- Coalición Canaria-PNC teme que la presidenta "denigre aun más al Cabildo de Lanzarote pretendiendo que sea la Institución que preside quien, a la vista de dicho informe, libere al consejero tránsfuga que la blinda en su gobierno, tras llevar más de un año y medio cobrando dinero público de forma fraudulenta"
Coalición Canaria-PNC en el Cabildo de Lanzarote ha podido confirmar que –a pesar de que la Presidencia ha sostenido que la situación laboral y el pago de las retribuciones del consejero Juan Manuel Sosa Rodríguez no revestían ninguna irregularidad, añadiendo en respuesta oficial que no era responsabilidad de la corporación que preside aclarar quién le paga y por qué– el Área de Recursos Humanos de la Institución solicitó “aclaración a Función Publica acerca de cuál es la administración que debía pagar a Juan Manuel Sosa, si el Gobierno de Canarias o el Cabildo de Lanzarote”.
En respuesta a dicha solicitud, la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, ha respondido con un informe al que CC-PNC ha tenido acceso, y en virtud del cual, “se ponen de relieve hechos de extrema gravedad que revelan el contubernio gubernamental y el gran engaño de la presidenta al pleno de la corporación y a toda la ciudadanía, denigrando a la institución y al propio ejercicio de la política hasta límites aberrantes".
En concreto, el citado informe considera que “la administración competente para proceder al abono de las retribuciones de la persona interesada como consejero insular con delegación especial de Sanidad y Planificación Sanitaria, ha de ser el Cabildo Insular de Lanzarote desde el 30 de diciembre de 2019”, y “por tanto, no el Gobierno de Canarias como ha venido ocurriendo desde entonces por razones que desconocemos, incluso si sigue cobrando mas de un año y medio después de renunciar a la portavocía y perder ese derecho”.
En definitiva, el consejero tránsfuga Juan Manuel Sosa ha percibido más de cien mil (100.000) euros de dinero público de forma indebida desde el 30 de diciembre de 2019, fecha en que se transfugó al Gobierno donde la presidenta lo nombró consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote.
Coalición Canaria asegura que "teme que la presidenta denigre aun más al Cabildo de Lanzarote, pretendiendo que sea la institución que preside quien, a la vista de dicho informe, libere ahora al consejero que la blinda en su gobierno, a sabiendas de que se trata de un consejero tránsfuga que debería estar en el Grupo de Consejeros No Adscritos y, por tanto, sin derecho a liberación alguna y que ha venido defraudando a la sanidad pública canaria más de 100.000 euros en cobros indebidos desde diciembre de 2019".
En cualquier caso, y sin perjuicio de la actuación de la presidenta del Cabildo, el informe de Función Pública no explica los motivos por los que el ejecutivo autonómico ha venido pagando al consejero tránsfuga desde diciembre de 2019 –suponemos que hasta hoy–, si tal y como se especifica en el mismo correspondería hacerlo en todo caso al Cabildo de Lanzarote desde entonces.
Tampoco aclara si se ha iniciado el expediente de reintegro de los más de cien mil euros abonados y por tanto cobrados indebidamente por el consejero Sosa, de quién a estas horas desconocemos igualmente si cumplió con su obligación de informar al Servicio Canario de Salud.
Desde la formación nacionalista, "debido a la gravedad de los hechos", alegan, "exigimos a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, y el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que aclaren las numerosas dudas que deja en el aire el referido informe de la Dirección General de Función Pública:
1. ¿Qué explicación tiene la presidenta del Cabildo después de haber sostenido durante meses que todo era correcto, y que no había ninguna irregularidad en el cobro de la nómina del tránsfuga que incorporó a su gobierno para que la blindara?
2. ¿Comunicó a Sanidad el consejero y funcionario afectado la pérdida de su condición de portavoz, del mismo modo en que comunicó su nombramiento cuando en junio de 2019 ejercitó su derecho a seguir cobrando del Servicio Canario de Salud? (Porque de no ser así estaríamos ante una clarísima malversación de fondos públicos).
3. ¿Por qué ha permitido la Consejería de Sanidad del gobierno de Ángel Víctor Torres, que el consejero haya seguido en situación de servicios especiales a partir de diciembre de 2019, si desde entonces perdió ese derecho? ¿Por qué y al amparo de que disposición legal ha seguido pagando el Servicio Canario de Salud la nómina de Juan Manuel Sosa, a partir de diciembre del 2019?
4. ¿Ha iniciado la Consejería de Sanidad el pertinente expediente de reintegro por cobros indebidos del funcionario Juan Manuel Sosa Rodríguez, desde diciembre de 2019?
5. ¿Sigue a día de hoy Juan Manuel Sosa cobrando de Sanidad Pública?
6. ¿Guardan los hechos alguna relación con la dimisión de la directora general de Función Pública que suscribe el informe?
En cualquier caso, desde Coalición Canaria-PNC estaremos atentos a los acontecimientos y nos reservaremos cuantas acciones estén en nuestra mano para que se depuren responsabilidades".
