo en 2016

El que fuera magistrado del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, el juez Rafael Lis, archivó el 30 de septiembre de 2016 la causa originada tras la denuncia de Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M) contra el abogado Agustín Domingo Acosta y el ex alcalde de Arrecife Manuel Fajardo Feo. Sorprende que algo que sucedió hace más de tres años se convierta en noticia, pero lo es por el hecho de que ningún medio de comunicación, ni siquiera los que están especializados en temas judiciales, se hizo eco de lo que sucedió, y, lo que parece mucho peor, los denunciantes del caso afirman que no fueron notificados entonces y les ha costado que lo sean ahora sobre la cuestión. De este modo, han pasado muchos años sin que pudieran ejercer su legítimo derecho contra una decisión que adoptó un juez que ha generado notable controversia durante su etapa en Lanzarote y que ha sido cuestionado incluso por medios de comunicación que curiosamente no trataron esta importante información que afecta a un conocido abogado y propietario precisamente de un grupo de comunicación local y a un ex alto cargo de Coalición Canaria (CC).

Así lo ha ratificado este jueves en Crónicas Radio-COPE Lanzarote el denunciante, Domingo García, ex concejal de Alternativa en el Ayuntamiento de Arrecife, que ha asegurado que en estos cuatro años nadie se ha dirigido a él para notificarle el archivo de una causa en la que el que fuera edil de la capital interpuso denuncia por posibles delitos e irregularidades en la contratación de los servicios de defensa jurídica del Ayuntamiento.

"Estamos hablando de que el archivo se produjo el 30 de septiembre de 2016 y ayer yo me enteré porque fui de forma voluntaria a los juzgados. Es que han pasado cuatro años en los que no se ha notificado absolutamente nada a las partes, al menos a mí, como denunciante. Se ha acordado el archivo provisional, se ha guardado en un cajón durante cuatro años y cuando uno va a preguntar le ponen mil pegas. A día de hoy, la realidad es que yo no tengo copia del expediente", ha explicado Domingo García en declaraciones al programa 'A buena hora'.

García ha denunciado así posibles irregularidades en este procedimiento, en el que asegura que, a pesar de esos cuatro años transcurridos, en realidad y en la práctica el plazo de tres días de que dispone para interponer recurso de reforma contra este sobreseimiento se ha iniciado desde que este miércoles, 26 de febrero, plazo en el que tratará de recurrir siempre y cuando le den de una vez el expediente que está tardando en aparecer. Para ello, relata que tras varios requerimientos, en los que en el Juzgado Número 3 de Arrecife se empeñaron en decir que era testigo y no el denunciante de la causa y le pusieron todo tipo de pegas y excusas para no atenderle, incluso fue necesario que el secretario de la administración elaborara un escrito certificando tal condición, que le permitirán finalmente hacerse "con los cientos y cientos de páginas que conforman el expediente" y de los que hasta el momento sólo le han fotocopiado la mitad.

El ex concejal de Alternativa ha ratificado que, a pesar del archivo de la causa, en su día el juez admitió a trámite la denuncia y, es más, el fiscal calificó la causa y detectó indicios de posibles delitos, por lo que tanto el ex alcalde Manuel Fajardo Feo como el abogado Agustín Domingo Acosta tuvieron que acudir a declarar en los juzgados de Arrecife en calidad de imputados, actualmente investigados.

Cientos de miles de euros del Cabildo y de Arrecife

En la denuncia de Alternativa ante Fiscalía los asamblearios acusaban a finales de aquel mandato en la capital al citado letrado y al ex alcalde de Arrecife Manuel Fajardo Feo de supuestos delitos como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.

Según la denuncia de Alternativa, Agustín Domingo Acosta llegó a cobrar, sin concurso público, 427.000 euros en sólo 4 años por servicios como abogado, habiendo facturado también del Cabildo de Lanzarote casi un millón de euros.