Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote y los siete ayuntamientos hacen un nuevo frente común para paralizar la autorización a las prospecciones petrolíferas
La voluntad de todas las instituciones públicas de luchar con todos los instrumentos de derecho que ofrece el estado democrático para evitar que se lleven a cabo las prospecciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura, ha sido el objeto de la reunión celebrada este lunes por la mañana, en la sede del Cabildo de Lanzarote, entre el presidente del Ejecutivo Regional, Paulino Rivero, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y los siete alcaldes de la Isla.
"Nuestro modelo de desarrollo económico está en juego", subrayó el presidente autonómico al término de la reunión. Según informa el Cabildo, Rivero además detalló que en Lanzarote y en Fuerteventura el sector turístico supone el 51% del PIB. De los 5.000 puestos de trabajo de los que habla el Estado que creará Repsol en Canarias, Rivero matizó que "sólo en Lanzarote del turismo viven 36.000 personas, el 54% de los puestos de trabajo en Lanzarote y el 53% en Fuerteventura".
"No es sostenible con el modelo por el que hemos apostado en Canarias y emplearemos todas las herramientas posibles, desde los Cabildos y el Gobierno de Canarias para paralizar las autorizaciones", ha dicho Rivero.
Así, el presidente recordó la reciente presentación del Incidente de Ejecución de Sentencia de 2004 ante el Supremo, presentada por el Cabildo de Lanzarote, y anunció que en los próximos días el Gobierno de Canarias presentará también ante el mismo Tribunal un contencioso administrativo pidiendo la paralización del recurso.
Recortes del Estado
Al respecto, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, informó que el área de Hacienda está elaborando un informe sobre las partidas que podrían sufrir una caída brutal de las inversiones y paralización como consecuencia de los recortes presupuestarios del Ejecutivo central, como lo que se prevé que ocurra con el "Plan de Infraestructuras, el Plan de Carreteras o el Plan Hidrológico".
El presidente del Gobierno regional también apuntó en este sentido que "son unos presupuestos malos que ponen en alto riesgo el mantenimiento de los servicios públicos, que perjudicarán a la actividad económica de Canarias y a la inversión y -por tanto- contribuirán a que haya más paro".