Fotos: Dory Hernández
El grupo de gobierno del Cabildo insular de Lanzarote ha “malgastado” 2.161.000 euros (unos 360 millones de las antiguas pesetas) en un año de legislatura. Así lo denunció este jueves el portavoz del Partido Nacionalista de Lanzarote-Nueva Canarias (PNL-NC), Juan Carlos Becerra, quien criticó que las 33 resoluciones de la Presidencia para contratar personal de confianza y estudios “inútiles” han costado 1.296.828,40 euros (casi 216 millones de pesetas), a los que hay que sumar la devolución de las subvenciones del Gobierno canario no invertidas hasta ahora, junto con sus intereses, lo que supone un total de 865.000 euros (144 millones de pesetas).
Becerra, que puntualizó que los datos obtenidos “no parten de apreciaciones subjetivas sino de datos objetivos de Presidencia”, recordó que con sus resoluciones, la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, ha contratado a personal eventual y de confianza, sin ninguna relación con las tareas de funcionario sino para puestos de libre designación. “¿Es que no hay nadie entre los 1.300 funcionarios con que cuenta el Cabildo para realizar los servicios contratados? Eso es lo que debe entender el grupo de gobierno”, cuestionó.
Junto a estas contrataciones, el portavoz del PNL-NC denunció la contratación de diversos estudios “inútiles” encargados y autorizados desde Presidencia. “Se han hecho consultorías para sanidad y educación, asesoramiento para el Plan Lanzarote Sostenible, se han hecho estudios para analizar los servicios que el Cabildo prestaba a los ciudadanos en materia de Servicios Sociales, ha habido asesoramiento laboral, también social y de participación ciudadana, se ha contratado incluso una consultoría para coordinar a la oficina técnica del PIOT [Plan Insular de Ordenación del Territorio] con el propio redactor del nuevo PIOT, ha habido estudios sobre ordenación territorial, e incluso se ha hecho un estudio sobre los medios de comunicación que parece que va a volver a repetirse para medir las audiencias de esos medios”, esbozó.
Según Becerra, estos estudios no han tenido ninguna repercusión sobre la ciudadanía de la Isla y su contratación carecía, por tanto, de todo sentido.
Subvenciones devueltas, inversiones sin ejecutar
Por otro lado, el consejero del PNL-NC se refirió a las subvenciones que en la presente legislatura ha recibido el Cabildo de Lanzarote de parte del Gobierno de Canarias pero que, por unas u otras razones, se han dejado de ejecutar. “Durante el período de gracia de los tres primeros meses el grupo de gobierno ha dejado de invertir 156.000 euros (unos 26 millones de pesetas) del Gobierno regional”, sostuvo Becerra. “Pero es que desde octubre de 2007 hasta el 30 de octubre de 2008, el grupo de gobierno ha tenido que devolverle al Gobierno de Canarias 709.000 euros (unos 118 millones de pesetas) en concepto de subvenciones no invertidas”, agregó. En total, y teniendo en cuenta los intereses que dichas operaciones suponen, según el portavoz del PNL-NC, el Cabildo ha dejado de invertir un total de 864.999 euros” (144 millones de pesetas).
El análisis crítico del PNL-NC no tiene en cuenta las gratificaciones concedidas por la Presidencia a ciertos trabajadores. “Algunas sí son merecidas pero otras no, como la que ya denunciamos ante el Pleno y en la que se otorgaron 9.900 euros a una misma persona, a la que se encargó la revisión de cocina y baños públicos de los Centros Turísticos”, una cantidad por la que, según Becerra, “cualquier ciudadano no sólo habría inspeccionado esa cocina y esos baños públicos, sino que también los habría limpiado”.
Piden la Ley Concursal en Inalsa
Por otro lado, en la rueda de prensa del PNL, Becerra exigió a la consejera delegada de la empresa Insular de Aguas S.A., Inalsa, Plácida Guerra, y a la presidenta del Cabildo y del Consejo de Administración de Inalsa, Manuela Armas, una “intervención judicial de la empresa pública con aplicación de la Ley Concursal”.
Según el consejero del PNL-NC, ésta es la única vía para salvar a Inalsa de la “quiebra técnica”, una solución que ya fue recomendada en anteriores informes de auditoría. “Desde 2004 a 2006, que son los últimos datos disponibles, los auditores, que han hablado de ausencia de control en almacenes, excesivas pérdidas en red y desfase en el cobro de las facturas, le han advertido al Consorcio Insular de Aguas de la progresiva pérdida de capital y patrimonio en la empresa.
Por ello, según el artículo 163 de la antigua Ley de Sociedades Anónimas, Inalsa está obligada desde hace tiempo a reducir su capital social, pues en cada ejercicio no recupera el patrimonio desgastado”.
La petición del PNL-NC, que supondría la suspensión temporal de pagos a trabajadores y proveedores pero planificaría la financiación de Inalsa y garantizaría a largo plazo su subsistencia y la del suministro del agua, se basa en la previa disolución del Consejo de Administración y en el nombramiento, por parte de un juez, de un administrador concursal.
Según Becerra, la solicitud del PNL-NC se produce después de que el Registro Mercantil de Lanzarote haya devuelto a los propietarios de Inalsa las cuentas de 2007 por defectos formales y por carecer del preceptivo informe externo de Auditoría.
A juicio del consejero, “tanto la presidenta del Cabildo como la consejera delegada de Inalsa -que han estado intercambiando cartas para excluir toda posible responsabilidad en el tema- conocen ese informe de auditoría perfectamente, pero no lo presentan por temor a que se aplique la Ley de Sociedades Anónimas, que tras ser modificada sí que contempla que no sólo la empresa debe responder, sino también todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración”. Para el portavoz del Partido Nacionalista de Lanzarote, los componentes del grupo de gobierno “sólo quieren evitar su responsabilidad patrimonial por las cuentas tan graves de ese informe”.
Sin embargo, cabe recordar que en el último párrafo de la última carta remitida por Plácida Guerra a Manuela Armas, la consejera delgada dice a la presidenta que “en orden a cumplir como primera medida con lo legalmente dispuesto, he solicitado a nuestros auditores que procedan urgentemente a remitirnos un informe que nos indique, dada la situación patrimonial de la empresa, si estamos en la obligación de convocar Junta General para solucionar el problema por alguna de las vías exigidas en la Ley de Sociedades Anónimas como en la Ley Concursal”.
Pésimas cifras
Becerra recordó que la deuda actual de Inalsa, cuyo principal activo es el derecho de uso sobre las instalaciones e infraestructuras propiedad del Consorcio Insular de Aguas, asciende a más de 24,5 millones de euros, “contando con que el laudo arbitral contra la UTE Edad Janubio quede zanjado con esos 2,5 millones de euros, aunque de éstos no se ha hecho por el momento provisión alguna”.
Así, y a pesar de que la deuda de Inalsa ha pasado durante el último año de 17 a 22 millones de eiuros, Becerra criticó la defensa del Plan de Modernización y Viabilidad de Inalsa defendido por el Consejo de Administración, el grupo de gobierno, rechazado por tantos colectivos, y cuyas cuentas y previsiones de ingresos “no son las mismas que las registradas en el Registro Mercantil de Lanzarote, sin contemplar, además, ni una sola medida por el ahorro, tal y como han venido advirtiendo los distintos auditores”, apostilló.
