Juan Antonio de la Hoz y Alberto Rojas piden a Interior que archive sus sanciones por el desalojo de Guacimeta durante la huelga de hambre de Aminatou

Fotografías de MIGUEL HERNÁNDEZ

Juan Antonio de la Hoz y Alberto Hugo Rojas pedirán la próxima semana mediante un recurso de alzada al ministro del Interior, Alfredo Rubalcaba, que archive las sanciones que les ha impuesto la Delegación del Gobierno en Canarias por los incidentes registrados durante el desalojo de la T-1, en el Aeropuerto de Lanzarote, al comienzo de la huelga de hambre iniciada el pasado 17 de noviembre de 2009 por la activista saharaui Aminatou Haidar. De hecho, aseguran que si el Ministerio no archiva las denuncias acudirán incluso a la vía judicial, a través de un recurso contencioso-administrativo. Los dos reconocen que pagar la sanción de 301 euros que se le imponen a cada uno podría ser la solución más rápida y económica, pero entienden que abonando esa multa estarían reconociendo unos hechos que consideran falsos. "En caso contrario, pediremos auxilio a la justicia para que escuchen nuestras alegaciones, a nuestros testigos, visualizen los vídeos aportados y estudien toda la documentación. Iremos, si el ministro no tiene el sentido común de archivarlo, a los tribunales de justicia por la vía contencioso-administrativa", anunciaron.

En rueda de prensa celebrada en la Sociedad Democracia de Arrecife, tanto el portavoz de Coalición Canaria (CC) en San Bartolomé como el reportero gráfico expedientado volvieron a negar su implicación en las acusaciones que el departamento estatal dirigido por Carolina Darias da por sentadas. Según ambos expedientes, los dos implicados habrían increpado a la Guardia Civil y habrían exaltado los ánimos de los simpatizantes de Haidar contra los agentes durante el citado desalojo, registrado sobre las 23:50 horas de ese 17 de noviembre.

Para ambos, los que actuaron con un celo inadecuado fueron precisamente los efectivos del Instituto Armado que, cubiertos por pasamontañas, "ya venían algo nerviosos antes de desalojarnos". Alegan en su escrito que "en consideración a la actuación desmedida de algunos agentes de la Guardia Civil en contra de mujeres, niños y trabajadores de la prensa, tal y como refleja las copias de vídeos que se adjuntan, produce el reclamo unánime de todos los allí presentes en las formas y maneras de actuación de estos agentes", esgrimen en su escrito. Es más, el propio Rojas sufrió varias lesiones en el brazo causadas durante la actuación de la Guardia Civil. Lo llamativo es que, a pesar de que incluso denunció los hechos y aportó el pertinente parte de lesiones, por el momento nadie se ha interesado en esa demanda, y ni siquiera se le ha notificado nada desde los propios juzgados".

Para certificar su inocencia, los dos implicados recordaron que en sus respectivos recursos adjuntaron el testimonio de "hasta tres testigos cada uno, que ni siquiera han sido oídos", y de dos vídeos que fuero distribuidos por todo el mundo a través de Internet, que recogen lo sucedido esa noche en Guacimeta, y "que ni siquiera se han visualizado".

Tanto De la Hoz como Rojas han recibido en fechas recientes la resolución de la Delegación del Gobierno en Canarias a las segundas alegaciones presentadas. En ambos casos, se les contesta con el mismo escrito, la misma respuesta, y es tan solo el nombre del sancionado lo que varía entre una y otra resolución. De la Hoz y Rojas explicaron que las primeras alegaciones las presentaron en marzo y abril, respectivamente. La negativa a esos primeros recursos fue emitida primero por la Subdalegación del Gobierno, y posteriormente por la Delegación. De inmediato, reivindicaron su inocencia nuevamente a través de unas segundas alegaciones, que han vuelto a recibir respuesta negativa, en este caso mediante escrito directo, fechado en este pasado mes de junio, de la propia Delegación del Gobierno en Canarias.

Los dos implicados aseguran sentirse como "cabezas de turco" y "chivos expiatorios", y creen que están "pagando el pato" por los hechos acaecidos en el Aeropuerto de Guacimeta.

"Presunción de veracidad"

Un aspecto muy criticado por De la Hoz y Rojas en su comparecencia ha sido la "presunción de veracidad" que la Delegación del Gobierno en Canarias expone en su última resolución. Plantean que es "surrealista" que se le dé más credibilidad a la palabra de un guardia civil, el instructor de los expedientes sancionadores, que a dos ciudadanos de a pie, calidad en la que ambos se encontraban apoyando a Haidar en el Aeródromo lanzaroteño. La palabra del agente en cuestión queda claramente en tela de juicio cuando incluso en un principio se llegó a implicar también a una tercera persona, en este caso un periodista que, inauditamente, ni siquiera se encontraba esa noche en la isla de Lanzarote. "El periodista Tomás López aportó los pasajes de avión y las facturas del alojamiento donde se encontraba esa noche, cubriendo una onformación en la isla de Gran Canaria y, afortunadamente, la Delegación del Gobierno le retiró la sanción, pero entonces nos preguntamos cómo puede tener más valor la palabra de este guardia civil que la nuestra", sostuvo De la Hoz.

Por su parte, Alberto Hugo Rojas destacó la violencia con que la Guardia Civil trató esa noche a él y al resto de reporteros y manifestó que echa de menos el apoyo al que varias asociaciones de la prensa se comprometieron. Quienes sí respaldaron una vez más la solidaridad mostrada por De la Hoz y Rojas con la causa saharaui fueron los miembros de la plataforma en apoyo a Aminatou Haidar, que presenciaron la comparecencia y certificaron la inocencia de ambos.