El Grupo Nacionalista solicita formalmente al Consejo de Administración de los Centros Turísticos que adopte acuerdos para el cobro de la deuda de Customer Travel SL e inste el concurso de acreedores si fuera preciso
El representante del Grupo Nacionalista (CC-PNC-SB) en el Consejo de Administración de la EPEL-CACT, Samuel Martín, ha presentado este jueves un escrito requiriendo la incorporación en el orden del día de la próxima reunión de dicho órgano de dos propuestas dirigidas a investigar y aclarar la situación de la empresa Customer Travel SL que tiene una deuda de casi 600.000 euros con los Centros de Arte Cultura y Turismo.
Según apunta Martín en nota de prensa, “tras pedir certificación en el Registro Mercan-til, la citada empresa se encuentra disuelta en período de liquidación, por lo que vamos a proponer al Consejo de Administración de la EPEL, dirigirnos al juzgado de la mercantil nº1 de Las Palmas para que se nos facilite el expediente íntegro que obra en el procedimiento ordinario nº 000156/2014 que concluyó con la disolución de esta sociedad”. Queremos saber si fue el autodeclarado “mero asesor de Customer” que negoció los planes de pago incumplidos- es decir, el actual consejero delegado de los CACT y pareja de su administradora – quién asesoró a Customer y sobre todo en qué términos lo habría hecho.
Asimismo, el Grupo Nacionalista, a través de su representante en el citado Órgano, propondrá que se investigue si se dan las condiciones para que la EPEL-CACT inste el concurso necesario de acreedores de la empresa Customer Travel SL y, en su caso, se emprendan las ac-ciones de responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar contra los administradores de la empresa, hoy liquidadores solidarios de la misma.
“Hasta donde sabemos, una empresa con deudas puede disolverse pero no liquidarse sin más. Desconocemos cuales han sido las causas alegadas y por las que el juez sentenció la disolución de la misma, pero en cualquier caso, si tiene deudas, éstas han de ser atendidas bien vendiendo activos, o en su caso instando el concurso de acreedores”, apunta Martín, quien añade que “ resulta sorprendente que solo dos meses después de el juez sentenciase a favor de los CACT la solicitud de ejecución de sentencia por las deudas, ordenando se investigaran sus bienes, los administradores lograsen en otro juzgado la disolución de la sociedad de la que no informaron a nadie”.
Por todo ello, el representante nacionalista afirma que el consejero delegado de la entidad, Juan Félix Eugenio, está en la obligación de investigar la situación de la sociedad deudora, instar el concurso ne-cesario de acreedores si se dieran las condiciones para ello y, en su caso, emprender acciones de responsabilidad civil de los administra-dores.
“Si no lo hace el consejero delegado, en mi calidad de miembro del Consejo de Administración de la EPEL-CACT, me reservo el derecho a ser yo quien emprenda tanto las referidas acciones, como aquellas a que hubiera lugar contra el propio consejero por incumplimiento de sus obligaciones”, ha dicho.
La certificación solicitada por los nacionalistas al Registro Mercantil, recoge la disolución de la Sociedad, la revocación de los administra-dores y de la conversión de los mismos en liquidadores solidarios pe-ro, además, acredita que no consta que la referida mercantil haya depositado las cuentas anuales desde 2011 hasta la actualidad, in-cumpliendo así con sus obligaciones fiscales y registrales.