La Guardia Civil investiga una trama que se dedicaba presuntamente al cobro de comisiones a empresarios. La adjudicación del Plan General también está siendo investigada

Fotos: Dory Hernández

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participan desde primera hora de este lunes en una operación judicial en el Ayuntamiento de Arrecife se han desplazado hasta la prisión de Tahíche, donde se encuentra cumpliendo condena el ex político lanzaroteño y fundador del PIL, Dimas Martín, para trasladarlo hasta su domilicio particular de la localidad de Guatiza, en el municipio de Teguise, al parecer para la realización de un registro, según ha sabido ACN Press.

Además, la UCO también ha registrado este mediodía el domicilio de Elena Martín, hija del fundador del PIL, en Costa Teguise. Por otra parte, entre los detenidos también se encontraría, según ha podido saber esta agencia, Matías Curbelo, considerado en círculos políticos como mano derecha de Dimas Martín.

La operación policial se ha realizado siguiendo instrucciones del magistrado del Juzgado de primera instancia e instrucción 5 de Arrecife, saldándose con la detención de 10 personas, entre las que se encuentran los concejales del Ayuntamiento de la capital conejera Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, ambos del PIL, así como dos funcionarios, el ex presidente del Cabildo insular, Segundo Rodríguez y varios empresarios en el marco de una operación en la que han participado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

A los detenidos se les imputan varios delitos contra la Administración Pública, tales como cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.

Según la Guardia Civil, la investigación ha permitido desarticular una trama organizada dedicada al cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresarios cuyos intereses económicos dependen de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización, como son el pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la concesión de licencias.

Detención ‘In Fraganti'

La red, que viene siendo investigada por la Guardia Civil desde hace más de un año, se ha desarticulado a raíz del cobro de una de estas comisiones por uno de los intermediarios de la organización, el cual ha sido detenido 'in fraganti', interviniéndose cerca de 100.000 euros en efectivo, explica el instituto armado.

La Guardia Civil también investiga, agrega la nota, una supuesta manipulación de la adjudicación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife. La investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta, por lo que no se descartan futuras detenciones e imputaciones.

Ubaldo Becerra es primer teniente de alcalde y concejal del Plan General, mientras que José Miguel Rodríguez es edil delegado de Hacienda y Urbanismo. Igualmente, han sido detenidos la jefa de Contratación del Ayuntamiento, Elena Martín, hija del fundador del PIL, Dimas Martín, así como el jefe de la oficina del Catastro, Rafael Arrocha.

En un principio todo hacía pensar que se trataba de las primeras detenciones relacionadas con una supuesta trama de corrupción vinculada a la Oficina Técnica del Ayuntamiento, aunque posteriormente se ha ido complicando el asunto, sobre todo por las detenciones que, según la Agencia de ACN Press, se producen en calidad de imputados y no de testigos de varios miembros de la actual Corporación, y no de la época en la que María Isabel Déniz era alcaldesa de Arrecife. Las verdaderas causas que han llevado a las detenciones y precinto, sin embargo, siguen sin conocerse.

Según ha relatado en declaraciones a este periódico una testigo presencial del revuelo que se ha vivido en el Ayuntamiento y sus inmediaciones, los agentes de la Guardia Civil procedieron nada más entrar en el edificio a quitar los teléfonos móviles a concejales y funcionarios de la Corporación, para después reunir en un círculo a todas las personas que se hallaban en el interior del inmueble con el fin de distinguir entre trabajadores, políticos y ciudadanos que estaban realizando trámites.

La operación se está desarrollando por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, desplazados desde Madrid.