La directora general de Instituciones Penitenciarias anuncia que tratará la iniciativa con la Sociedad Estatal Siep y el Cabildo

Gallizo propone una tercera fase de ampliación de Tahíche para acercar presos lanzaroteños

Más de cien residentes en la Isla cumplen condena en Canarias y la Península. A pesar de tratarse de un centro preventivo, cerca de 360 internos, “el doble de los internos que hay hoy”, han sido trasladados fuera de Lanzarote

FOTOS: DORY HERNÁNDEZ.

- Gallizo apuesta por prevenir teniendo en cuenta que en 2008 las instalaciones del centro cubrirán dignamente las necesidades de convivencia de los actuales presos y que, además, la población reclusa aumentó en territorio español un 40 por ciento en los últimos seis años

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, hizo este lunes un alto en sus vacaciones en Lanzarote para visitar, dos años después, las actuales obras de ampliación del centro penitenciario de Tahíche.

Acompañada del director insular, Marcial Martín, y del gerente del centro, Joaquín Herrera Fraigiel, Gallizo anunció ante los medios que hoy mismo propondría a la empresa Siep, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, una tercera fase de remodelación que aporte unas condiciones más dignas de convivencia entre los presos de Tahíche y, sobre todo, que facilite el acercamiento de presos lanzaroteños que cumplen condena fuera de la Isla, algo que, según la representante estatal podría comenzar al término de la segunda fase de las obras, en 2008.

Gallizo iniciará de inmediato las gestiones para materializar esta iniciativa del tercer pabellón, y esperó receptividad por parte del Cabildo insular de Lanzarote.

“Aunque tenemos espacios nuevos donde situar la sección abierta, he valorado que el espacio residencial que va a quedar después de las dos fases de remodelación se adecua a las necesidades que tenemos en estos momentos, pero tenemos que hacer una previsión de necesidades futuras”, explicó Gallizo.

“A mí me gustaría que pudiera cumplir su condena en su isla todas las personas que tienen aquí su domicilio y que hoy están en centros distintos del de Lanzarote”, subrayó. Se pretende, pues, “que la pena de privación de libertad no lleve aparejada una condena añadida para las familias de quienes están en un centro penitenciario de fuera de su tierra”, añadió.

Tras reunirse con la Dirección Técnica de la obra, Gallizo habló de alguna complejidad a la que se enfrenta la constructora Comsa por las características del suelo de la Isla, como el hallazgo de bloques de piedra soterrados de grandes dimensiones que, sin embargo, no dilatarán lo más mínimo el buen ritmo de los trabajos.

Acercamiento de presos lanzaroteños

La cárcel de Tahíche es una prisión preventiva, por lo que las personas con una condena firme necesariamente deben cumplir su pena en otros centros fuera de Lanzarote. Con las nuevas instalaciones se pretende solventar esta situación. La lejanía es en muchos casos uno de los principales obstáculos en el camino hacia la reinserción de los internos, cuyos familiares y amigos no siempre pueden asumir los gastos de desplazamiento para visitarles.

Actualmente cumplen condena en Tahíche cerca de 180 personas. Los nuevos módulos tendrán capacidad para 350 internos, el triple de lo actual. Muchos de los internos no pueden ser trasladados por estar pendientes de juicio, ya que Tahíche es un centro para preventivos. Mientras tanto, más de 100 presos lanzaroteño cumplen condena fuera de la Isla, en las cárceles de otras islas del Archipiélago o de la Península, con las consiguientes desventajas y gastos por desplazamientos para los familiares de estos residentes.

“No podemos hacer demasiados traslados porque los presos preventivos, pendientes de juicio, no pueden trasladarse. Sin embargo, así y todo, hemos ido trasladando aproximadamente en los últimos tiempos al doble de los internos que hoy están en Tahíche”, reveló Gallizo.

