La Fundación pide la demolición parcial o total del hotel Papagayo Arena mientras continúa sin derribar la Casa de las Cúpulas
La Fundación César Manrique ha solicitado a la Plaza Número 5 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria que promueva el incidente de ejecución de sentencia para que se ordene el derribo total o parcial del hotel Papagayo Arena. Lo hace para tratar de que se cumpla lo que ellos interpretan que ha pasado en los tribunales de justicia con este establecimiento, sobre el que tienen especial interés, sin que ellos por su parte hayan dado ejemplo derribando la famosa y polémica Casa de las Cúpulas, sobre la que sí existe una sentencia firme que ordena su derribo y la reposición de la colada volcánica en la que fue construida. En 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló el permiso de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno autonómico al entender que se disfrazó la construcción de un taller de 450 metros cuadrados como la adecuación de una vivienda levantada en suelo rústico. El fallo, que no se ha cumplido 19 años después, ordenaba retrotraer al inicio las actuaciones y volver al momento de solicitud inicial de la autorización para construir en suelo rústico, dejando claro que había que derribar lo que se había construído de forma irregular.
Ahora, en un escrito firmado por el letrado José Luis Pérez Calvo el pasado 13 de julio y al que ha tenido acceso este diario, la Fundación reclama en primer lugar y como sostén de su pretensión, que costaría millones de euros a las arcas del Ayuntamiento de Yaiza si se llevara a cabo en la totalidad de lo que verdaderamente se desea, que se elabore un auto en el que se declare que la sentencia de 14 de septiembre de 2011, dictada en el procedimiento ordinario número 157/2006, por la que se declaró la nulidad de los tres decretos del alcalde-presidente del Consistorio sureño de entonces por el que se daba legalidad a la situación de las parcelas en las que se levantó la edificación, no ha sido ejecutada.
En segundo lugar, pide que se declare la imposibilidad legal de legalización de la edificación levantada al amparo de los actos anulados por dicha sentencia y en consecuencia que su ejecución exige la demolición total de la edificación o subsidiariamente parcial en cuanto resulte técnicamente necesaria para restablecer la realidad física alterada, reponer el vial público peatonal y liberar los retranqueos exigibles conforme al Plan Parcial Las Coloradas.
En un tercer punto de su largo escrito reclama que se responsabilice de la realización de las actuaciones al alcalde de Yaiza, Óscar Noda, quien actuará si les hacen caso como agente o delegado ejecutor del tribunal, con obligación de dación de cuenta inmediata de cuantas resoluciones dicte.
En un cuarto punto el letrado de la Fundación demanda que se fije como plazo máximo quince días para que el actual alcalde disponga la contratación, a costa de la entidad mercantil propietaria del establecimiento, de servicios profesionales precisos para la redacción del proyecto y dirección de las obras de demolición, y el de dos meses desde dicha contratación para la presentación del proyecto, con calendario vinculante de los trámites subsiguientes.
Como quinto punto, creen necesario que el tribunal disponga como medios y procedimiento que, a la vista del presupuesto de ejecución material de las obras, se proceda a su contratación mediante la correspondiente licitación pública, previa liquidación provisional y cobro de su importe a la entidad propietaria, a reserva de la liquidación definitiva que corresponda, con aplicación, en su caso, de la ejecución subsidiaria con cargo a la Administración condenada prevista en el artículo 108.1.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
La Fundación y su letrado consideran importante, como reflejan en un sexto punto, que se aperciba al alcalde de Yaiza de que el incumplimiento de lo acordado dará lugar a la imposición de las multas coercitivas del artículo 112.a) de la LJCA, susceptibles de reiterarse hasta la completa ejecución del fallo, y a la deducción del testimonio de 9 particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder, conforme al artículo 112.b) del mismo texto legal.
