Un ganadero denuncia la presunta comisión de un delito de falsedad documental en las ayudas del Delta en Lanzarote

Han pasado ya casi siete años pero los efectos devastadores que dejó a su paso aún siguen siendo una realidad. La tormenta tropical Delta, que asoló la isla de Lanzarote en noviembre de 2005, continúa dando que hablar. En esta ocasión, un ganadero de la Isla, vecino de Máguez, en el término municipal de Haría, Eustaquio Reyes, ha denunciado este viernes en Crónicas Radio la presunta comisión de un delito de falsedad documental en las ayudas concedidas por el Gobierno de Canarias para solventar los daños del Delta en Lanzarote.

En su relato en el tiempo de tertulia tras el informativo Última Hora, Reyes ha explicado que era el propietario de una instalación de una quesería hecha en bloque que sufrió muchos daños con el paso del Delta. Al cabo de varios meses un técnico acudió a comprobar los daños registrados no solo en esta finca, sino también en las colindantes. Al poco tiempo, Reyes recibió una ayuda en forma de subvención pero por la mitad de la cantidad solicitada y, además, con el concepto de muros de piedra, y no por las instalaciones de bloque de las que se habló con el técnico.

Comienza aquí todo un proceso en el que el demandante, aun con esas ayudas y ese informe, del que se queja en reiteradas ocasiones, comenzó sus obras para levantar ese muro de piedra. Continuaron los problemas y en esta ocasión fueron las autoridades locales de Haría las que le paralizaron las obras ante lo que consideraban una nueva construcción que requería, pues, de nueva licencia.

Con la paralización de las obras, Reyes tuvo que devolver la primera parte de la subvención que había recibido, la mitad de unos 4.128 euros. "Tuve incluso que pagar intereses", explica. Curiosamente y de forma contradictoria, "luego resulta que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) que se había pagado íntegramente esa subvención", denuncia Reyes.

Ante esta situación y para poder recibir la segunda parte de la subvención, era necesario que se personara en Máguez, hasta la finca de Eustaquio Reyes, un técnico del Cabildo para comprobar que la obra se realizó y para emitir el pertinente informe de que esas obras se realizaron. "Si ese informe se hizo y se entregó para que se publicara, se hizo falsificando un informe de un técnico, es decir, un documento público, y esto todavía se ha seguido tapando desde el año 2005", denuncia Reyes.

Este ganadero de la Isla se ha dirigido sin éxito en reiteradas ocasiones a Ricardo González González, jefe de Servicios de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural, para solicitar que se paralizara el expediente de reintegro “hasta que se resuelva la irregularidad en la resolución”, dictada en virtud de la orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ejecutivo regional, de fecha 29 de diciembre de 2005, que fue remitida a la citada Dirección General con fecha 30 de abril de 2009.

En su escrito, la vecina afectada expone que en dicha resolución no se da respuesta a las reiteradas peticiones efectuadas por ella, de comprobación sobre el terreno de la irregularidad y presunta desviación de la ayuda que le había correspondido, y que al parecer le fue concedida a otra explotación, en el mismo núcleo de Máguez. Según explica el marido de Juana, Eustaquio Reyes, el Cabildo cuantificó en unos 4.900 euros las compensaciones sufridas en la finca por la tormenta Delta, pero hasta ahora sólo han reicibido unos 1.200 euros. Además, la subvención remitida por el Gobierno canario ordena que en lugar de hormigón, una pared destruida y parte de la sala de ordeño sean reconstruidas con piedra seca.

Pérdidas para los afectados

La consecuencia directa de no tener la instalación completada de la sala de ordeño, en la finca y la quesería, es que no puede legalizarse la infraestructura, con lo que Reyes no puede vender leche ni queso de forma legal. Esa era la obra que Reyes debía haber ejecutado con la subvención que supuestamente el Gobierno de Canarias le iba a entregar.

Este vecino de Máguez ha mantenido varias reuniones con el actual consejero de Agricultura y Ganadería del Cabildo lanzaroteño, Francisco Fabelo, en quien confía para solucionar este viejo problema. A su juicio, "el que tiene que venir es un técnico que acuda y compruebe exactamente en el sitio en qué se invirtió el dinero. ¿Por qué figura que se entregó un dinero de una subvención para unas obras que no están hechas?", cuestiona.

La denuncia de Reyes se entronca además con otra que interpuso su propia esposa, Juana Padrón Niz, tras el paso de la tormenta tropical Delta. Esta vecina denunció en su día que las ayudas recibidas por los daños de este fenómeno fueron desviadas a otra explotación. La denunciante acudió a la vía judicial para exigir responsabilidades penales después de que pidiera en reiteradas ocasiones que se inspeccionara la irregularidad en el expediente y el desvío de la ayuda a una obra "privada" que al parecer ni siquiera se había ejecutado.

Posibles salidas

Este vecino no entiende que el Gobierno canario tardara dos años en contestar y que lo hiciera basándose en términos que en ningún caso recogieron los inspectores del Cabildo que estuvieron valorando y cuantificando las pérdidas por el Delta, entre ellas, las de diversos animales.

Según Eustaquio Reyes, parte de la subvención que le correspondía a la finca que comparte con Juana Luzardo Niz ha sido desviada a otro fin, otra obra privada en el núcleo urbano de Máguez, para lo que se destinaron unos 4.800 euros. Lo curioso es que, al parecer, ni siquiera se ha ejecutado dicha obra, y cada vez que Eustaquio se interesa por la misma, la respuesta que recibe es la misma: "usted sólo debe interesarse por lo suyo y no por lo demás".

Del mismo modo, Reyes explica que las características de la explotación no se ajustan en absoluto a las de la ayuda recibida, y sí a las inicialmente establecidas para la explotación de su propiedad. Aunque asevera que su finca es la única de esas características que ha recibido esta ayuda por los desastres del Delta, critica que desde la Dirección General de Desarrollo Rural se nieguen “a comprobar la reiterada denuncia que les viene haciendo llegar, en la que claramente se comprueba en la realidad del terreno y no en unos papeles que pueden ser manipulables las irregularidades denunciadas”.

Asimismo, Luzardo Niz reclama a dicha Dirección General que realice la inspección pertinente a fin de comprobar la presunta irregularidad manifestada en la mencionada resolución. Además, no descarta emplear la vía judicial, pues pide que le sea devuelto el expediente completo (resoluciones y reclamaciones efectuadas) a fin de proceder judicialmente si no se clarifica desde la Dirección este asunto, en el que esta vecina no descarta exigir también responsabilidades penales si las hubiera.