Un informe de oficio del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Arrecife exculpa de responsabilidad contable a Tovar, De Anta y Sande
Un informe jurídico emitido de oficio por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Arrecife al que ha tenido acceso este medio desmonta de manera categórica la existencia de responsabilidad contable en el expediente que afecta a la ex concejal y actual secretaria general del Partido Popular (PP) de Lanzarote, María Jesús Tovar, en relación a las diligencias previas del Tribunal de Cuentas en torno a las ayudas sociales otorgadas por el Consistorio en 2016. Ha sido, como se sabe, uno de los temas que más daño han hecho a la posibilidad de una reconciliación entre las partes enfrentadas dentro de las filas populares. De hecho, en el sector de la propia Tovar, que apoya a la actual presidenta de la formación, Astrid Pérez, han visto en todo momento la actuación del alcalde de la capital, Yonathan de León, como un intento de continuar adelante con hostilidades que nada tienen que ver con el buen funcionamiento y la buena armonía de una organización que está en su mejor momento electoral en la calle, tal y como muestran las encuestas que ha publicado este diario. Aunque el propio De León aseguró esta misma semana en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio que no tuvo mala intención al personarse en este asunto, lo cierto es que en el otro sector del partido no terminan de creérselo, sobre todo por lo que determina la parte técnica de la llamativa historia.
El dictamen, fechado el 2 de mayo de 2025 “sobre la viabilidad sobre las actuaciones previas 57/2024 seguidas ante la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas”, concluye que “no resulta viable, en términos jurídicos, sustentar la existencia de responsabilidad contable derivada de los hechos objeto de las actuaciones preliminares del Tribunal de Cuentas”.
De este modo, las conclusiones del informe no sólo exculpan a Tovar sino también a las otras dos ex concejalas implicadas, las socialistas Eva de Anta y Victoria Sande, al no constar la acreditación de “dolo ni negligencia grave por parte de los presuntos responsables” en su actuación, requisito indispensable para que exista responsabilidad contable, según la doctrina del propio Tribunal.
El informe técnico del Ayuntamiento recuerda que los fondos públicos señalados fueron destinados a “finalidades sociales, a través de ayudas individualizadas evaluadas por los servicios sociales municipales que consta en los expedientes administrativos de Bienestar Social, cumpliendo con la función pública asistencial del Ayuntamiento, sin que conste desviación o apropiación indebida alguna”, lo cual descarta la existencia de un perjuicio injustificado al erario público.
El documento señala igualmente que “no consta que el dinero fuese desviado de su finalidad pública ni aplicado a intereses privados o espurios, sino que fue invertido en finalidades legítimas de carácter asistencial, propias de la acción social municipal, lo cual excluye la existencia de un perjuicio injustificado al erario”.
Aunque admite deficiencias en el control o impulso administrativo, recalca que “las disfunciones administrativas o de control interno deben ser analizadas desde la perspectiva organizativa o disciplinaria, pero no desde la responsabilidad contable”.
Además, el informe subraya que no se aprecia “intención consciente y deliberada de causar daño”, ni tampoco una “omisión clamorosa e injustificada de los deberes de gestión”. De lo que se desprende que el daño económico, si existiera, no deriva de una mala fe o dejación dolosa, sino de un contexto de gestión limitado y carente de herramientas técnicas adecuadas en el momento.
El informe cobra especial relevancia por tanto al poner en entredicho la actuación del alcalde de Arrecife, que decidió personarse en la causa abierta en el Tribunal de Cuentas sin haber solicitado previamente este análisis jurídico, que hubiese podido servir como base sólida para pedir el archivo del procedimiento. Analistas jurídicos consultados por este medio señalan que tal omisión resulta especialmente llamativa, considerando que el propio Tribunal de Cuentas abría la puerta a la posibilidad de no continuar con el proceso si no se apreciaban elementos de responsabilidad.
Para diferentes cargos dentro del PP, como es lógico teniendo en cuenta la tensión que se ha vivido por este asunto, que ha provocado incluso la intervención de la dirección regional de la formación, la actuación del alcalde dejaría entrever una voluntad más interesada en el desgaste político que en la defensa real del interés público o de los propios trabajadores y responsables del Consistorio. Además, el informe no fue solicitado por el alcalde sino que se preparó de oficio por la técnico jurista responsable antes de salir de vacaciones en previsión de que durante su ausencia el Tribunal de Cuentas pudiese pedir el traslado de cualquier otra actuación. El documento señala también que no se había designado ningún otro letrado, interno ni externo, con conocimiento del expediente, por lo que formula el informe "en aras de la responsabilidad institucional”.