Explicaciones de estos años
Como ya ha venido publicando este diario, la batalla judicial en la que se ha embarcado la Fundación César Manrique y el Partido Socialista (PSOE) con este establecimiento del pueblo de Playa Blanca no es nueva. La historia viene prácticamente desde su origen, tras los pleitos interpuestos contra otra veintena de hoteles que finalmente no se han derribado, y se enlaza perfectamente con la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que le da la razón a la empresa Club Lanzarote en otro asunto que está directamente relacionado con el nuevo empeño del derribo de este hotel, el tema de los deslindes selectivos de 20 metros que se pretendieron aplicar a algunos establecimientos construidos hace décadas en el sur de la Isla, obviando que algo así no se puede hacer porque se generaría un terrible agravio comparativo, cuestión que evidentemente no ampara ni el derecho ni los tribunales de justicia.
Es importante para centrar la historia recordar, antes de hablar de derribos totales o parciales del antiguo Papagayo Arena, hoy en día perteneciente al grupo Sandos, que en julio de 2014, posteriormente por tanto a la sentencia de 2011 que la Fundación reclama ahora que se ejecute, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, autorizó el desvío de la servidumbre de acceso al mar ocupada por el establecimiento, y ordenó que esa solución se incorporara al Plan General Supletorio de 2014 que estaba en tramitación, cosa que nunca se hizo.
Las obras de esos nuevos accesos han sido autorizadas por la Dirección General de Costas de la Comunidad Autónoma y por el Ayuntamiento de Yaiza, y posibilitan, tal y como se ha acordado también en los tribunales de justicia, la legalización del hotel, puesto que el mismo cumple todos los parámetros urbanísticos de edificabilidad, altura, retranqueo y ocupación.
Como ha quedado acreditado con el paso de los años, incluso con aquel anuncio fantasma que hizo el PSOE local dirigido entonces por Carlos Espino de que el Gobierno central iba a derribar el hotel pagando una inventada indemnización de la época de varias decenas de millones de euros, indemnización a los propietarios teniendo en cuenta que poseen licencias legales del Ayuntamiento de Yaiza y los permisos del Cabildo de Lanzarote por estar construido el edificio en suelo urbano, urbanizable y de calificación turística, se está intentando la demolición de un hotel cuya legalización es inminente y que da empleo directo a más de 400 personas. Circunstancia tremendamente curiosa si se compara con lo que pasó en el anterior mandato de la Comunidad Autónoma con el socialista Ángel Víctor Torres, que en otro agravio comparativo, ya que su partido sigue la misma línea que la Fundación, salió a defender los puestos de trabajo de los dos hoteles que hay en Corralejo, en Fuerteventura, nada menos que establecimientos que están dentro de unas dunas que son oficialmente paraje natural protegido.
Como ya quedó claro cuando fue la ministra socialista de Medio Ambiente Elena Espinosa la que dijo en marzo de 2009 que derribar el hotel Papagayo Arena era una acción similar a derribar un hotel del centro de Madrid, frase que utilizó para tumbar las pretensiones de sus compañeros de partido en Lanzarote y de la propia Fundación, la demolición total generaría una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Yaiza de muchos millones de euros, una cantidad que en estos momentos sería difícil calcular. Y eso lo pide una Fundación que construyó una casa en una colada volcánica, suelo especialmente protegido, y que a día de hoy no ha cumplido con la sentencia dictada que ordena la demolición por no poder ser legalizada. En el colmo de los despropósitos, fue la propia Fundación la que llegó a decir, cuando fue firme la sentencia en su contra, que cedía esa instalación al Cabildo para que la utilizaran con fines culturales, todo con tal de que no se derribara. A día de hoy, sigue estando en Tahíche totalmente abandonada y sin que nadie haya ejecutado su derribo.
El actual Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza y los propietarios del hotel, así como el Gobierno del Cabildo de Lanzarote, han entendido en todo momento por dónde camina este asunto, y están trabajando, siempre al dictado de los tribunales de justicia, en legalizar lo que sea legalizable y en tumbar lo que se ordene que se tumbe.