Proyecto y reinserción

Tras reconocer el hacinamiento a que están sometidos los internos en Lanzarote, fruto entre otras cosas del incremento en un 40 por ciento de la población reclusa en España en los seis últimos años, Gallizo recordó que la primera fase del proyecto, que estará finalizada en junio de 2007, aportará 74 celdas nuevas junto a distintos módulos y talleres. Cuando comience la segunda fase de las obras, que remodelarán totalmente la estructura básica de Tahíche, los internos tendrán que trasladarse y estrenar la primera fase.

“Junto a las celdas y espacios residenciales más dignos, también se habilitarán espacios para que se desarrollen actividades importantes como parte del tratamiento que deben seguir los internos privados de libertad, un espacio sociocultural, deportivo, un taller productivo”, precisó Gallizo.

“Aunque la cárcel esté instalada en una isla no demasiado grande, queremos que tenga las mismas condiciones que las que están instaladas en la Península o en cualquier provincia por importante que sea. Las condiciones de los internos no pueden variar por el hecho de que viva en un sitio o en otro”, agregó.

Los trabajos de construcción comenzaron el pasado15 de junio y concluirán al cabo de dos años. Sin embargo, los internos podrán beneficiarse de las nuevas instalaciones mucho antes. Según explicó Gallizo, una vez concluido el traslado de estos, por su parte, en la segunda fase se acometerá el derrumbamiento del 70% de las actuales infraestructuras y el consiguiente levantamiento de las definitivas.

Será entonces cuando se proceda a derruir la mayor parte de las antiguas instalaciones, de las que sólo se aprovechará un 30% para la construcción definitiva. El resultado final será la unión de ambos espacios en un solo centro penitenciario con capacidad para 350 internos, el triple de lo que ahora puede albergar, con casi 10.000 metros cuadrados de edificios nuevos y 821,33 metros cuadrados de edificios reformados.

Al finalizar las obras, que costarán 21.338.197,14 euros, el centro contará con cuatro módulos residenciales, un módulo de aislamiento, un departamento de ingresos, un módulo de enfermería, un módulo para mujeres, cuatro patios de recreo y deportivos, un área deportiva de usos múltiples, un salón cultural multiusos, cuatro talleres ocupacionales (uno por módulo), una biblioteca, un centro educativo y un Centro de Inserción Social (CIS) para 50 internos de tercer grado. No cabe duda de que con estas nuevas instalaciones, y teniendo a los seres queridos cerca, la rehabilitación y posterior reinserción social de los presos será mucho más fácil y efectiva.

Hacinamiento

El director insular de la Administración General del Estado, Marcial Martín, reconoció que el centro fue construido para dar cabida a 70 presos, aunque ha habido momentos en los que ha tenido que acoger hasta 185 internos. Ahora mismo hay 176 personas en régimen preventivo, tal y como confirmó el director de la cárcel, Joaquín Herrera.

La directora general de Instituciones Penitenciarias, que recordó que el presupuesto del proyecto completo supera los 21 millones de euros, aseguró que habrá fases en que las nuevas celdas, bastante mejor preparadas que las primeras que datan de los años setenta, tendrán que ser compartidas por dos presos. “Lo ideal y lo que pretendemos con este proyecto es que al final cada celda tenga una ocupación individual”, afirmó.

Delincuencia

A pesar del incremento en un 40 por ciento de la población reclusa en España en los seis últimos años, Gallizo dejó claro que la inmigración irregular no es un factor que esté contribuyendo demasiado a dicho hacinamiento en los centros canarios. “El tráfico de drogas y su consumo son una de las principales causas de ingreso en prisión, seguido de los robos con fuerza y otro tipo de delitos, pero el tráfico ilegal de personas humanas no constituye un elemento relevante”, aseveró la representante estatal.

Gallizo anunció igualmente que en Gran Canaria, donde se están encontrando varios problemas por la escasez de suelo, el Estado ampliará las infraestructuras penitenciarias aunque sea por la “vía de la expropiación”, y dejó claro que el Plan de Centros ideado por el Estado, con el que se pretende terminar con ese hacinamiento y que entre el 60 y el 70 por ciento de los condenados puedan cumplir condena en centros nuevos, dejará algunas actuaciones en Fuerteventura.