En esta operación se investigan delitos como cohecho, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.
Estos son los cargos que se atribuyen a los detenidos, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aunque a alguno de los detenidos también se los acusa de extorsión y asociación ilícita.
Hasta el martes habían declarado cinco de los 11 detenidos ante los agentes de la Guardia Civil. El jefe de la oficina técnica municipal, Rafael Arrocha, se acogió a su derecho a no declarar. Durante su detención ha sufrido una subida de tensión y ha tenido que ser medicado.
Los detenidos están incomunicados aunque algunos tienen derecho a que les asista su abogado particular, mientras que a otros los ha tenido que atender un abogado de oficio.
Los dos arquitectos a los que en un principio dio ACN Press por detenidos, tan sólo están siendo investigados en el marco de esta operación que continúa abierta, precisó este miércoles la agencia.