La Fiscalía de Arrecife recurre la sentencia absolutoria del caso Villa Dolores
La Fiscalía de Arrecife ha decidido recurrir la reciente sentencia del caso Villa Dolores, en la que, aunque se reconocía que se había producido una clara irregularidad administrativa y se percibían indicios de prevaricación, sin embargo se dejaba sin efecto la petición de cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación como cargo público para el ex alcalde norteño y actual portavoz de Asamblea Conejera (AC), Juan Ramírez Montero, y exoneraba de responsabilidad a los otros dos implicados, el empresario Rafael Pedro Perdomo y la entonces secretaria del Ayuntamiento, María Teresa Caba.
Tras el fallo de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la Fiscalía tenía un plazo de cinco días para presentar un recurso de casación, extremo que confirmaron este martes a Crónicas fuentes oficiales.
La Fiscalía de Arrecife no concibe que, habiendo declarado como probados los delitos de falsedad de documento público y de prevaricación, la Audiencia Provincial no aplique sin embargo la infracción que la ley prevé en estos supuestos.
Así, según se alega en el escrito de la Fiscalía lanzaroteña, a Juan Ramírez debe aplicársele el artículo 390 del Código Penal -falsedad de documento público por un funcionario público- en tanto que al empresario Rafael Pedro Perdomo le corresponde el artículo 392 del código penal -también falsedad de documento público por un particular-.
Tras el escrito redactado desde Arrecife, con el que se anuncia a la Sala Segunda de la Audiencia Provincial que la Fiscalía recurrirá la sentencia, será la Fiscalía de Las Palmas la que analice el caso y los argumentos esgrimidos, mientras que la última palabra sobre el recurso de casación la tendrá el Ministerio Fiscal desde su sede en Madrid, emplazando al Tribunal Supremo en un plazo de unos 30.
Una vez contestada la propuesta, la Fiscalía de Las Palmas comunicará el resultado tanto a la de Arrecife como al Alto Tribunal.
El caso en sí
La “Villa Dolores” era la hacienda alquilada por el Ayuntamiento de Haría bajo mandato de Juan Ramírez para un supuesto uso formativo y de rehabilitación patrimonial.
La decisión judicial no se tomó no porque no se consideraran probados los hechos objeto de denuncia por parte de la Fiscalía, sino porque se habían encontrado “dificultades probatorias” por distanciamiento en el tiempo entre el momento en el que se produjeron los hechos y el análisis de sus pormenores por parte de la Administración de justicia.
En concreto, en los fundamentos de derecho los magistrados Pilar Parejo, Yolanda Alcázar y Nicolás Acosta dicen que “desde la perspectiva procesal se destacan las dificultades probatorias suscitadas en el enjuiciamiento de hechos muy distanciados en el tiempo respecto del momento del juicio”.
Sentencia y recurso
Durante el juicio celebrado en el Palacio de Justicia de Arrecife el Ministerio Fiscal ratificó su acusación por presunto delito de falsedad de documento público y prevaricación contra el ex alcalde nacionalista, para quien se solicitó una pena cuatro años de prisión, ocho de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa económica de doce euros al día durante un año.
La acusación particular, en este caso el propio Consistorio norteño, secundó la petición de la Fiscalía y denunció la “connivencia” existente entre Ramírez y el propietario de la villa, el empresario Rafael Pedro Perdomo, administrador único de la Sociedad Villalma 94-S.L.
Por su parte, la defensa del político lanzaroteño reclamó la “libre absolución” del acusado al entender que “no existió delito alguno” en el proceso de arrendamiento de la finca Villa Dolores, llevada a cabo en octubre de 1995 por el entonces primer edil y el gestor inmobiliario.